Uruguay expresa su “preocupación” por la deriva autoritaria de Daniel Ortega en Nicaragua

El gobierno de Yamandú Orsi expresó su “preocupación” por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país no se volverán a realizar elecciones democráticas para que la oposición no llegue al poder.

“Reafirmamos nuestra posición que el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional”, reza el corto comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo.

Daniel Ortega dejó en claro, durante el acto por el 47º aniversario de la revolución sandinista, que su gobierno no tiene intención de convocar elecciones que puedan poner en riesgo su continuidad en el poder. «Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», dijo el mandatario nicaragüense el 19 de julio pasado en Managua, frente a simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La frase no fue improvisada. Llegó después de años de reformas legales e institucionales que fueron vaciando de contenido al sistema electoral nicaragüense. En 2021, el gobierno encarceló a varios precandidatos presidenciales opositores, entre ellos Cristiana Chamorro, e inhabilitó a los principales partidos rivales, lo que llevó a buena parte de la comunidad internacional a desconocer los comicios de ese año por falta de legitimidad.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2025, entró en vigor una reforma constitucional que terminó de eliminar la independencia entre los poderes del Estado y formalizó el control conjunto de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ahora copresidenta. La misma reforma extendió los mandatos presidencial y legislativo de cinco a seis años y postergó hasta 2027 las elecciones generales que originalmente correspondían a este año.

El anuncio de julio generó una respuesta inmediata de Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó públicamente las declaraciones de Ortega a través de sus redes sociales, en un contexto de presión renovada por parte de Estados Unidos y la Unión Europea sobre Managua. Días después, el propio presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense, Gustavo Porras, matizó el anuncio al sostener que sí habrá elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según sus palabras, blindará al país de la injerencia extranjera y de quienes calificó como «traidores a la patria».

Detrás del debate sobre el futuro electoral hay un historial de represión que organismos de derechos humanos vienen documentando desde 2018, cuando una serie de protestas sociales terminó con una respuesta estatal que dejó más de trescientos muertos, según cifras de Naciones Unidas. Desde entonces, expertos internacionales han registrado ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, además del cierre o la confiscación de medios de comunicación, universidades y miles de organizaciones no gubernamentales.

El caso del periodismo independiente resulta particularmente ilustrativo. Según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia, con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2025 se contabilizaron el cierre o la confiscación de 61 medios de comunicación y la salida forzada de más de 300 periodistas nicaragüenses. Otro relevamiento de la misma organización eleva esa cifra a 310 comunicadores exiliados, de los cuales al menos 23 fueron despojados de su nacionalidad bajo distintas acusaciones de traición a la patria. Medios históricos como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y Radio Darío atravesaron procesos de congelamiento de cuentas, cancelación de licencias y allanamientos que terminaron por obligarlos a operar íntegramente desde el exterior.

La diáspora nicaragüense, radicada principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos, ronda las 400 personas entre activistas, religiosos, intelectuales y periodistas despojados de nacionalidad y bienes. Un grupo de siete periodistas espera desde mayo de 2025 una respuesta del gobierno español para acogerse al mismo mecanismo de protección que Madrid ofreció en 2023 a otros 222 nicaragüenses desterrados, sin éxito hasta ahora. A ellos se suma un colectivo más amplio, de al menos veinte comunicadores, que pidió la nacionalidad a países como España, Argentina, Chile y México por considerarse en una situación de apatridia de facto.

La represión, además, dejó de tener fronteras. En Costa Rica, donde reside la mayor concentración de exiliados nicaragüenses, el asesinato del mayor retirado del ejército Roberto Samcam en junio de 2025, ocurrido a balazos frente a su vivienda en San José, encendió las alarmas sobre lo que organizaciones locales ya denominan represión transnacional. Autoridades costarricenses alertaron durante el segundo trimestre de este año a varios periodistas exiliados sobre riesgos graves contra su vida e integridad, mientras crecen los reclamos para que San José refuerce los mecanismos de protección hacia esta comunidad.