300 detenidos en huelga de hambre en Newark para exigir el cierre de cárcel para inmigrantes

Al menos 300 inmigrantes recluidos en la cárcel Delaney Hall de Newark, Nueva Jersey, mantienen desde el viernes 22 de mayo una huelga de hambre y una huelga laboral. La protesta simultánea, una de las más masivas en la historia reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exige el fin de lo que califican como condiciones inhumanas y el cumplimiento del debido proceso, además de su liberación inmediata.

El centro de detención es operado por la empresa privada GEO Group, que recibe fondos públicos por cada plaza ocupada. La huelga laboral adquiere relevancia al conocerse el pago que reciben los reclusos por su trabajo. Según el testimonio de Gabriela Soto, esposa de uno de los detenidos y organizadora de las protestas externas, “les están pagando un dólar cincuenta por un día total de trabajo. Eso ya es abuso, económicamente, físicamente, emocionalmente”. En contraste, el salario mínimo en Nueva Jersey es de 15,13 dólares por hora.

Las tensiones escalaron el domingo, cuando el ICE decidió trasladar a uno de los organizadores de la huelga, Martín Soto. Manifestantes solidarios bloquearon la camioneta que lo transportaba a la salida de Delaney Hall. Como respuesta, “agentes del ICE enmascarados reaccionaron disparando gases lacrimógenos y empujando a la gente al suelo”, según el relato de los hechos documentado. Finalmente, Soto fue trasladado al Centro de Detención de Elizabeth, Nueva Jersey, y enfrenta cargos penales por presunta agresión a un oficial.

Gabriela Soto, quien está embarazada de cuatro meses y tiene dos hijos pequeños, relató con detalle el momento del traslado forzado: “Yo lo vi a mi esposo secuestrado, y ese es el término apropiado. Lo han secuestrado. […] Dos agentes lo han agarrado de sus pies y sus manos y lo tiraron en la camioneta. Yo fui testigo de eso”. Más tarde, al visitarlo en el centro de Elizabeth, observó “marcas en sus muñecas, rojas, moradas, negras en su brazo. Lo han esposado por sus pies”.

La crisis ha trascendido el activismo comunitario. El lunes, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, intentó ingresar a Delaney Hall para inspeccionar las instalaciones, pero se le negó la entrada. “Seguiré trabajando para poder entrar, pero al mismo tiempo creo que esto pone realmente de manifiesto por qué el Estado se ha opuesto con tanta fuerza a Roxbury”, declaró Sherrill, en referencia al plan del DHS de comprar un enorme depósito por más de 120 millones de dólares para un tercer centro de detención masiva en el condado de Sussex.

Los congresistas demócratas Rob Menéndez y Andy Kim sí lograron acceder parcialmente a las instalaciones tras una espera de dieciocho horas. Lo que encontraron, según describieron públicamente, incluye “baños sucios, guardias abusivos y negligencia médica”. Además, alertaron de que los detenidos “estaban siendo amenazados con ser deportados a países afectados por el ébola”.

Li Adorno, activista del Movimiento Cosecha y anteriormente indocumentado, aportó contexto sobre el historial del centro. “En este año que ha pasado hemos tenido la primera muerte adentro del centro de detención”, afirmó en referencia al fallecimiento de Jean Wilson Brutus, un haitiano de 41 años. Adorno detalló que Brutus murió tras menos de un día en la unidad, y que la ambulancia tuvo dificultades para ingresar. “Sacaron un cuerpo, lo metieron en la ambulancia y no explicaron nada, ni siquiera le dijeron a la familia”, agregó.

Las demandas de los huelguistas van más allá de mejores condiciones. Gabriela Soto es enfática: “No estamos pidiendo las demandas para mejores condiciones. Estamos pidiendo las demandas para la liberación de todos los detenidos y para que se cierre ese centro”. La activista sostiene que más del 95% de los recluidos no tienen antecedentes criminales, e incluye casos como el de una joven de 18 años arrestada días después de cumplir la mayoría de edad y ancianos de más de 70 años.

A pesar de los riesgos personales —que incluyen el arresto de la congresista LaMonica McIver y del alcalde de Newark, Ras Baraka (aunque contra este último se retiraron los cargos)—, Soto mantiene su determinación: “Yo tengo mucho miedo, pero solo porque tengo miedo no significa que voy a dejar de luchar”. La huelga de hambre y laboral de los 300 detenidos continúa mientras las manifestaciones de solidaridad se extienden por distintos condados de Nueva Jersey, en un pulso que enfrenta a la administración de ICE con legisladores estatales, activistas y familias separadas.

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Artículo elaborado con información de DemocracyNow!