La Fiscalía pidió al Senado todas las actas de la comisión que investiga el contrato con Cardama

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno remitió un oficio a la Cámara de Senadores solicitando el testimonio íntegro de las actuaciones de la comisión preinvestigadora que analiza el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama.

El pedido —identificado como Oficio N° 2/2026— fue presentado ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse, y se enmarca en la causa SGSP 23345340 y NUNC 2025289117.

El pedido concreto de la Fiscalía

Según el texto del oficio, la Fiscalía solicita que se le remita, “a la mayor brevedad posible”, el testimonio íntegro de las actuaciones realizadas por la comisión preinvestigadora sobre los hechos y procedimientos vinculados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero Cardama. En caso de no poder cumplir con ese plazo, pide que se informe si existe un tiempo estimado para la conclusión de la preinvestigación parlamentaria.

El requerimiento incluye además dos solicitudes adicionales: que se proporcionen los datos del presidente de la comisión preinvestigadora para establecer comunicación directa con ese legislador, y que la documentación sea remitida a la Fiscalía —sita en calle Cerrito N° 431, 5° piso, Montevideo— tanto en formato papel como digital, a la dirección institucional del coordinador, el Dr. Damián De Los Santos.

Los antecedentes del caso Cardama

El contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama prevía la construcción de dos buques patrulleros oceánicos para la Armada Nacional por un monto de US$ 92 millones. El 13 de febrero de 2026, el Gobierno nacional resolvió rescindir el contrato, en una decisión tomada en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

El mandatario explicó en conferencia de prensa que el 22 de octubre de 2025 se había informado sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. “Ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, señaló. El propio astillero admitió que esa garantía era inexistente.

Posteriormente, el Gobierno también detectó irregularidades en la garantía de reembolso. “Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, indicó Orsi. El documento presentado no era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones.

La investigación penal y la comisión parlamentaria

La denuncia penal fue presentada en octubre de 2025 por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, tras constatar “fuertes indicios” de “estafa o fraude”. La investigación penal estuvo inicialmente a cargo del fiscal Alejandro Machado, quien fue trasladado a la Fiscalía de Cibercrimen a fines de mayo.

Actualmente, la subrogación está a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez hasta el 31 de julio. Fuentes de la Fiscalía señalaron que, pese al cambio de titular, el caso siguió siendo investigado por la fiscal adscripta Natalia Colotuzzo, quien se mantendrá en el equipo de trabajo.

En paralelo, el Parlamento creó una comisión preinvestigadora que desde febrero de 2026 analiza el proceso de compra de las patrullas oceánicas. La comisión está integrada por los senadores Eduardo Brenta y Nicolás Viera por el Frente Amplio, y representantes de la oposición. La solicitud para su creación fue impulsada por el senador Sebastián Sabini.

Lo que implica el pedido fiscal

El oficio de la Fiscalía representa un paso significativo en la investigación, ya que busca acceder a toda la información recabada por el Poder Legislativo. La Fiscalía solicita específicamente la “versión taquigráfica de todas las sesiones” de la comisión investigadora. Este requerimiento permitirá a los fiscales contar con elementos de juicio adicionales para determinar si existieron delitos de estafa o fraude contra el Estado.

Además del caso Cardama, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno tiene a estudio otras causas de relevancia, como la investigación por la estafa en República Ganadera y la causa derivada del caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset.

La comisión preinvestigadora, que funciona en la órbita de la Asamblea General, deberá ahora resolver si accede al pedido de la Fiscalía y en qué plazos. La documentación requerida incluye no solo las actas de las sesiones, sino también los testimonios y la información recabada durante la investigación parlamentaria.