Guerra comercial: Trump castiga a Uruguay con un arancel del 12,5% a todos sus productos
El mandatario estadounidense ordenó sancionar con aranceles a más de 60 países del mundo por, supuestamente, comprar productos hechos con “trabajo forzoso”.

El nuevo esquema arancelario entra en vigencia este viernes 24 de julio, día en que expiraban los aranceles temporales del 10% que el presidente Donald Trump había implementado a comienzos de año. La medida surge luego de que, en febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que aquellos aranceles eran inconstitucionales, al considerar que solo el Congreso tenía facultades para ordenarlos.
Trump anunció entonces que volvería a aplicar tasas aduaneras sustentadas en investigaciones del USTR. El 2 de junio de 2026, la oficina determinó que “los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas, relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado, no son razonables”, según informó Infobae.
El comunicado del USTR establece dos niveles de aranceles: un 10% para los países que cuentan con una prohibición contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que asumieron compromisos para implementarla mediante acuerdos comerciales, o que poseen sistemas parciales para impedir el ingreso de esos productos; y un 12,5% para el resto, considerados en “falta de acción”.
El caso uruguayo: entre la tasa más alta del esquema
Uruguay figura entre las 60 economías investigadas desde que el USTR abrió el proceso en marzo de este año. Según la notificación oficial, el país no tiene una prohibición explícita a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, lo que lo colocó en el grupo de países que recibirán la tasa más alta del esquema, del 12,5%.
Ese “es el arancel apropiado de la Sección 301 para todas las demás economías investigadas”, indica el comunicado de Estados Unidos, en relación a aquellas que no cuentan con una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso, no se comprometieron a implementarla mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco, ni forman parte del grupo de aranceles de cálculo diferenciado que incluye a la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza.
Fuentes de Cancillería confirmaron a El País la noticia y señalaron que “se está analizando” sus implicancias. Añadieron que “estaba dentro de lo previsto”, dada la comunicación de marzo del USTR. Desde el MEF, en tanto, confirmaron que con la medida Uruguay pasaría de tener una tasa del 10% que le regía a partir de febrero, a una del 12,5%.
División regional: Uruguay entre los más penalizados
Países de la región como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México sí quedaron dentro del grupo con la tasa mínima del 10% por cumplir alguna de las exigencias establecidas por el USTR. La recomendación original, según otra nota de Infobae, fue del 10% para 14 socios comerciales —entre ellos la Unión Europea, México y Canadá— y del 12,5% para otros 46 países, entre ellos China, Japón, Brasil y Chile.
La lista completa de países investigados, difundida en marzo de 2026, incluye a Argentina, la Unión Europea, China, Brasil, India, Japón, Israel, Canadá, Australia, Rusia, Corea del Sur, Egipto, Reino Unido, México, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Argelia, Angola, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Camboya, Chile, Indonesia, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Taiwán y Tailandia, entre otros hasta completar los 60.
Exenciones puntuales y reacciones en la región
El USTR precisó que quedan exceptuados de los nuevos aranceles ciertos productos, aunque no los explicitó en el comunicado. Algunos criterios de exclusión son aquellas materias primas que, de aplicarse el arancel, podría generar desabastecimiento en Estados Unidos, o artículos “para los cuales estos aranceles pueden no contribuir sustancialmente a la eliminación de los actos, políticas y prácticas que se determinó son procesables en las investigaciones”. Quedan excluidos del arancel productos como energía, potasa, minerales críticos y pescado. También se incluyeron exenciones puntuales para ciertos productos de Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán y el Reino Unido, como incentivo para que esas economías cumplan sus compromisos sobre trabajo forzoso, según informó Infobae.
El caso de Chile ha generado particular atención en la región. El país trasandino también quedó con una sobretasa del 12,5%. La subsecretaria Paula Estévez remarcó que Chile cuenta con “una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en la materia”. Previamente, autoridades de Cancillería y gremios privados viajaron a Washington para participar en sesiones del USTR y presentar sus descargos.
La reacción más dura hasta ahora provino de Brasil. El Gobierno de Lula da Silva rechazó la decisión de imponer el arancel y acusó a Washington de “utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista”. La administración brasileña sostuvo que, “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista, Estados Unidos optó por manipular un tema tan importante para imponer el nuevo impuesto”.
Contexto legal y político de la medida
La decisión del USTR se produce en un contexto de tensión comercial global. En febrero, la Corte Suprema estadounidense invalidó gran parte del esquema arancelario que Trump había anunciado el año pasado en el llamado “Día de la Liberación”, al considerar que solo el Congreso podía ordenar aranceles de esa naturaleza. En respuesta, el presidente anunció que volvería a aplicar tasas aduaneras sustentadas en investigaciones del USTR, un camino legal alternativo para mantener su política comercial proteccionista.
El USTR añade que los países penados con la tarifa representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses, y que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”. En paralelo, Trump también anunció esta semana un arancel del 50% a la mayoría de productos importados desde Canadá, en un frente distinto pero que corre en simultáneo, marcado por tensiones con el primer ministro Carney.
Compartí tu opinión con toda la comunidad