Denuncian penalmente a Milei por Traición a la Patria tras el pacto con el Comando Sur

Denuncian penalmente a Milei por traición a la patria tras acuerdo con el Comando Sur

Lo que durante meses fue materia de análisis geopolítico y debate periodístico dio un giro judicial. La supuesta entrega del Atlántico Sur ahora es objeto de una causa penal en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga al presidente Javier Milei y dos de sus principales funcionarios.

La denuncia formal: abuso de autoridad y traición

El diputado nacional Juan Marino, respaldado por el reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti. Los cargos formulados incluyen abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y, de manera subsidiaria, traición a la patria.

El fundamento central de la acusación radica en que el Poder Ejecutivo habría ignorado por completo la intervención del Congreso de la Nación al momento de autorizar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos.

La presentación judicial fue asignada al Juzgado Federal 10 y lleva el número de expediente 3303/2026. Según el escrito, el Ejecutivo habría dictado de forma irregular el DNU 264/2026 con el propósito de habilitar el ingreso de equipamiento, tecnología y personal del Pentágono al territorio nacional.

El objetivo declarado fue la realización de los ejercicios «DAGA ATLÁNTICA» y las maniobras de patrullaje PASSEX en la Zona Económica Exclusiva. Sin embargo, la denuncia sostiene que dicho mecanismo funcionó como pantalla para transferir secretos militares y efectuar un mapeo de recursos estratégicos sin control del Poder Legislativo.

El atajo constitucional y los secretos de defensa

La Constitución Nacional es clara en este punto: el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la nación es una atribución exclusiva del Congreso, según lo establece el artículo 75, inciso 28.

Al recurrir a un DNU para autorizar el despliegue de la Cuarta Flota estadounidense en aguas argentinas, el Gobierno no habría incurrido en un simple error administrativo, sino en una maniobra deliberada para encubrir los detalles de los compromisos asumidos con Washington.

El texto de la denuncia penal detalla con precisión las implicancias de esta capitulación: «El adiestramiento de fuerzas especiales extranjeras bajo doctrina, estándares y certificación de la estructura militar estadounidense y de la OTAN en territorio nacional; la integración de oficiales argentinos a un Estado Mayor Multinacional bajo mando de la Cuarta Flota; y la habilitación de una arquitectura de vigilancia del Atlántico Sur con posible acceso extranjero a datos estratégicos son actos objetivamente idóneos para transferir parcelas de la soberanía militar argentina a una nación extranjera».

Este fragmento de la acusación judicial coincide punto por punto con lo que ya había denunciado Agenda Malvinas: las donaciones de sensores ISR (como el sistema WESCAM MX-10) y los aviones Textron B-360ER no estarían destinados a reforzar la soberanía nacional, sino a incorporar a la Armada Argentina como un «sensor remoto» subordinado al procesamiento de datos e inteligencia del Pentágono.

De los salarios de miseria al endeudamiento estratégico

La denuncia penal se produce en un contexto de desmantelamiento estructural y estrangulamiento presupuestario deliberado de las Fuerzas Armadas Argentinas. El dirigente Claudio Lozano, al adherir al pedido de juicio político, alertó sobre un «creciente proceso de ocupación» que se extiende desde el Atlántico Sur hasta la injerencia del Comando Sur en la arteria fluvial del Río Paraná.

Al unir las piezas del rompecabezas, emerge un esquema que revela la estrategia de indefensión nacional:

1. Asfixia y humillación: El Ejecutivo aplicó un recorte de 59.000 millones de pesos al presupuesto de las fuerzas y licuó el salario militar en un 80% frente a la inflación, forzando a oficiales y suboficiales altamente capacitados a trabajar como choferes de Uber o repartidores para sobrevivir.

2. Desmantelamiento institucional: Se impulsan reformas desde el Ministerio de la Desregulación dirigidas por Federico Sturzenegger orientadas a disolver y fusionar la Armada con la Prefectura, reduciendo la capacidad de defensa militar estratégica a meras funciones de comisaría marítima.

3. Endeudamiento multidimensional: Mientras no hay combustible para patrullar el mar ni fondos para pagar la luz de los cuarteles, el Gobierno compromete 400 millones de dólares con el contratista Raytheon para adquirir misiles AMRAAM condicionados y controlados por el software de Washington; el mismo armamento que Estados Unidos provee al ocupante británico en las Islas Malvinas.

