La respuesta de Lubetkin a Rubio: “Uruguay no admite que se tache de terrorista a ninguna fuerza de gobierno”

El lunes 20 de julio de 2026, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, respondió con firmeza a las declaraciones que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había realizado cuatro días antes en Washington.

En una reunión ministerial con representantes de más de 60 países, Rubio incluyó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en una lista de organizaciones armadas de izquierda a las que calificó como “terrorismo político de extrema izquierda”.

“Escuchando las palabras del secretario de Estado, y de otros, sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas”, afirmó Lubetkin en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

El canciller subrayó que Uruguay tiene “una política muy clara” y que el presidente Yamandú Orsi ya la expuso al asumir la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac): “Es otro camino diferente en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico”.

El núcleo del desacuerdo es profundo

Rubio había inaugurado el jueves 16 de julio la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” en el Departamento de Estado. Allí, el secretario de Estado afirmó que “el terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento”. En un tramo de su discurso, mencionó explícitamente “el terror violento de los tupamaros” junto a los Montoneros de Argentina, las FARC y el ELN de Colombia, y Sendero Luminoso de Perú.

Pero la controversia no se limitó a una lista de nombres. Rubio profundizó en una caracterización ideológica que trascendió lo político: “Esto es un mal distintivo y único. Siempre ha sido impulsado por un odio por encima de todo, un odio por la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor”. El secretario de Estado también vinculó a estos movimientos con Cuba, afirmando que la isla funcionó como centro de entrenamiento e influencia para organizaciones revolucionarias internacionales.

Lubetkin no dejó espacio para ambigüedades. “Está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, aseveró. El canciller enfatizó que la prioridad del Ejecutivo uruguayo es construir respuestas regionales frente al crimen organizado y el narcotráfico, en lugar de adoptar enfoques confrontativos: “Nosotros estamos trabajando en ese tema en el ámbito de la Celac, del Mercosur, con Argentina, ahora vino el presidente de Chile y se discutió sobre el tema para junto a otros países de América del Sur ir hacia soluciones en el ámbito de integración”.

El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros surgió en Uruguay a mediados de la década de 1960 como una guerrilla urbana de izquierda. Fundado en 1965, el MLN-T tuvo su etapa de actuación armada durante los años sesenta y setenta. Tras el retorno de la democracia en 1985, el MLN-T se integró al Frente Amplio y sus líderes históricos participaron en gobiernos democráticos, incluida la presidencia de José Mujica (2010-2015), quien fuera uno de sus principales dirigentes. La trayectoria del movimiento —de organización clandestina a fuerza política legal— es un elemento central que el gobierno uruguayo considera fundamental para entender su lugar en la democracia actual.

Una cumbre cuestionada

La postura de Lubetkin refleja una estrategia de política exterior que el gobierno de Orsi viene delineando desde su asunción. Al asumir la presidencia de la Celac en marzo de 2026, Orsi llamó a la paz, la integración regional y el fortalecimiento de la cooperación entre países. El canciller recordó que esa misma línea orienta la política de seguridad: “A nosotros lo que nos importa es la visión de futuro”.

La cumbre convocada por Rubio, en tanto, no estuvo exenta de críticas. Organizaciones de derechos civiles advirtieron que designar a grupos como terroristas corre el riesgo de criminalizar protestas legítimas y opositores políticos. Para el gobierno uruguayo, el camino no pasa por definiciones ideológicas sino por la cooperación práctica entre países vecinos.