Bordaberry presentará proyecto de ley para liberar represores de Domingo Arena

La iniciativa del senador Pedro Bordaberry para otorgar prisión domiciliaria a militares condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años reavivó la discusión sobre el tratamiento penitenciario de los represores alojados en la Unidad N°8 “Domingo Arena”.

El legislador del Partido Colorado anticipó que incluirá el proyecto en la Rendición de Cuentas, y sostuvo que espera el respaldo de la oposición, al tiempo que cuestionó al Frente Amplio por lo que calificó como falta de decisión política para abordar la cuestión.

La propuesta se enmarca en un contexto donde aproximadamente la mitad de los imputados o condenados por crímenes durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) ya se encuentran bajo arresto domiciliario, según datos recogidos por organizaciones sociales. El penal que alberga a los represores fue creado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez con el fin de separarlos de la población carcelaria común, aunque en los últimos años ha sido objeto de señalamientos por las condiciones de reclusión que, según denuncias, resultan privilegiadas.

El debate no es nuevo. En 2021, un proyecto impulsado por Cabildo Abierto para extender la domiciliaria a mayores de 65 años hubiera alcanzado al menos a veinte represores, entre ellos Jorge “Pajarito” Silveira, Jorge “Charleta” Gundelzoph y Eduardo Ferro. En aquella ocasión, el PIT-CNT calificó los delitos imputados como torturas, abuso sexual, asesinato y apropiación de niños, y remarcó que el crimen de desaparición forzada “está sucediendo hoy”, en referencia a los desaparecidos que aún no han sido localizados.

¿Quiénes han pasado por Domingo Arena y por qué?

La Unidad N°8, conocida popularmente como “Domingo Arena” por la calle donde se ubica, alberga a militares y policías condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos se encuentran nombres que han aparecido en causas judiciales de los últimos años:

Ernesto Soca, José Arab, Jorge “Pajarito” Silveira y Ricardo Medina Blanco fueron condenados en abril de 2025 en la causa que investiga la detención y el traslado desde Buenos Aires de unas veinte personas, en su mayoría militantes del Partido por la Victoria del Pueblo.

En marzo de ese mismo año, Alberto Grignoli y Sergio Caubarrere fueron procesados por un delito continuado de abuso de autoridad contra detenidos, lesiones graves y privación de libertad.

En septiembre de 2024, Enrique Uyterhoeven recibió una condena por torturas en el centro clandestino La Tablada contra una decena de presos políticos. Walter Díaz Tito fue procesado con prisión en noviembre de 2024 por reiterados delitos de abuso de autoridad y privación de libertad, en la causa por la muerte de Gilberto Coghlan, asesinado en diciembre de 1973.

Eduardo Ferro fue condenado en junio de 2023 a 21 años de cárcel por la desaparición del militante comunista Oscar Tassino. José María Leté, exteniente mayor del Batallón de Infantería N°10 de Treinta y Tres, recibió una condena el 23 de diciembre de 2024 por su participación en abusos físicos y psicológicos contra 39 jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

Durante años también estuvo procesado en ese penal el exdictador Gregorio “Goyo” Álvarez, a raíz de la interpretación del Poder Ejecutivo que excluyó a los mandos militares del amparo de la Ley de Caducidad, lo que permitió investigar las denuncias en su contra junto al marino Juan Carlos Larcebeau por el caso de los traslados clandestinos de 1978.

Según un relevamiento de 2023, de 50 militares procesados o condenados por crímenes de la dictadura, 24 cumplían prisión en Domingo Arena o Coraceros, otros 24 estaban bajo prisión domiciliaria, uno esperaba sentencia en su casa y uno quedó libre tras cumplir la pena; 26 habían muerto en los últimos años.

Las condiciones de reclusión y el debate sobre los privilegios

Organizaciones sociales y de derechos humanos han señalado un trato diferencial para los represores. El abogado Pablo Chargoñia sostuvo que las condiciones de reclusión en Domingo Arena son “absolutamente diferentes” a las del resto de las personas privadas de libertad, calificando el lugar como algo “más parecido a un hogar de retiro que una cárcel”. En 2021, una marcha frente al penal denunció privilegios como televisión por cable pagada por el Ejército, aire acondicionado, wifi y servicios de salud, en contraste con las condiciones de las cárceles comunes.

El predio donde funciona la unidad carcelaria fue, durante el terrorismo de Estado, un centro de tortura, con víctimas como Hugo de los Santos Mendoza, Luis Eduardo “Chiqui” González e Iván Morales, un dato que agrega una capa adicional de simbolismo a las críticas por las condiciones actuales.

La postura de Bordaberry y el antecedente del Código del Proceso Penal

El senador Bordaberry fundamentó su propuesta argumentando que los militares mayores de 70 años no presentan riesgo de reincidencia debido a su edad y al tipo de delitos cometidos. “Ahora, esto es otro, lo que vamos a decir, es imposible que reinsidan por edad, por el tipo de delitos, por todo eso, es imposible, a eso no le damos el beneficio de la prisión domiciliaria. No, a eso es no”, afirmó el legislador.

En sus declaraciones, Bordaberry también vinculó el debate con la discusión ocurrida meses atrás en torno a la reforma del Código del Proceso Penal, donde denunció que el gobierno actual quiso liberar a 2500 presos. “Por suerte, la oposición lo paró, porque el 70% de los que salen de la cárcel reinsiden”, sostuvo, estableciendo una diferencia entre aquella situación y la actual propuesta.

El senador colorado fue contundente al dirigirse al Frente Amplio: “Y saben por qué, disculpe, voy a hablar en criollo, porque no tienen los huevos pasados. Esa es la verdad”. La frase, pronunciada en el ciclo de conferencias “La justicia en debate”, refleja la tensión política que atraviesa la discusión y anticipa un escenario de confrontación en el Parlamento cuando la iniciativa sea presentada formalmente.

¿Qué implica la prisión domiciliaria para represores?

El proyecto de Bordaberry apunta a otorgar el beneficio específicamente a los mayores de 70 años. Sin embargo, desde organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida podría sentar un precedente peligroso. El reclamo público de fines de 2025 ya había rechazado proyectos de ley en ese sentido, en momentos en que el presidente Yamandú Orsi se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para abordar la situación de los presos de Domingo Arena.

El argumento central de quienes se oponen es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las condiciones particulares de los represores no deberían ser consideradas atenuantes, dado que se trata de crímenes que afectaron a toda la sociedad uruguaya. La Ley de Caducidad, que durante décadas impidió el avance de las investigaciones, fue dejada de lado por la interpretación judicial que permitió procesar a los mandos militares, abriendo la puerta a las condenas que hoy se cumplen en Domingo Arena.

Perspectivas legislativas y escenario político

La propuesta de Bordaberry llega en un momento político complejo, con un gobierno del Frente Amplio que recibió el reclamo de organizaciones sociales y un sistema judicial que ya ha mostrado avances en las causas por violaciones a los derechos humanos. El legislador del Partido Colorado confía en el respaldo de la oposición, aunque la historia reciente muestra que iniciativas similares encontraron fuerte resistencia.

En 2021, Cabildo Abierto impulsó un proyecto semejante que no prosperó, y el PIT-CNT fue uno de los actores que lideró el rechazo, señalando que el crimen de desaparición forzada “está sucediendo hoy” porque aún no se conoce el paradero de todos los desaparecidos. La central sindical también remarcó que los delitos cometidos incluyen torturas, abuso sexual y apropiación de niños y bebés, lo que agrava la perspectiva ética del debate.