La trampa jurídica que favorece a Gran Bretaña

Al incorporar el Mar Argentino a la doctrina de seguridad nacional estadounidense bajo el rótulo de «Protección de los Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons), el Gobierno habría otorgado a una potencia extranjera la supervisión operativa de las aguas nacionales.

La consecuencia jurídica y geopolítica de este acto resulta devastadora para el reclamo histórico por Malvinas. Si el Atlántico Sur pasa a ser considerado un «bien común global» administrado de forma conjunta por la Cuarta Flota y una Armada Argentina reducida a fuerza auxiliar, la base militar de la OTAN en Monte Agradable y el saqueo pesquero británico dejarían de ser una ocupación colonial ilegal para transformarse en un componente más de la «gestión compartida» del espacio marítimo.

La causa que ahora tramita en Comodoro Py no solo juzga la violación formal de una ley sobre ingreso de tropas; juzga la entrega planificada del mar, el cielo y el suelo argentino a la estrategia global de Washington, en un modelo de protectorado que hipoteca el futuro de la soberanía nacional.

El documento británico que busca desmentir la narrativa oficial internacional sobre Malvinas y la historia poco contada de la Corona Española

El Reino Unido ha sostenido históricamente que sus derechos sobre Malvinas se fundamentan en que los británicos fueron quienes las descubrieron—argumento que constituye una falsedad histórica, ya que la expedición de Magallanes las avistó más de 200 años antes—y, de manera especial, que sus derechos quedan ratificados mediante el asentamiento británico de 1764 a 1774 en Port Egmont.

Sin embargo, ese asentamiento nunca fue exclusivo: los franceses ya estaban establecidos en Port Louis, en otra zona de las islas, desde 1763.

Lo que la narrativa británica omite sistemáticamente es que abandonaron Port Egmont en 1774 tras un reclamo formal de la Corona Española, que exigió la devolución del territorio en virtud de que las islas se encontraban en aguas de la América hispana.

Tanto fue así que, después del retiro británico, Francia también entregó sus instalaciones a España en cumplimiento de los Pactos de Familia entre las casas reales de ambos reinos.

Lo relevante de este episodio es que el abandono voluntario británico, realizado a pedido de la Corona Española, está documentado y reconocido en «The Naval Gazetteer», publicado en Londres en 1795 y disponible en formato digital en internet: //archive.org/details/bim_eighteenth-century_the-naval-gazetteer-or-_malhan-john_1795_1/page/n2/mode/1up

«The Naval Gazetteer» es un atlas naval, un catálogo de los océanos, mares, islas y puertos del mundo conocido en aquella época. En la página 336 del documento original (página 393 del archivo PDF), bajo la entrada «Falklands Islands», esta publicación londinense de 1795 reconoce expresamente la entrega pacífica de las islas a la Corona Española en 1774, por las razones antes mencionadas.

Desde 1776, tanto el Virreinato del Río de la Plata como su sucesora, las Provincias Unidas del Río de la Plata—posteriormente denominadas República Argentina—mantuvieron población y gobernadores de forma permanente en Malvinas.

Sin embargo, en enero de 1833, aprovechando la debilidad de las Provincias Unidas—una nación que recién nacía—, el Reino Unido las tomó por la fuerza, expulsando al gobernador argentino, con el objetivo de asegurarse una base naval desde la cual controlar el paso entre ambos océanos, tanto por el Estrecho de Magallanes como por el Cabo de Hornos.

Es preciso recordar que, tras la batalla de Trafalgar en 1805 (contra la flota franco-española), la Royal Navy se consolidó como la mayor potencia naval del mundo hasta la Segunda Guerra Mundial; que el Canal de Panamá se inauguró recién en 1914; y que el Canal de Suez data de 1870.

Por esa razón, el Reino Unido carece de argumentos jurídicos con los cuales justificar el dominio que ejerce sobre el archipiélago, ya que la toma de 1833 no fue una «recuperación» sino, lisa y llanamente, una usurpación de lo que ellos mismos ya habían reconocido como dominio español—y que, por consiguiente, pasó a ser dominio argentino tras la independencia de España.

Como queda demostrado, tanto los británicos como los kelpers insisten en su narrativa, pero lo que ellos mismos escribieron no se puede borrar: son usurpadores.