EE.UU. amenaza a Uruguay con quitarle ayuda internacional si sostiene programa de médicos cubanos

Uruguay quedó señalado en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas por su vinculación con las misiones médicas cubanas. La inclusión, confirmada por fuentes de la embajada estadounidense en Montevideo, activa una cláusula de la ley de presupuesto aprobada en febrero de 2026 por el Congreso norteamericano: si el país vuelve a aparecer en la edición de 2027, quedará inhabilitado para recibir asistencia internacional del Departamento de Estado durante dos años consecutivos.

La sección 7045 de esa ley, según explicaron voceros diplomáticos a Búsqueda, “requiere que el Departamento de Estado publique un informe anual de casos de trata de personas en materia de las misiones médicas cubanas, o en los casos en que el país que recibe estas misiones le paga directamente al gobierno de Cuba por el trabajo de los médicos cubanos”. La misma norma impide al Secretario de Estado brindar cualquier asistencia internacional a los países nombrados durante dos períodos consecutivos.

El detonante específico para Uruguay, de acuerdo con la embajada, es que “los pagos van directamente a la embajada cubana y no hay evidencia que los mismos médicos reciban remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo”. Esa estructura de pago, centralizada en la representación diplomática de La Habana, es la que el gobierno norteamericano considera incompatible con los estándares laborales mínimos.

El antecedente de la CIDH y la magnitud del programa

La decisión de Washington se apoya en un informe previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Publicado el 7 de abril de 2026, el documento concluyó que las condiciones impuestas por Cuba a sus profesionales de la salud en el exterior constituyen una forma de trabajo forzoso.

El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, afirmó en entrevista con la agencia AFP que existen “elementos conectores para decir que aquí hay trabajo forzoso, que aquí hay trata de personas”. El informe detalla retenciones salariales de entre el 70% y el 90% por parte del Estado cubano, confiscación de pasaportes y amenazas de penas de prisión de hasta ocho años para quienes abandonen la misión.

Uruguay no es el único país bajo escrutinio. El programa cubano de exportación de servicios médicos, activo desde la década de 1960, se expandió con fines comerciales a partir de los años noventa y hoy constituye la principal fuente de divisas de la isla. Según datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, más de 605.000 profesionales han prestado servicio en 165 países, y solo la Operación Milagro ha devuelto la visión a más de 3,3 millones de personas en 34 naciones.

En el caso uruguayo, la brigada oftalmológica que opera en el Hospital de Ojos “José Martí” está compuesta por una veintena de profesionales cubanos. El centro, referencia nacional en oftalmología, ha realizado más de 120.000 intervenciones quirúrgicas desde su puesta en funcionamiento hace 18 años, según cifras oficiales difundidas por medios cubanos.

La posición del gobierno uruguayo

El canciller Mario Lubetkin fue consultado sobre el tema el martes 8 de septiembre, tras su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento. En rueda de prensa, el ministro negó haber recibido “ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico”, aunque reconoció: “Este es uno de los tantos temas sobre los que estamos dialogando”.

Lubetkin defendió con énfasis la labor de los médicos cubanos. “La experiencia es extraordinaria”, declaró. “Este grupo de profesionales ha hecho cosas muy buenas, y las cosas muy buenas las tenemos que preservar y las vamos a preservar”. Añadió que los oftalmólogos “les han dado vista a mucha, mucha gente, fuera de cualquier connotación política y de pensamiento”.

El canciller también intentó bajar el tono de la controversia. “Las experiencias que son positivas las queremos y las vamos a preservar, naturalmente, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”, sostuvo.

Consultado sobre el informe de la CIDH, Lubetkin señaló que el documento fue presentado a los países y que “cada quien hizo sus precisiones”. Fuentes de la Cancillería explicaron a Búsqueda que Uruguay no emitió comentarios formales porque el país apenas estaba mencionado y no tenía dirigida ninguna recomendación específica.

Qué está en juego

La advertencia estadounidense no se limita a la cooperación sanitaria. El periodista Gabriel Pereyra informó en Informativo Sarandí que el Departamento de Estado comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa que la suspensión de ayuda militar a Uruguay sería inminente si se mantiene el acuerdo con Cuba.

La asistencia internacional que Uruguay podría perder abarca programas de cooperación en materia de defensa, seguridad y capacitación, entre otros. La ley norteamericana no distingue sectores: la sanción es transversal a toda la asistencia canalizada a través del Departamento de Estado.

El gobierno uruguayo enfrenta así una disyuntiva concreta. Mantener el programa con Cuba implica asumir el riesgo de quedar fuera de los flujos de cooperación estadounidense durante al menos dos años. Suspenderlo significaría interrumpir un servicio oftalmológico que, según las propias autoridades, ha beneficiado a miles de uruguayos.

El factor Trump y la presión regional

La administración de Donald Trump ha intensificado su campaña contra el programa de médicos cubanos desde su retorno a la Casa Blanca. En julio de 2026, el Departamento de Estado anunció sanciones contra las brigadas médicas cubanas y calificó el envío de profesionales como una forma de trata de personas.

Funcionarios norteamericanos han señalado que el régimen cubano retiene entre el 50% y el 95% de lo que los gobiernos receptores pagan por los trabajadores, una práctica que Washington considera explotación laboral. La presión no es exclusiva sobre Uruguay: según Ralón, al menos tres o cuatro países latinoamericanos, entre ellos Guatemala y El Salvador, ya han decidido dejar de contratar misiones médicas cubanas.