Alejo Umpiérrez elogió a Mekorot, la cuestionada empresa israelí que comercia con agua en Latinoamérica

El intendente de Rocha (Partido Nacional), Alejo Umpiérrez, integró recientemente una comitiva de políticos de derecha que viajó a Israel para conocer de primera mano las políticas del gobierno sionista, entre ellas, las prácticas hídricas del país.

Antes de su regreso, el legislador no solo elogió las innovaciones tecnológicas israelíes en la materia, sino que lanzó duras críticas hacia la gestión actual del agua en Uruguay y hacia las organizaciones ambientalistas.

En declaraciones realizadas tras la visita, Umpiérrez detalló los ejes de la reunión que mantuvieron con directivos de la empresa estatal israelí de agua, Mekorot. “El reciclado de aguas cloacales para toda la agricultura, la desalinización de agua del Mediterráneo que representa más del 20 % del consumo, líneas de tuberías de centenares de kilómetros que abastecen la agricultura y hasta la provisión del 15 % del agua que se consume en la franja de Gaza hoy”, enumeró el nacionalista, destacando la magnitud de las soluciones implementadas en la región.

Sin embargo, el punto central de sus alabanzas a Israel fue la comparación con la realidad uruguaya y el análisis técnico que los expertos israelíes realizaron sobre los proyectos planteados en el país. Según Umpiérrez, los técnicos de Mekorot “estudiaron la realidad uruguaya y dijeron que era una locura hacer segunda planta en la misma cuenca del Santa Lucía (Casupá)”.

En esa línea, afirmó que los israelíes “avalaban Arazatí sin polders utilizando agua de Aguas Corrientes para bajar los 4 días de salinidad anuales”, y que “negaron la necesidad de desalinizadoras” como solución prioritaria. En cambio, plantearon una medida más estructural: “bajar las pérdidas del 50 % de OSE en 20 puntos porcentuales”.

El legislador no ocultó su malestar por el rumbo que tomó la política hídrica en Uruguay. “Lástima que todo ese proyecto quedó de lado sin fundamento real alguno”, sentenció, en clara alusión al archivo de la iniciativa de Arazatí.

REUNIÓN CON LA EMPRESA ESTATAL DE AGUA ISRAELITA MEKOROT: el reciclado de aguas cloacales para toda la agricultura, la de salinización de agua del Mediterráneo que representa más del 20 % del consumo, líneas de tuberías de centenares de kilómetros que abastecen la agricultura y… pic.twitter.com/fw5oT7ehyX

— Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) August 2, 2026

Umpiérrez contra los ambientalistas

Pero sus críticas no se detuvieron ahí. Umpiérrez cuestionó duramente a los grupos ambientalistas que se opusieron a aquel proyecto y que, a su juicio, hoy permanecen inactivos frente a la situación actual. “Uno se pregunta además dónde están las mismas organizaciones ambientalistas que atacaron Arazatí y ahora permanecen mudas ante el desastre ecológico de Casupá”, disparó.

Y concluyó con una acusación directa: “Demostrando que su rol está lejos de ser técnico y es simplemente el silencio que da aval político a un proyecto”.

Las declaraciones del intendente rochense se producen en un contexto de creciente debate sobre la seguridad hídrica en Uruguay, luego de la crisis de agua potable que afectó a la región metropolitana y que puso en el centro del escenario las decisiones de inversión en infraestructura y la gestión de los recursos naturales.

Mekorot: un viejo conocido de los problemas del agua en Latinoamérica

A pesar de que Mekorot suena como un ejemplo a seguir para Umpiérrez, esta empresa estatal israelí tiene un largo historial de controversias y críticas en Latinoamérica. La compañía fue fundada en 1937 y es responsable de gran parte de la planificación y gestión hídrica dentro de Israel, incluida la infraestructura de agua en Cisjordania desde 1967.

Ese rol es el que explica buena parte del rechazo que despierta su desembarco en la región: un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de 2021 la señaló como actor central en la redistribución discriminatoria del agua en los territorios palestinos ocupados, y organizaciones de derechos humanos como B’Tselem la acusan de usar el recurso como herramienta de control sobre la población palestina.

En Uruguay, la empresa firmó en marzo de 2022 un acuerdo con OSE para brindar consultoría en gestión hídrica, vinculado en particular al diseño del entonces llamado Proyecto Neptuno, la iniciativa para captar agua del Río de la Plata que finalmente fue dejada sin efecto. El convenio uruguayo se inscribió en un patrón que se repitió con distintas variantes en la región: contratos de asesoría técnica firmados sin licitación pública previa y con escasa difusión de sus términos.

En Argentina se registró el caso con mayor cantidad de acuerdos firmados: desde 2022, gobiernos de al menos doce provincias suscribieron convenios con la empresa israelí, lo que motivó el rechazo de comunidades originarias y organizaciones de derechos humanos, que apuntaron tanto a la falta de consulta previa a las poblaciones locales como a la confidencialidad de los contratos.

En 2016, en un antecedente anterior a esa ola de acuerdos, las compañías públicas de agua de Bahía, en Brasil, habían dado por terminado un convenio con Mekorot firmado en 2013.

En México, el convenio se remonta a 2013, cuando la empresa firmó un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para asesorar en saneamiento, calidad de agua y remediación de acuíferos. Organizaciones sociales mexicanas denunciaron en su momento falta de participación ciudadana y opacidad en el proceso.

En Colombia, desde 2022 la compañía mantiene convenios de consultoría con corporaciones autónomas regionales, entre ellas las de Cundinamarca y La Guajira, cuestionados por la ausencia de consulta comunitaria previa.

En Chile, el Gobierno Regional del Biobío firmó en 2023 un convenio para diseñar un plan regional de gestión de recursos hídricos. Distintas organizaciones no gubernamentales chilenas presentaron denuncias ante la Contraloría por falta de transparencia y ausencia de licitación pública en ese proceso.

El caso de República Dominicana tuvo, hasta ahora, el único desenlace institucional concreto de la región. El gobierno dominicano firmó en 2023 un convenio para diseñar un plan maestro de gestión hídrica nacional, que fue objetado por organizaciones locales debido a la falta de licitación pública y a las cláusulas de confidencialidad que incluía. En 2024, la Dirección General de Contrataciones Públicas de ese país anuló el contrato.