Virginia Aparicio, la científica que el INTA argentino quiere exonerar por investigar agrotóxicos y confirmar su exceso en el 86% de la población

Una científica argentina, al borde de la exoneración por investigar plaguicidas

Virginia Aparicio tiene 53 años, es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET. Hace más de dos décadas que trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Hoy, sin embargo, no enfrenta una simple sanción: la conducción del organismo busca exonerarla, es decir, expulsarla directamente de la Administración Pública Nacional, es decir una censura explícita. ¿El motivo? Haber coordinado en su país el proyecto internacional SPRINT, que detectó presencia de plaguicidas en personas, animales, cultivos, suelos y agua.

Consultada sobre cómo se siente, la investigadora resume su ánimo en tres palabras: “Estoy en modo lucha”. Dentro del Instituto, admite, se siente como “una leprosa”.

Un estudio que encendió todas las alarmas

Aparicio investiga el impacto de los agroquímicos desde hace años; su primer trabajo académico sobre el tema data de 2013. En 2018, una dependencia del INTA radicada en Montpellier, Francia, la vinculó con Violette Geissen, especialista en suelos de la Universidad de Wageningen (Países Bajos).

De ese contacto surgió su incorporación, en 2020, al Proyecto SPRINT, cuya sigla en inglés remite a una transición sostenible en la protección vegetal, bajo el lema “Un enfoque de salud global”.

Nada se hizo de espaldas al organismo: el propio INTA autorizó la continuidad y quedó registrado como socio número 16 del consorcio, identificado como CSS11-Buenos Aires. Argentina fue el único país no europeo en participar, por su condición de principal exportadora de soja destinada a alimentación animal, y Aparicio asumió como coordinadora local.

La primera etapa fue diagnóstica: medir 206 moléculas entre los once países involucrados. La muestra argentina abarcó 73 voluntarios, divididos en tercios: productores agroecológicos y convencionales, vecinos de esos productores en pueblos pequeños de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, como San Agustín, y consumidores de alimentos en ciudades mayores como Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata y Tandil. Durante 2021, aportaron muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales.

Los números fueron contundentes. Entre los participantes argentinos se hallaron de 2 a 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina y hasta 18 sustancias en materia fecal; las pulseras que midieron exposición aérea registraron entre 7 y 53.

Al comparar con Europa, el glifosato apareció en el 86,1% de los argentinos muestreados frente al 35,2% de los europeos, y en el 100% de las heces de los bonaerenses contra el 70,5% de los europeos.

El clorpirifós —prohibido, aunque todavía disponible en góndolas— se detectó en el 37,7% de los argentinos y apenas en el 3,7% de los europeos. En el polvo del hogar se contabilizaron entre 43 y 86 plaguicidas; en agua superficial, entre 10 y 28.

Aparicio insiste en que el objetivo no era demonizar la actividad agropecuaria, sino avanzar hacia soluciones: “Ningún productor accede a que mires en detalle hasta su materia fecal si no lo ayudás a resolver”. La segunda fase, orientada a reducir la dependencia química, nunca llegó a concretarse.

Cuando el lobby pesa más que la evidencia

El 21 de junio de 2023 estaba prevista la reunión virtual para difundir los resultados. Una semana antes, el entonces director nacional del INTA, Carlos Parera, la suspendió y le prohibió a Aparicio participar del proyecto y hablar con la prensa. Aun así, parte de los datos se presentó el 27 de setiembre de ese año en la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de la asunción de Javier Milei, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 que puso fin a la participación argentina en SPRINT.

Según una investigación del periodista Gastón Rodríguez para Tiempo Argentino, un integrante del Consejo Directivo, bajo reserva, atribuyó la decisión a la presión de la Mesa de Enlace: las entidades ruralistas habrían advertido que, con esos datos, “no iban a poder sembrar nada”, y las autoridades cedieron antes que confrontar.

Persecución, silencio y una batalla por defender la salud pública que se agranda

Aparicio relata a lavaca la mecánica del hostigamiento interno: a fines de 2024 comenzaron a indagar sobre sus funciones; en febrero de 2025 una sumariante tomó declaración a todo el equipo —trece o catorce personas— y elaboró un informe preliminar que pedía la suspensión de sus colegas y, para ella, la exoneración.

Su abogado, Mario Bolla, desmintió los cargos ante Tiempo Argentino: se la acusa de ocultar información a sus superiores, algo falso porque comunicó cada paso al jefe de la Estación, y de causar perjuicio económico al Estado, cuando “el INTA no puso un solo peso en SPRINT”, ya que todos los fondos llegaron desde Europa y fueron rendidos.

La exoneración, explica la investigadora, implicaría “quitarme la identidad científica”: quedar impedida de reingresar a la Administración Pública Nacional por no menos de cinco años, justo cuando se acerca a la jubilación. “No conozco científicos exonerados”, subraya.

El gremio APINTA denuncia que Aparicio está siendo “perseguida, censurada y silenciada”. Los diputados Esteban Paulón (Partido Socialista) y José Ignacio Rossi (Unión por la Patria) presentaron proyectos de solidaridad, y varias universidades nacionales —Comahue, Litoral, Río Cuarto— debaten el caso en sus consejos académicos.

Paradójicamente, en la Universidad de Mar del Plata, donde ella trabaja, describe un “silenciamiento”: nadie se acercó. Dentro del INTA, cuenta, los compañeros que se solidarizan lo hacen por WhatsApp, para no ser vistos juntos.

La investigadora advierte sobre el trasfondo: “¿Quién va a seguir investigando temas sensibles para las comunidades si en vez de discutir algo científicamente se te silencia y exonera?”. Y alerta sobre la fuga de talentos entre sus becarias, en su mayoría mujeres: “Nos tenemos que ir”, le dicen. Hoy el INTA está presidido por el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich.

Diversas organizaciones ya reunieron más de 7.500 firmas para frenar la medida, a través de una petición pública disponible en línea.