Un fondo judío estadounidense financia la formación de una élite de colonos para dirigir la seguridad de Israel

Una investigación del diario israelí Haaretz publicada el 1 de octubre de 2026 revela que el Tikvah Fund, una fundación judía con sede en Estados Unidos, ha canalizado millones de dólares hacia un programa de formación de líderes de derecha destinado a ocupar puestos clave en el aparato de defensa israelí, incluida la jefatura del Shin Bet.

El trabajo, firmado por Yarden Michaeli y Nettanel Slymovics, reconstruye el origen del dinero, la red de contactos del fondo y una visión que, según el resumen de la investigación, incluye “la expulsión de palestinos y la preparación para un conflicto regional permanente”.

El nombre que emerge con más fuerza de esa red es el de David Zini, actual director del Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel. Zini asumió el cargo el 5 de octubre de 2025, en sustitución de Ronen Bar, y proviene del sionismo religioso, una corriente que combina la ortodoxia judía con un fuerte ultranacionalismo y, con frecuencia, con una visión mesiánica.

Su nombramiento, anunciado por el primer ministro Benjamin Netanyahu en mayo de 2025 en desafío a un fallo de la Corte Suprema, ya había generado una fuerte controversia. El propio Netanyahu lo había considerado antes “demasiado mesiánico” cuando su esposa, Sara, lo propuso como secretario militar, según informó entonces Haaretz.

El programa que moldea a la élite securitaria

El Tikvah Fund, creado en 1998, dejó de ser un simple financiador de think tanks para convertirse en un actor central en la formación de cuadros. Tras respaldar la reforma judicial impulsada por el gobierno israelí, el fondo puso en marcha el Programa Churchill de Seguridad Nacional, una iniciativa que entrena a líderes de derecha para ocupar puestos de responsabilidad en el ámbito de la defensa.

Entre los participantes y alumni del programa se encuentran figuras que han sido recibidas por el propio Netanyahu, según las imágenes que acompañan la investigación. El mecanismo es claro: el dinero estadounidense ya no se dirige únicamente a financiar asentamientos físicos, sino a moldear a quienes dirigirán las instituciones de seguridad del Estado.

La investigación de Haaretz traza una continuidad con un trabajo anterior del mismo diario, publicado en 2015, que concluyó que donantes estadounidenses canalizaron más de 220 millones de dólares a comunidades judías de Cisjordania entre 2009 y 2013 a través de organizaciones sin fines de lucro con exención de impuestos. El objetivo ahora es distinto: no se trata de construir casas, sino de colocar a la élite mesiánica de los colonos al mando de la seguridad del país.

Los números de la ocupación

La realidad sobre el terreno respalda el contexto en el que opera esta red. A mediados de 2026 se contabilizaron 592 colonias y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. De ellos, 192 son asentamientos oficiales y 400 son puestos de avanzada, de los cuales 231 son pastorales. A finales de julio de 2026, vivían aproximadamente 780.000 colonos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este. De ellos, alrededor de 333.600 residen en Jerusalén Este y 446.400 en el resto de Cisjordania.

Israel ejerce control sobre aproximadamente el 42% de la superficie total de Cisjordania. Este control alcanza el 71% de la Zona C y el 91% del valle del Jordán, según los datos recopilados por organizaciones palestinas que monitorizan la expansión de los asentamientos.

La expansión ha alcanzado niveles récord. Solo en 2025, las autoridades israelíes aprobaron el establecimiento de 54 nuevos asentamientos y la construcción de 27.941 unidades habitacionales, además de 86 nuevos puestos de avanzada, un promedio de uno a dos por semana. Los colonos se apropiaron de 30.000 hectáreas de terrenos palestinos solo en 2025. Las nuevas órdenes de confiscación de tierras en 2026 se han extendido incluso a la Zona A, bajo control civil y de seguridad palestino, para conectar asentamientos entre sí.

La violencia como herramienta de desplazamiento

La violencia de los colonos no es un fenómeno aislado, sino un instrumento sistemático de desplazamiento. En 2025, se registraron 845 ataques violentos de colonos contra palestinos, con un saldo de cuatro muertos y alrededor de 200 heridos, lo que representa un aumento del 25% con respecto a 2024.

El informe del Secretario General de la ONU sobre la implementación de la resolución 2334 documenta que la violencia alcanzó su nivel más alto en años, con un promedio de cinco incidentes diarios durante 2025. Octubre de 2025 fue el mes más violento desde que la ONU comenzó a documentar estos incidentes en 2006, con más de 260 ataques que causaron víctimas o daños a la propiedad, un promedio de ocho incidentes por día.

Durante la cosecha de olivos —fuente clave de ingresos para los palestinos de Cisjordania— se registraron al menos 515 ataques en 177 aldeas, con el resultado de muertes, heridas, desplazamientos y destrucción de propiedades agrícolas. Los colonos actúan con frecuencia acompañados o respaldados por fuerzas de seguridad israelíes que utilizan gases lacrimógenos y munición real contra los palestinos.

El impacto humanitario es medible: según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), cerca de 1.700 palestinos fueron desplazados por ataques de colonos y restricciones de acceso en menos de tres meses de 2026, una cifra que “ya superó el total de todo 2025”.

Un marco legal que no admite ambigüedad

La posición del derecho internacional es inequívoca, ya que el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe estrictamente que la potencia ocupante transfiera parte de su propia población civil al territorio ocupado. La norma establece textualmente que “la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en la que declaró que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y que Israel tiene la obligación de “poner fin a su presencia ilegal lo antes posible”, “cesar inmediatamente toda nueva actividad de asentamiento” y “evacuar a todos los colonos” del territorio ocupado. La Corte añadió que todos los Estados están obligados a no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel y a no prestar ayuda o asistencia para mantenerla.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado en múltiples resoluciones el carácter ilegal de los asentamientos y ha recordado que el traslado por la potencia ocupante de parte de su propia población civil al territorio que ocupa constituye un incumplimiento grave del Cuarto Convenio de Ginebra y del derecho internacional consuetudinario. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU mantiene además una base de datos de 214 empresas de 11 países que contribuyen a la construcción de asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados.

De la financiación de casas a la captura del aparato de seguridad

El movimiento de colonos tiene raíces profundas. A finales de la década de 1960, colonos israelíes, muchos con motivaciones religiosas y nacionalistas, comenzaron a establecerse en los territorios recién ocupados tras la Guerra de los Seis Días de junio de 1967.

La llegada al poder del partido Likud en 1977 marcó un punto de inflexión: el gobierno comenzó a proporcionar un apoyo financiero, operativo y legal significativo para expandir y mantener los asentamientos, considerándolos parte del “Gran Israel” y de importancia estratégica.