El Archivo Histórico de Tucumán recupera oficio de 1833 que documenta la ocupación británica ilegal de Malvinas

Un manuscrito de cuatro páginas fechado el 26 de enero de 1833 volvió a circular tras casi dos siglos resguardado en el fondo documental de Tucumán. El oficio, firmado por Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza —gobernador de Buenos Aires y su ministro de gobierno—, comunica al gobernador tucumano Alejandro Heredia que una corbeta de guerra británica tomó posesión de Puerto Soledad por la fuerza. Se trata de la reacción oficial más temprana que se conserva del gobierno bonaerense ante los hechos del 2 de enero de ese año.

El texto no describe una negociación ni un acuerdo entre partes. Describe un arriamiento de bandera bajo intimación militar, con un plazo de 24 horas y ejecutado por la tripulación de la corbeta Clio, al mando de John James Onslow. Los firmantes lo califican sin matices: “violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas”.

Qué dice exactamente el documento

La carta reconstruye los hechos a partir del parte oficial del comandante José María Pinedo, de la goleta de guerra Sarandí, que fondeó en Buenos Aires el 15 de enero de 1833 procedente del Puerto de San Luis de la Soledad. Pinedo había regresado antes de recibir nuevas órdenes por lo ocurrido trece días antes.

Según el relato, Onslow subió a bordo de la Sarandí y manifestó que venía “a tomar posesión de las Islas Malvinas”. Impuso el arriamiento del pabellón argentino en 24 horas y exigió el traslado de la tropa, los oficiales y los habitantes del establecimiento.

Pinedo protestó formalmente. Evaluó resistir, pero consideró que las dificultades eran insuperables frente a la superioridad de fuerzas británica, y decidió volver a Buenos Aires a pedir directivas. Antes de hacerse a la vela, prohibió en la isla que se arriara el pabellón argentino y encargó el comando al capataz del establecimiento, Juan Simón.

El 3 de enero, a las 9 de la mañana, desembarcaron efectivos de la Clio en tres botes. Izaron el pabellón británico y arriaron el argentino que flameaba en tierra. Un oficial británico llevó después la bandera a bordo de la Sarandí.

La calificación jurídica que hizo el propio gobierno en 1833

El valor del oficio no reside solo en la crónica. Reside en cómo el gobierno de Buenos Aires nombró el hecho en tiempo real, sin distancia histórica de por medio.

Balcarce y Maza escriben que la noticia produjo “disgusto” y describen la acción como ejecutada “en deshonor del Pabellón Argentino, en ofensa de la integridad del territorio de la República, y con agravio de sus derechos”. La fórmula aparece tres veces en el texto con variantes: ofensa, agravio, violación.

La carta también anticipa la respuesta diplomática. Anuncia la “firme resolución de sostener los derechos de la República Argentina” y la búsqueda de una “digna reparación” ante el Gabinete de San James, además del reconocimiento del derecho sobre las islas y el uso del dominio en aquel territorio.

Pinedo, por su parte, hizo responsable a Gran Bretaña del “insulto y la violación de los respetos debidos a la República y a sus derechos”. La frase quedó incorporada al oficio como posición oficial.

Por qué este documento importa para la disputa de soberanía

La posición argentina se apoya en varios pilares que la carta refuerza de manera directa.

El primero es el uti possidetis juris: Argentina heredó de España los territorios que la Corona administraba al momento de la independencia. España mantuvo el control de Puerto Soledad entre 1765 y 1811, y Francia había cedido sus derechos en 1764.

El segundo es la posesión efectiva. El 6 de noviembre de 1820, el coronel David Jewett izó la bandera argentina en Puerto Soledad. En 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con Luis Vernet al frente. Gran Bretaña no formuló reclamo durante ese período.

El tercero es la naturaleza ilícita de la ocupación. El oficio de 1833 prueba que la expulsión de las autoridades argentinas se hizo mediante uso de la fuerza y no por un título jurídico invocado entonces.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, señaló que el instrumento permite demostrar “primero, que las Islas Malvinas son argentinas y, segundo, que los ingleses las usurparon”. La provincia anunció que pondrá el original a disposición del Gobierno nacional y de la Cancillería. El documento quedará disponible para consulta en la sede del Archivo Histórico provincial, en San Miguel de Tucumán.

El respaldo internacional que acompaña al expediente

Las Naciones Unidas reconocieron la existencia de una disputa de soberanía en 1965. La Resolución 2065 (XX) calificó el caso como una “situación colonial especial” que debe resolverse por negociación pacífica, con respeto del principio de integridad territorial y consideración de los intereses de los habitantes.

Le siguieron la Resolución 3160 (XXVIII) de 1973, que instó a continuar las negociaciones; la 31/49 de 1976, que pidió abstenerse de modificaciones unilaterales; y la 37/9 de 1982, que reclamó reanudar el diálogo tras el conflicto del Atlántico Sur. El Comité de Descolonización adopta cada año una resolución sobre la Cuestión Malvinas.

Argentina sostiene que el principio de libre determinación no aplica al caso. En 1985 la Asamblea General rechazó dos veces la propuesta británica de incorporarlo al proyecto de resolución. El argumento argentino distingue entre pueblo y territorio colonizado: en Malvinas lo que corresponde, sostiene, es la integridad territorial.

La Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y define su recuperación como objetivo permanente e irrenunciable.