El pasado 5 de junio de 2026, Día Mundial del Medio Ambiente, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras se concentró en Plaza Independencia, Montevideo. El objetivo fue entregar un nuevo bloque de firmas ante el Ministerio de Ambiente. La cifra total alcanzó 60.000 voluntades ciudadanas.
Según los propios registros de la organización, ese volumen representa cerca del 2% de la población del país. La Asamblea destacó el logro como un avance «a pulmón», en un contexto donde el Poder Ejecutivo no ha abierto canales de diálogo reales con los colectivos ambientalistas.
Lo que el anuncio oficial no aclaró
En abril de 2026, medios uruguayos difundieron la confirmación de ANCAP sobre perforaciones exploratorias offshore para 2027. Juliana Orihuela, integrante de la Asamblea, consultada por este medio, señaló que la noticia no tomó por sorpresa al colectivo.
«Si entrás ahora al OAN (Observatorio Ambiental Nacional), ya está presentado desde febrero de este año por la empresa APA. Estamos controlando el OAN a diario para saber cuándo van a abrir las puestas de manifiesto», afirmó Orihuela antes de la movilización.
La activista también corrigió un error recurrente en la cobertura periodística.
«Hay un par de errores en esa noticia. No sería el primer pozo. En 2016 Uruguay ya hizo su primer pozo ultraprofundo, el Pozo Raya, que dio como resultado un petróleo no comercial y fue decretado pozo seco. Hubo otros dos previos, Gaviotín y otro más. Este vendría a ser, en orden, el cuarto pozo exploratorio en la región», explicó.
Bombas de estruendo: el daño auditivo que no se ve
El núcleo de la denuncia de la Asamblea se centra en el método de exploración sísmica. De los mil días de sísmica proyectados originalmente, hasta el momento solo se ejecutaron 60.
«El sonido es el elemento más importante para la comunicación en la vida marina. Las bombas de estruendo de aire comprimido se disparan en lapsos de entre 6 y 10 segundos, interfiriendo la comunicación de todas las especies», detalló Orihuela.
Las consecuencias documentadas incluyen rupturas en los aparatos auditivos de cetáceos y peces, desplazamiento forzado de poblaciones enteras y muerte de organismos sésiles, aquellos que carecen de movilidad y quedan expuestos a la onda expansiva.
La Asamblea reconoce su limitación técnica para realizar necropsias que certifiquen legalmente cada muerte en la costa. Por eso apelan a los propios registros de las empresas y del Estado.
«En solo 60 días de sísmica se reportaron más de 400 encuentros y avistamientos de fauna afectada por la misma empresa y por el Estado», señaló Orihuela.
Un antecedente judicial respalda la preocupación. En 2016, la actividad pesquera nacional demandó al Estado tras reportar una merma del 40% en las capturas luego de las exploraciones. El sector tardó casi cinco años en recuperar los volúmenes habituales.
«¿Qué valor tiene una ballena? ¿Quién le pone precio a la vida de un animal que purifica el océano? La verdad es que no sabemos si esto es recuperable», cuestionó la activista.
La vía judicial como única respuesta posible
La falta de recepción por parte del Ministerio de Ambiente o del Poder Ejecutivo tiene una explicación estructural, según la Asamblea.
«Nosotros le estamos haciendo un juicio al Estado, entonces es poco probable que pretendamos que nos reciban a tomar un cafecito. Si realmente les importara la voluntad popular, lo que debieron hacer era no autorizar los estudios de impacto ambiental y frenar la sísmica», sentenció Orihuela.
Las empresas involucradas tienen antecedentes. «Las empresas con las que Uruguay firmó contratos son empresas con prontuarios ambientales y juicios millonarios en el mundo, como Shell y Chevron. A ellas no les importa que los científicos demuestren el daño; ya lo saben», agregó.
Una movilización con arte y memoria
La jornada del 5 de junio no se limitó a la entrega administrativa de firmas. La Asamblea preparó una convocatoria abierta a la comunidad con fuerte impronta artística.
Se interpretó una pieza musical compuesta por una de las integrantes junto a niños y niñas. Un grupo de artistas presentó una réplica a tamaño real de una ballena orca en el centro de la plaza.
«La única forma de pararlos es demostrarles en la calle que la población no los va a dejar trabajar en paz. Nuestro mar y el futuro de las próximas generaciones no tienen precio», concluyó Orihuela.
La concentración reunió a varios cientos de personas según estimaciones de los propios organizadores. La Asamblea espera superar las 60.000 firmas antes de fin de año, cuando la Corte Electoral deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso judicial presentado en febrero de 2026.
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