García asumió responsabilidad política por Cardama y cuestionó validez de los informes técnicos del gobierno

El exministro de Defensa, Javier García, se presentó ante la comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas (OPV) al astillero español Cardama. Durante casi cuatro horas de comparecencia, el senador de Alianza País defendió la decisión que tomó en diciembre de 2023, cuando firmó el contrato de compraventa por 82 millones de euros.

García, que abandonó el cargo de ministro en marzo de 2024 y ya no estaba al frente de la cartera cuando el gobierno uruguayo aceptó las garantías presentadas por Cardama —que luego se comprobaron falsas y carentes de respaldo financiero—, asumió lo que denominó la “responsabilidad política” por su rol como ministro.

“Tomé una decisión basada en informes técnicos y hubo dos de la Armada Nacional que recomendaron la decisión que adoptamos. El tema no es quién es el responsable, sino cómo decide”, afirmó García en rueda de prensa tras su comparecencia.

El cuestionamiento al informe de Dun & Bradstreet

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia se produjo cuando el exministro puso en tela de juicio el informe de la consultora Dun & Bradstreet (D&B), utilizado por el gobierno actual y el oficialismo para sustentar la rescisión del contrato, y que fue incluido en la investigación administrativa.

García denunció que la empresa fue sancionada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por “incurrir en prácticas engañosas y desleales” al emitir informes crediticios perjudiciales para pequeñas y medianas empresas y no corregirlos adecuadamente posteriormente.

Los registros oficiales respaldan esta afirmación. En septiembre de 2025, la FTC anunció que Dun & Bradstreet acordó pagar 5,7 millones de dólares para resolver las alegaciones de que violó una orden de 2022. Según el comunicado de la agencia, las violaciones incluyen “proporcionar información inexacta sobre sus productos a los clientes antes de renovar sus servicios de suscripción, lo que llevó a cobros excesivos, y tergiversar que la compra de productos basados en tarifas mejorará los puntajes crediticios de estos clientes”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que actuó por derivación de la FTC, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Florida. En el acuerdo, Dun & Bradstreet se habría comprometido a pagar una multa civil de 2.063.000 dólares y 2.785.786 dólares en reembolsos a clientes, además de 924.590 dólares que ya había devuelto.

“Y hacía cosas peores —criticó duramente García—, elaboraba informes diciendo que las empresas estaban mal en materia económica-financiera y después les vendía otro para salvarlos. Los hundía y después les daba el salvavidas”.

El senador fue más allá y cuestionó que existió un hecho “grave e irregular” de parte de actores del Ministerio de Defensa al entregar de forma “engañosa y premeditada” a Presidencia el informe en cuestión como si se tratara de documentación oficial de la cartera. En esta dirección, el exministro relacionó el hecho con un intento del oficialismo para “construir un relato en la decisión de bajar el contrato con el astillero”.

La denuncia de “fuertes intereses económicos”

Más allá de las disputas técnicas, García afirmó que detrás de la rescisión del contrato operaron intereses económicos de gran magnitud. “Pruebas no tengo, pero tengo el derecho a pensar que sí. Estoy convencido de que acá hubo fuertísimos intereses económicos que estuvieron por detrás para evitar que decidiéramos construir las patrullas oceánicas. Muy poderosos, que operaron durante 15 años durante los gobiernos del Frente Amplio y que bloquearon la decisión. Con nosotros no pudieron”.

El contrato, firmado en diciembre de 2023, preveía la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Sin embargo, en febrero de 2026, el presidente Yamandú Orsi comunicó la rescisión del acuerdo, argumentando “incumplimientos graves” e indicando que el Ejecutivo buscaría resarcimiento y recuperar el patrimonio invertido. El Estado uruguayo ya había pagado 30 millones de dólares por el cumplimiento de los primeros hitos.

Los cuestionamientos del Frente Amplio

En representación del Frente Amplio, el diputado Joaquín Garlo cuestionó el proceso ocurrido entre 2022 y 2023, señalando que los requisitos del pliego en la primera licitación pasaron de ser más de “80 a tres” cuando se decidió la compra directa a Cardama. Garlo también recordó que no se tuvieron en cuenta las advertencias de un contralmirante que había elaborado un oficio por la falta de información disponible acerca de la “solvencia logística y económica” del astillero, dado que la empresa no tenía experiencia en este tipo de emprendimientos.

Un informe interno de la Armada Nacional, difundido posteriormente, reveló serias irregularidades en el astillero Cardama. Según el documento, Cardama no disponía de la capacidad técnica ni administrativa necesaria para cumplir con los plazos ni los estándares exigidos: no se habían presentado los planos de construcción definitivos, no se había firmado el contrato con la certificadora Lloyd’s Register, y las piezas fabricadas sólo fueron inspeccionadas visualmente, sin certificación técnica oficial. Además, hasta el 27 de mayo, el astillero no contaba con los permisos necesarios para construir las embarcaciones.

El respaldo de los partidos de la coalición

En defensa del contrato con Cardama, los diputados Maximiliano Campos, Felipe Schipani (Partido Colorado) y Gabriel Gianoli (Partido Nacional) respaldaron la actuación del exministro García y descartaron falta de transparencia en el proceso de adquisición.

“El senador García fue demoledor ante las preguntas del oficialismo. Estamos cansados de que se construya un relato fuera de la comisión. El proceso tuvo el trabajo técnico de la Armada y la decisión política del presidente Luis Lacalle Pou y del ministro García de tener patrullas oceánicas después de 20 años de pasearnos por astilleros. Fue una mala decisión del gobierno rescindir el contrato”, resumió Gianoli la postura de los partidos Nacional y Colorado.

La comisión investigadora continuará sus trabajos en los próximos días. La semana próxima comparecerá el exministro Armando Castaingdebat, quien otorgó las prórrogas para la presentación de las garantías, y posteriormente lo hará la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo.