Orsi cancela su viaje al Mundial de Fútbol y prioriza la Rendición de Cuentas ante el Parlamento

El presidente de la República, Yamandú Orsi, envió al Parlamento una nota este lunes solicitando que quedara “sin efecto” la autorización de viaje a Estados Unidos que había pedido el pasado 4 de junio. El objetivo original era asistir al partido inaugural de la selección uruguaya en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La decisión se fundamenta en “razones de fuerza mayor”, según vertieron a la prensa fuentes parlamentarias. El mandatario había dicho el jueves anterior, durante la entrega del Pabellón Nacional al equipo de Marcelo Bielsa: “Sí, voy a ir”. Horas después, comenzó a girar.

El sábado, en diálogo con Pasión Deportiva (Carve Deportiva), Orsi ya adelantó que se había levantado “dándole vueltas” al tema. “El país tiene mil dolores de cabeza que tiene que resolver y hay dos leyes centrales”, explicó. Se refería a la Rendición de Cuentas y a la venidera Ley de Competitividad. “No sé si Bielsa me iba a poner”, agregó con humor. Y remató: “Me guardo para la final”.

Solo 24 horas antes, el viernes, había asegurado en La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes): “Voy a ir al primero. Ya está decidido y me vuelvo. (…) Después voy a la final. Le dije a los jugadores ‘miren que voy al primero y después voy a la final’” (risas).

Por qué importa el procedimiento constitucional

La Constitución uruguaya exige que el Parlamento autorice al presidente para ausentarse del país por más de 48 horas. Orsi había activado ese mecanismo el 4 de junio. Al enviar la nueva nota, el mandatario cancela formalmente el trámite. Fuentes legislativas confirmaron que la solicitud de “sin efecto” ya está en manos de la comisión respectiva.

Este tipo de revisiones de última hora no son frecuentes en la política uruguaya, donde los viajes presidenciales suelen planificarse con meses de anticipación. La rapidez del giro —de “sí voy” a “no voy” en menos de un fin de semana— sugiere una evaluación de costos políticos inmediatos.

El contexto de la polémica por la camioneta

La decisión de Orsi se produce mientras la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) analiza si la compra de su vehículo particular vulneró las normas aplicables a funcionarios. El origen del escándalo está en una declaración jurada donde consignó la adquisición de una Hyundai Santa Fe por US$ 54.000, cuando el precio de lista era de US$ 78.990. La diferencia de unos US$ 25.000 generó cuestionamientos de la oposición.

El martes 3 de junio, Orsi convocó a periodistas de cuatro medios (El País, El Observador, Búsqueda y La Diaria) y anunció que donaría la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “No cometí ninguna ilegalidad”, afirmó entonces. Y añadió que con la cesión buscaba “cerrar la controversia”.

Sin embargo, el diputado colorado Felipe Schipani ya había presentado un pedido de informes para conocer cómo se eligió el vehículo utilizado en la ceremonia de asunción (también un Hyundai, prestado por el representante local Fidocar). La JUTEP aún no emitió su dictamen.