Regulación de armas en Uruguay: importadores y coleccionistas cuestionan los nuevos proyectos de ley

La Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado recibió el miércoles pasado a actores clave del sector armamentístico: la Cámara de Importadores de Armas, coleccionistas, armeros y titulares de polígonos de tiro. El encuentro se da en el marco de dos iniciativas legislativas en discusión, una presentada por senadores del Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada y otra impulsada por el senador blanco Carlos Camy.

A estos proyectos se suma una tercera iniciativa, presentada recientemente por el diputado frenteamplista Alejandro Zavala en la Cámara de Diputados. El escenario regulatorio se completa con el Plan Nacional de Seguridad Pública, que busca abordar la proliferación de armas como un “facilitador transversal de la violencia”, y un decreto ministerial cuyo contenido aún no se conoce.

La preocupación de los importadores: “un desarme civil”

Los importadores manifestaron fuera del Palacio Legislativo su inquietud ante los cambios que se avecinan. En la comisión, su representante Juan Manuel Jiménez fue sumamente crítico al referirse al proyecto del Frente Amplio: consideró que “directamente habla de un desarme civil”.

El argumento central de los importadores se sostiene en una interpretación constitucional. Jiménez recordó que en Uruguay la “posesión de armas de fuego es un derecho de los habitantes de la República” consagrado en varios artículos de la Constitución. La diferencia con el proyecto de Camy es notable: los importadores se mostraron menos críticos con esta iniciativa, que permite hasta ocho armas registradas por persona —el proyecto del FA propone un límite de tres— y establece una vigencia del registro de cinco años frente a los tres años que plantea la oposición.

Jiménez también cuestionó la falta de uso de la información que el sector ya entrega al Estado. Según explicó, todos los locales comerciales están obligados a enviar datos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre sus operaciones, incluyendo la comercialización de municiones. Sin embargo, esos datos no están siendo analizados.

Coleccionistas: el tope de armas como eje del conflicto

Los coleccionistas, representados por la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones (Aucam), centraron sus críticas en el límite de armas que establece el proyecto del Frente Amplio. El secretario de Aucam, Julio César Lestido, planteó una pregunta que resume la incertidumbre del sector: “La gran primera pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué va a pasar con aquel que tiene más de tres armas? ¿Cómo se vuelcan al mercado?”.

Lestido consideró que el tope de ocho armas que propone el proyecto de Camy es “adecuado”. “Limitarlas a tres es muy poco, si hablamos de 600 mil armas registradas en manos de ciudadanos”, agregó. También se mostró partidario de que el permiso rija por cinco años y no por tres.

Las cifras que sostienen el debate

Uruguay tiene 617.327 armas registradas, según los datos del Ministerio del Interior incluidos en el Plan Nacional de Seguridad Pública. El país lidera en América del Sur en armas por cada 100 mil civiles, con una tasa de 34,7, muy superior a la de Venezuela (18,5), que ocupa el segundo lugar. Estas cifras no contemplan las armas que circulan en el mercado ilegal ni las registradas por fuerzas policiales y militares.

A nivel global, según el Small Arms Survey —el estudio de referencia con datos de 2017, sin actualización integral desde entonces—, Uruguay comparte el sexto lugar con Canadá en el ranking de países con más armas por cada 100 habitantes. Estados Unidos encabeza la lista con 120,5 armas por cada cien habitantes, más del doble que el segundo país.

Por su parte, Uruguay está en el lugar 14, con un promedio de 7,08 por cada 100.000 habitantes. 

El Plan Nacional de Seguridad y el decreto pendiente

El Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado semanas atrás, reconoce que la “trazabilidad de las municiones sigue siendo el eslabón más débil” en el control del mercado de armas. Para abordar esta debilidad, el plan prevé medidas de corto, mediano y largo plazo, incluyendo la promulgación de un decreto.

El contenido de ese decreto aún es desconocido. Hace un mes, el ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó en entrevista con Arriba Gente que en poco tiempo se conocerían los términos, que incluirían límites a la cantidad de municiones que se pueden adquirir. El sector importador espera con atención esa definición.