Trump lanza una nueva guerra comercial con fuertes aranceles a decenas de países

Estados Unidos se prepara para anunciar, en los próximos días, una nueva ronda de aranceles contra 60 economías, en reemplazo del gravamen temporal del 10% que vence este 24 de julio. Así lo confirmó el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en una entrevista con CNBC realizada el martes 21 de julio de 2026.

El cambio de estrategia responde a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que a fines de febrero de 2026 invalidó buena parte de los aranceles que la administración Trump había impuesto en 2025 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que el presidente había excedido sus atribuciones.

Para sostener la presión comercial mientras se definía una alternativa legal, la Casa Blanca recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecer un arancel general de hasta 150 días. Ese plazo vence esta semana, lo que explica la urgencia del nuevo anuncio.

Una investigación que empezó en marzo

El 12 de marzo de 2026, la Oficina del Representante Comercial abrió investigaciones formales contra 60 países bajo la Sección 301 de la misma ley, una herramienta que habilita represalias comerciales cuando Washington considera que una práctica extranjera perjudica a la economía estadounidense. En conjunto, esas 60 economías representan cerca del 99,4% de las importaciones totales de Estados Unidos.

El argumento central de la investigación es el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Greer lo resumió así ante CNBC: “Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso”, y agregó que la mayoría de los países investigados carece de una legislación equivalente o no la aplica de forma efectiva.

A comienzos de junio, la USTR presentó una propuesta que separa a los 60 países en dos categorías. El primer grupo, integrado por naciones que sí cuentan con alguna prohibición pero cuya aplicación se considera insuficiente, recibiría un arancel del 10%. Ese bloque incluye a México, la Unión Europea, Canadá, Argentina, Ecuador, Indonesia, Pakistán y el Reino Unido, entre otras economías.

El segundo grupo, compuesto por 46 países sin ningún tipo de prohibición vigente contra el trabajo forzoso, enfrentaría una tasa mayor, del 12,5%. Costa Rica figura confirmada dentro de este segundo bloque, según informó el USTR a comienzos de julio.

Lo que todavía no está definido

La propuesta de junio no es la resolución final. Hasta el 21 de julio, la USTR no había publicado ni la fecha exacta de entrada en vigor, ni la tasa definitiva para cada país, ni la lista completa de productos exceptuados. Greer se limitó a decir: “Esperamos que haya novedades pronto”.

Este punto es relevante para empresas exportadoras de la región, porque varios gobiernos ya iniciaron gestiones para intentar mantener sus condiciones actuales. Costa Rica, por ejemplo, solicitó formalmente a comienzos de julio que se respeten las preferencias arancelarias del tratado DR-CAFTA, que permite exportar con arancel cero hacia Estados Unidos.

Aranceles que ya están vigentes, fuera de esta investigación

Mientras se define el esquema de los 60 países, Estados Unidos aplicó en paralelo otras medidas puntuales que no forman parte de la investigación por trabajo forzoso. El lunes 20 de julio, Trump anunció un arancel del 50% sobre la mayoría de los productos importados desde Canadá, una medida que entrará en vigor en 30 días y que excluye energía, potasa, minerales críticos y pescado.

La justificación oficial fue el humo derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario, que afectó la calidad del aire en la costa este estadounidense.

Días antes, Brasil había sido sancionado con un arancel del 25% sobre una serie de productos, en un conflicto separado vinculado a políticas comerciales que, según Washington, restringen el acceso de empresas estadounidenses al mercado brasileño.

A esto se suma un arancel de hasta 100% sobre determinados productos farmacéuticos, que comenzará a regir el 31 de julio. Esta medida no afectará a compañías que ya llegaron a acuerdos de reducción de precios con la administración, como Merck & Co. y Eli Lilly & Co., ni a medicamentos patentados fabricados en países con tratados comerciales vigentes con Estados Unidos.

Según el analista Spencer Perlman, de la consultora Veda Partners, el arancel del 100% impactaría bienes por unos 12.000 millones de dólares al año, una cifra acotada frente al comercio farmacéutico total.