Canelones entregó una parte del Parque Roosevelt para instalar un campo de golf
La administración del frenteamplista Francisco Legnani le otorgó en comodato, por 20 años, un predio de 4,2 hectáreas a la Asociación Uruguaya de Golf, en donde se instalará un driving range. De los detalles del acuerdo, han dejado trascender muy poco.
La Asociación Uruguaya de Golf (AUG) selló el 9 de marzo de 2026 un comodato con la Intendencia de Canelones que le otorga 4,2 hectáreas del Parque Roosevelt por 20 años, para construir un driving range. Para quien no esté entendido en el deporte, un driving range es una instalación diseñada específicamente para que los golfistas practiquen sus golpes sin necesidad de jugar en un campo de 18 hoyos.
La firma, encabezada por el presidente de la AUG, el arquitecto Federico Armas, fue presentada como un “hito histórico” para el golf uruguayo y cubierta casi exclusivamente por la prensa deportiva; no se habló más allá de los círculos cerrados de este exclusivo deporte.
Dos meses después, en mayo, el proyecto sumó un espaldarazo internacional: la visita de Mark Lawrie, director regional para Latinoamérica y el Caribe de The R&A —el organismo que junto a la USGA rige las normas del golf a nivel mundial—, quien recorrió el predio junto a la dirigente de la AUG Carina Spera y periodistas de El País y Búsqueda.
El comunicado de esa visita presentó la obra como “el primer driving range público del país”. Ahí aparece la tensión central que atraviesa todo este proceso: un terreno de un parque público, cedido en comodato exclusivo a una asociación civil privada por dos décadas, que se promociona puertas afuera como una infraestructura abierta a la comunidad.
Diez años de gestión, resueltos en silencio institucional
El driving range no es una ocurrencia repentina. Según el propio Armas, la idea circulaba en la AUG desde hacía más de una década, ya bajo la presidencia de Claudio Billig. En 2024, Armas explicaba que el proyecto ya tenía el visto bueno de la Junta Departamental de Canelones y de la Intendencia, y que solo restaba definir la ubicación exacta del predio dentro del parque para avanzar hacia la firma.
Es decir: el trámite tuvo, al menos en sus instancias previas, aprobación de un órgano legislativo departamental. Lo que no tuvo, hasta donde pudo constatarse, fue ninguna instancia pública de consulta a los vecinos o usuarios habituales del parque, ni cobertura periodística por fuera de la sección deportiva al momento de concretarse la firma.
Un patrón que se repite en el mismo parque
El caso de la AUG no es aislado, ya que el Parque Roosevelt —370 hectáreas administradas por la Intendencia de Canelones, y el más grande del país— viene siendo objeto de sucesivas cesiones de fracciones a instituciones deportivas y privados:
La Asociación Uruguaya de Fútbol negoció un comodato de más de 38.000 metros cuadrados por 20 años para un centro de desarrollo técnico, en cuyo contrato la Intendencia sí exigió contrapartidas explícitas: cerramientos «no opacos» para preservar la lectura visual del espacio, reforestación del entorno y mantenimiento de accesos.
Un club ecuestre también recibió instalaciones para un centro de recuperación de animales, que mantiene su predio abierto al público en general. Y una controvertida carpa privada de eventos —ya operativa, con un partido del Mundial 2026 proyectado allí y un show musical agendado para setiembre— generó este año la primera protesta vecinal documentada, por la tala de árboles y el ruido.
Frente a esa carpa se organizó la Comisión de Vecinos Parque Roosevelt para Todos, que sostiene que la intención de entregar cerca de un tercio del parque a privados está documentada por escrito desde que la Intendencia firmó un convenio con el Ministerio de Ganadería para gestionar el predio.
Esa comisión recuerda que en 2011 ya hubo un llamado a interesados que incluía un campo de golf, un estadio de Peñarol, equitación y hasta un shopping —varias de esas iniciativas cayeron por presión vecinal, y Peñarol terminó construyendo su estadio en otro terreno—. La comisión presentó pedidos de informe, llevó el reclamo al Parlamento y mantiene una campaña de recolección de firmas.
«Público», pero de acceso restringido a golfistas
Acá está el punto que amerita más preguntas. Un driving range es, por definición, una instalación de entrenamiento de golf: una zona cerrada donde se practica el swing con pelotas de práctica, generalmente de acceso pago o condicionado a una membresía, a diferencia de un parque de uso libre y espontáneo.
Que el comunicado de la visita de The R&A lo denomine «público» no aclara si ese carácter público implica ingreso gratuito y sin restricciones para cualquier persona, o si —como suele ocurrir en este tipo de infraestructuras deportivas— el acceso estará mediado por una cuota, una reserva previa o la condición de federado o socio de un club afiliado a la AUG.
Ese dato —el modelo de acceso real: quién puede entrar, en qué horario, a qué costo— no figura ni en el comunicado de marzo ni en el de mayo. Y es precisamente el dato que define si estamos ante una ampliación de la oferta deportiva pública del departamento, o ante una cesión de suelo público a una asociación privada que gestionará el uso y el ingreso de esas 4,2 hectáreas durante dos décadas, bajo un rótulo de «público» que todavía no está probado en los hechos.
Quedan preguntas abiertas hacia la AUG y la Intendencia: si el ingreso al driving range será gratuito o arancelado; si habrá cupos o franjas horarias reservadas para público no afiliado; qué contrapartidas —si las hubo, como en el caso AUF— exigió la Intendencia en materia de cerramientos, accesos peatonales o uso mixto del predio; y si hubo instancia de participación de la Comisión Administradora del Parque Roosevelt o de los vecinos antes de la firma.
La respuesta a esas preguntas es la que determina si el término «público» en la comunicación de la AUG y The R&A se sostiene, o si describe en realidad una privatización de facto de suelo departamental por 20 años.
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