Gonzalo Gómez pide licencia del Directorio del PN y pide que su caso pase a la Comisión de Ética

El edil blanco Gonzalo Gómez solicitó licencia de su cargo en el Directorio del Partido Nacional y pidió formalmente a la Comisión de Asuntos Políticos que su situación sea derivada a la Comisión de Ética partidaria. La decisión se produce después de que se conociera la condena de su asesor, Pablo Leiva, por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador, un operativo que desarticuló una organización dedicada al narcotráfico en Montevideo.

Gómez, que también integra el Directorio del Partido Nacional como representante de la juventud y ocupa un cargo de director en la ANP, tomó la determinación de apartarse temporalmente mientras se aclara el vínculo laboral que mantuvo con Leiva y con el hijo de este, Lucio Leiva, quien también se desempeñaba como asesor suyo.

La información fue confirmada a través de fuentes partidarias, que indicaron que el edil busca que sea la Comisión de Ética la que evalúe su conducta y la de su equipo de trabajo. La medida apunta a despejar cualquier duda sobre su responsabilidad política en el caso, que estalló cuando Leiva padre fue detenido y posteriormente condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones.

El origen del escándalo: la Operación Trazador

El caso se remonta a un operativo policial realizado en el barrio Brazo Oriental de Montevideo, donde las autoridades incautaron más de 260 kilos de cocaína y pasta base, cerca de 3 millones de pesos en efectivo, más de 42.000 dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones. En la vivienda allanada también se encontró una puerta blindada y una máquina de contar billetes, elementos que la investigación vinculó directamente con la actividad de lavado de activos.

En esa casa vivían Pablo Leiva y su hijo Lucio Leiva, de 20 años. Ambos trabajaban como asesores del edil Gonzalo Gómez: Pablo cobraba un sueldo de 52.000 pesos como asesor, mientras que Lucio se desempeñaba como secretario y community manager por el mismo monto. Tras el operativo, Pablo Leiva fue formalizado y condenado, mientras que Lucio fue detenido pero luego liberado, ya que la Justicia no encontró elementos para vincularlo a la causa de su padre.

“Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental”, declaró Gómez en su momento a través de la red social X, cuando se encontraba en China participando de un curso de formación política.

La reacción interna del Partido Nacional

La decisión de Gómez de cesar a Pablo Leiva fue inmediata, pero mantuvo a Lucio Leiva en funciones argumentando que no correspondía atribuirle responsabilidad por los hechos de su padre. Esa postura generó diferencias dentro del Partido Nacional. El senador Sebastián Da Silva pidió el cese de Lucio, aunque aclaró que no cree que Gómez deba dejar el cargo, solo que dé explicaciones. “El edil no creo, que explique la situación. Pero el hijo del condenado, si hubiera sentido común, sí. Los mocos no me los como. El partido tiene sus órganos y tomará las acciones”, afirmó Da Silva.

El senador Javier García reclamó que el asunto pase a la Comisión de Ética partidaria, sin que hasta el momento haya una resolución definitiva. Por su parte, el director partidario Álvaro Viviano señaló que “no cierra” que Gómez no supiera de la actividad ilícita del padre. El Directorio del PN, que preside Álvaro Delgado, evalúa recibir a Gómez en una comisión de asuntos políticos para que dé su versión de los hechos.

La conexión con Jorge Gandini: el local de cobranzas de su esposa

Un dato adicional complicó aún más el panorama para el sector que lidera Jorge Gandini. A partir del celular incautado a Pablo Leiva, la Policía investiga si se usó en el esquema de lavado de activos una sucursal de cobranza Abitab a nombre de Laura Scalabrino Muga, esposa de Gandini. Según la investigación, Leiva realizaba operaciones frecuentes en ese local, ubicado en Avenida Dámaso Antonio Larrañaga, y la franquicia figura como bien ganancial en la declaración jurada del dirigente.

Gandini convocó a una conferencia de prensa para desmarcarse y afirmó que “mi vida es absolutamente transparente”, asegurando que Leiva era un cliente más que concurría a pagar obligaciones ante el BPS y la DGI. El senador Sergio Botana defendió a la esposa de Gandini, mientras que desde el Frente Amplio el presidente Fernando Pereira fue categórico: “Finalmente dos personas que vivían en una misma casa habitaban con una máquina de contar billetes y con varios millones de pesos y decenas de miles de dólares”, afirmó, agregando que el edil “deberá explicar” la situación.

La JUTEP recibió una denuncia anónima

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) recibió una denuncia anónima contra Gonzalo Gómez a partir de la situación generada por su asesor condenado. Según el protocolo del organismo, la JUTEP tiene un plazo máximo de 90 días para expedirse sobre el caso.

Es importante aclarar el contexto: la JUTEP viene siendo blanco de cuestionamientos de la oposición por su integración, ya que dos de sus tres directores responden al Frente Amplio, lo que en otros casos generó acusaciones de parcialidad política. La denuncia contra Gómez llega a un organismo que la propia coalición de gobierno ya había desprestigiado en episodios recientes, lo cual podría complicar cómo el Partido Nacional reciba un eventual dictamen desfavorable.

Desde la oposición, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y ediles frenteamplistas reclamaron explicaciones a Gómez, indicando que la situación “los tomó por sorpresa” y que esperaban su regreso de China para que diera la cara.

El caso sigue en desarrollo, con la Comisión de Ética del Partido Nacional como próximo escenario de definición política. La decisión de Gómez de solicitar licencia del Directorio y derivar su caso a Ética marca un intento por contener un escándalo que amenaza con salpicar a la interna blanca y reabrir el debate sobre el financiamiento de la política y la infiltración del narcotráfico en los partidos.