Caggiani defiende paquete de proyectos de ley de transparencia parlamentaria: “No son medidas aisladas”

El senador Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular (Frente Amplio), afirmó que, en un contexto internacional de creciente desconfianza hacia las instituciones, Uruguay conserva un prestigio sustentado en sus valores democráticos. Sin embargo, advirtió que la robustez del sistema republicano exige un compromiso ético de constante revisión y mejora.

En ese marco, defendió la presentación simultánea de tres proyectos de ley por parte de la bancada del Frente Amplio: dedicación exclusiva de legisladores, rendición de viáticos y reforma de subsidios políticos. Para el legislador, “No son medidas aisladas, sino una estrategia integral para que los legisladores se dediquen 100% a la tarea parlamentaria, se erradiquen privilegios, se prevengan conflictos de interés y se acerque la función pública a las demandas de transparencia de la ciudadanía”.

Sobre el primer proyecto, Caggiani explicó que extiende las prohibiciones del artículo 126 de la Constitución e impide que senadores y representantes desempeñen empleos dependientes o independientes, integren la dirección de sociedades comerciales o reciban cualquier otro ingreso más allá de su remuneración como legisladores, exceptuando únicamente la docencia universitaria honoraria.

Dedicación exclusiva de legisladores

 

En la columna publicada en Montevideo Portal, señaló que cerca del 25% de los legisladores uruguayos mantiene actividades laborales o participación empresarial privada, y que alrededor del 50% recibe otros ingresos provenientes de jubilaciones, rentas o pensiones. Frente a esos datos, sostuvo: “Ser mejores legisladores implica estar disponible 24 horas, los 365 días del año para representar, controlar y legislar. Para ello la ciudadanía nos paga un muy buen salario y esa inversión debe ser bien utilizada”.

También advirtió sobre el riesgo de presiones corporativas y conflictos de interés, y recordó que el MPP topa voluntariamente los ingresos de quienes ejercen representación parlamentaria o cargos de confianza, percibiendo aproximadamente un tercio de la remuneración fijada para un legislador.

En cuanto a la rendición de viáticos, Caggiani indicó que el segundo proyecto modifica el artículo 46 de la Ley 19.924 para incluir al Poder Legislativo, ediles y cargos de confianza en el régimen vigente de liquidación de viáticos públicos. Dijo que busca restituir un marco claro de rendición de cuentas luego de la derogación en 2020 de las normativas específicas aprobadas en 2019.

La propuesta obliga a rendir las misiones oficiales mediante declaración jurada dentro de diez días hábiles tras el regreso y a devolver los sobrantes a la tesorería pública correspondiente. Además, prevé retenciones salariales e inhabilitación para nuevas misiones en caso de incumplimiento, y exige informar todas las misiones financiadas por gobiernos u organismos internacionales, transparentando pasajes y alojamientos recibidos de terceros.

“Los viáticos no son un sobresueldo que se le otorga al parlamentario, sino fondos públicos, que se asignan para cubrir los gastos de quienes representan a nuestro país en actividades en el exterior, pero deben estar sujetos a una estricta fiscalización y decoro”, remarcó.

Respecto del subsidio por cese de cargos políticos y de confianza, Caggiani explicó que el tercer proyecto reduce su duración de hasta un año a seis meses y el monto del 85% al 66% del sueldo activo, equiparándolo al seguro de paro de la actividad privada. A su juicio, así se elimina una inequidad injustificada frente al resto de los trabajadores.

Mencionó que en Chile o Colombia no existen pensiones de egreso prolongadas y que en el modelo nórdico el apoyo es degresivo, exige búsqueda activa de empleo y descuenta ingresos externos. También destacó que la iniciativa prohíbe el subsidio a quien se encuentre en calidad de “omiso” ante la Junta de Transparencia y Ética Pública en su declaración jurada de bienes.

Para Caggiani, la aprobación de este paquete normativo de tres pilares significaría un paso muy importante para fortalecer la estructura institucional y democrática del Uruguay. “los gobernantes somos servidores del pueblo y estamos sujetos a las mismas reglas de ética, equidad y responsabilidad que rigen para todos los ciudadanos de nuestro país”, concluyó.