Orsi respaldó la idea de que militares acompañen a policías en patrullajes por Montevideo

El gobierno de Yamandú Orsi confirmó este lunes que doce vehículos blindados Mamba del Ejército Nacional comenzarán a circular en los barrios del Cerro y Marconi de Montevideo, bajo el mando operacional de la Policía Nacional.

La medida, acordada entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, fue anunciada por el ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes el jueves 18 de junio, aunque tomó estado público recién el lunes 22, tras ser publicada por el semanario Búsqueda.

“Son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”, precisó Negro en la versión taquigráfica de esa sesión.

La elección de los barrios del Cerro y Marconi no es casual. En las últimas semanas, ambas áreas fueron escenario de múltiples tiroteos y enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico. El lunes 25 de mayo se registró un triple homicidio en el Cerro, así como dos asesinatos a pocas cuadras de distancia en el barrio Marconi ese mismo día. Los blindados se incorporarán a los operativos Atenea —en el Cerro— y Dominio —en Marconi—, estrategias que combinan tareas de inteligencia, prevención de homicidios y controles territoriales.

Los Mamba: material de guerra en calles de Montevideo

Los vehículos Mamba son unidades blindadas donadas por Estados Unidos en julio de 2024, en el marco de un programa de cooperación. En total, 14 vehículos fueron recibidos y están valuados en unos 13,9 millones de dólares. Su nombre deriva del acrónimo en inglés Mine Resistant Ambush Protected: están diseñados para soportar emboscadas y explosiones de minas o artefactos improvisados. No son patrulleros adaptados: son material de guerra.

Entre sus características técnicas destacan un casco reforzado con forma de “V” que desvía la onda expansiva en caso de explosión, “asientos flotantes” en el interior diseñados para amortiguar el impacto vertical, capacidad para transportar hasta 11 militares y montajes para torreta en el techo para sistemas de armas de hasta 12,7 mm. Su motorización diésel alcanza una velocidad máxima de 105 km/h y una autonomía de hasta 805 kilómetros.

La donación fue realizada a través de la Iniciativa de Operaciones Globales de Mantenimiento de la Paz del Departamento de Estado de Estados Unidos. La entonces embajadora Heide Fulton declaró en el acto de entrega: “Estamos aquí para celebrar la entrega de 13 Vehículos Blindados de Transporte de Personal MAMBA Mark 7 al Ejército Nacional de Uruguay, con uno más a seguir en septiembre”.

La funcionaria explicó que los vehículos permitirían a Uruguay “proporcionar una Fuerza de Reacción Rápida de Compañía de Infantería Mecanizada a las Naciones Unidas para una futura misión de mantenimiento de paz”. Originalmente concebidos para misiones de paz internacionales, ahora serán utilizados en las calles de Montevideo.

El problema que nadie quiso nombrar: los límites legales

La pregunta que el gobierno no respondió con claridad es quién conduce esos vehículos. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que cada vehículo será tripulado por dos militares: conductor y acompañante. Ahí está el nudo jurídico.

Uruguay tiene una legislación muy precisa sobre cuándo los militares pueden cumplir funciones de seguridad interior. La Ley N° 19.677, aprobada por unanimidad en el Parlamento en octubre de 2018 y reglamentada en diciembre de 2019, habilita a las Fuerzas Armadas a patrullar, identificar personas, controlar vehículos y detener en caso de flagrante delito, pero exclusivamente en la franja fronteriza de 20 kilómetros, excluyendo los centros poblados.

También existe habilitación legal para el perímetro de los establecimientos carcelarios y para la Prefectura Naval en vías fluviales. Fuera de esos ámbitos, no hay norma que lo contemple.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, exsubsecretario del Ministerio del Interior, fue contundente en sus declaraciones al semanario Búsqueda: “La mera circunstancia de que un vehículo militar sea conducido por un funcionario militar ya requiere ley, porque eso ya implica intervenir en la gestión policial”.

Abdala admitió que, si los vehículos fueran traspasados al Ministerio del Interior y conducidos por policías, el problema desaparece. Pero ese no parece ser el caso.

El presidente Orsi reconoció la complejidad jurídica. “Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo. Pero lo vamos a resolver”, sostuvo el mandatario. “Hay algunas [infraestructuras] que sí o sí necesitan personal del Ejército y otras que, de repente, pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende cuál. Pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles”, agregó.

Y amplió el concepto: “La idea es utilizar infraestructura que a Interior le estaría faltando”. “El concepto es que recursos que el Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar”.

Lo que Larrañaga intentó en 2019 y no pudo

Este debate tiene un antecedente directo. En octubre de 2019, el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga impulsó el plebiscito “Vivir sin miedo”, que proponía, entre otras medidas, la creación de una Guardia Nacional compuesta por hasta 2.000 efectivos militares con capacitación para cumplir tareas policiales, dependientes del Ministerio de Defensa.

Larrañaga argumentaba que era necesaria una reforma constitucional precisamente porque la Constitución uruguaya no habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior en ámbitos urbanos. “El año pasado se aprobó una ley por la cual se encomendó a todas las Fuerzas Armadas funciones de policía en la zona fronteriza de 20 kilómetros”, señalaba en esa campaña, subrayando ese precedente como piso mínimo que había que extender.

El plebiscito fue rechazado con el 46,7% de los votos, sin llegar al 50% requerido. Ganó en 14 de los 19 departamentos del país, pero perdió en Montevideo con apenas el 38,9% de adhesión.

El actual presidente Orsi, entonces intendente de Canelones, calificó la reforma como “una mala idea”. Hoy, desde la Torre Ejecutiva, impulsa por convenio interministerial lo que Larrañaga no pudo aprobar por vía constitucional.

Consultado sobre las similitudes que pueden existir entre la propuesta actual y la que presentó en su momento Larrañaga, Orsi respondió: “Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro y exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, en otras no, pero lo mejor para el país es lo que yo voy a proponer”.

Las reacciones políticas: un arco que va del apoyo a la cautela

La iniciativa generó reacciones diversas en el espectro político. El senador colorado Andrés Ojeda dijo a la prensa: “Hace un tiempo que estamos reclamando policializar los barrios conflictivos, o al menos algunos de ellos. Hay que tomar el control del territorio y enfrentar al narco, esto es una guerra contra el narco. Veo con buenos ojos que el gobierno haya entendido lo que le venimos reclamando”.

El nacionalista Sebastián Da Silva indicó: “Le dije a Negro que todo lo que sea combatir a los malandros va a tener nuestro apoyo, que haya este tipo de vehículos me parece bien”.

Desde el Frente Amplio, la senadora Bettiana Díaz enfatizó que el Estado debe llegar a todos los barrios y que esto “no tiene nada que ver con conjuntar fuerzas, nada que ver con militarizar a la policía, sino que es un apoyo logístico”. La legisladora indicó que “los márgenes de acción estarán perfectamente definidos y que es una herramienta para salvaguardar la vida de los efectivos policiales y disponer de vehículos específicos para el tipo de fuerza que se debe usar en lugares más violentos, donde los patrulleros sufren daños severos de forma frecuente”.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, buscó bajar el tono de la polémica: “No son los militares en la calle”, sino “cooperación con vehículos”.