Uruguay repunta en homicidios mientras la región mejora: qué dice el dato frente al resto de América Latina
El primer semestre de 2026 marcó un aumento del 6,6% en los homicidios uruguayos, en contraste con la caída general de la tasa regional durante 2025. El crimen organizado y las armas de fuego explican buena parte del salto, según el Ministerio del Interior.

Uruguay registró 195 homicidios entre enero y junio de 2026, doce más que en el mismo período del año anterior, según el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales que presentó el Ministerio del Interior. El aumento del 6,6% marca un quiebre respecto a la trayectoria que el país venía mostrando: en 2025 los homicidios habían bajado un 3,4% frente a 2024, cerrando el año con 369 casos y una tasa de 10,3 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la última década.
El dato importa no solo puertas adentro. Se conoce justo cuando la región en su conjunto atravesaba, en promedio, una mejora en sus indicadores de violencia letal. Según el último balance de InSight Crime, la organización especializada en crimen organizado y seguridad en América Latina, la tasa mediana de homicidios regional cayó más de un 5% en 2025, hasta ubicarse en 17,6 por cada 100.000 habitantes, luego de que en 2024 se hubieran contabilizado al menos 121.695 personas asesinadas en la región. El repunte uruguayo, entonces, no acompaña la foto general: va a contramano de ella.
La foto regional: una mejora que esconde extremos
El promedio regional, sin embargo, es engañoso. Detrás de esa leve mejora conviven realidades muy dispares: mientras países como Argentina, México o El Salvador consolidaron descensos sostenidos, un grupo reducido de naciones concentró subas pronunciadas que terminaron marcando la agenda de seguridad del año en toda América Latina. Ese contraste —entre una región que en conjunto mejora y focos puntuales que empeoran de forma severa— es la clave para entender también el caso uruguayo, que empieza a mostrar sus propios síntomas de ese segundo grupo.
Argentina, de hecho, es el ejemplo más claro de la otra punta: su tasa bajó levemente de 3,8 en 2024 a 3,7 en 2025, ubicándose entre los países más seguros de la región. Buena parte de esa caída se explica por el descenso de la violencia en Rosario, ciudad que durante años funcionó como epicentro del conflicto narco en el país: los homicidios allí pasaron de 92 en 2024 a 115 en 2025, cifra que —aunque subió respecto al año anterior— sigue siendo baja para los estándares de la última década.
Ecuador, el caso extremo de 2025
En el otro extremo está Ecuador, que encabezó el deterioro regional con una tasa de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia, un salto del 31,2% respecto a 2024. El dato tiene una explicación paradójica: buena parte del repunte está ligado al propio esfuerzo estatal contra el crimen organizado. La ofensiva militarizada del presidente Daniel Noboa logró capturar a decenas de líderes de alto perfil, entre ellos Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», cabecilla de Los Choneros, una de las principales organizaciones narcotraficantes del país.
Esas capturas, lejos de aquietar el escenario, desataron una nueva ola de violencia: Los Choneros se enfrentaron a su rival histórico, Los Lobos, por el control de Manabí, su bastión tradicional, y estos últimos ganaron terreno de forma significativa. El caso ecuatoriano ilustra un patrón que se repite en varios países de la región: la fragmentación de una estructura criminal dominante no necesariamente reduce la violencia a corto plazo, sino que puede multiplicar los frentes de disputa.
Haití, Guyana, Perú y Guatemala: el resto del podio
Haití, con una tasa de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta noviembre de 2025, se mantiene como el país más violento de la región, superando ya su propio récord de 2024 pese a que el conteo del año todavía estaba incompleto al momento de cerrarse el informe. Es, además, el único caso en el que la violencia no responde a una dinámica de Estado contra bandas, sino al vacío de autoridad estatal en amplias zonas del territorio, especialmente en la capital, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Completan el listado de mayores incrementos porcentuales Guyana (10,5%), Perú (9%) y Guatemala (en torno al 8%). En Guyana la tasa pasó de 14,1 a 15,6, y el propio gobierno atribuye el alza a conflictos personales antes que al crimen organizado, aunque distintos analistas apuntan al auge de la minería ilegal de oro en la región del Esequibo como un factor de fondo que empieza a traducirse en violencia. En Perú, el salto de 6,0 a 6,5 está directamente vinculado al crecimiento de la extorsión —en particular contra el gremio de transportistas— y a la proliferación de modalidades como los préstamos «gota a gota», que se consolidan como un motor cada vez más relevante de la inseguridad en ese país.
Dónde se ubica Uruguay en ese mapa
Uruguay está lejos, en términos absolutos, de esos niveles de violencia. Su tasa de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 es muy inferior a la de Ecuador o Haití, y se ubica en un rango más cercano al de países como Perú. En ese sentido, cualquier comparación directa de magnitudes sería engañosa: Uruguay no integra el grupo de países más violentos de la región, ni existe indicio de que vaya a hacerlo en el corto plazo.
Lo que sí empieza a asemejarse al patrón de esos casos es la dirección del cambio reciente: un repunte impulsado por las armas de fuego y el crimen organizado, más que por la delincuencia común o los conflictos interpersonales. Es la misma lógica que explica buena parte del deterioro en Ecuador, Guyana o Perú, aunque en una escala absoluta muchísimo menor.
Los números detrás del repunte uruguayo
El propio informe del Ministerio del Interior lo deja en evidencia. De los 195 homicidios registrados en el primer semestre de 2026, tres de cada cuatro fueron cometidos con armas de fuego, y los crímenes ejecutados con proyectiles alcanzaron las 146 víctimas, un crecimiento del 25% frente al año previo. Ese dato —el peso creciente de las armas de fuego como método— es, quizás, el indicador más parecido a lo que muestran los países que lideraron el deterioro regional en 2025.
El aumento no fue parejo a lo largo del semestre: se concentró en el segundo trimestre, entre abril y junio, con episodios de alto impacto que explican buena parte del salto estadístico. Mayo fue el mes con mayor cantidad de asesinatos, con 38 casos, nueve más que en el mismo mes de 2025. Entre los hechos que marcaron ese período se cuentan un quíntuple homicidio y un triple crimen vinculado a una boca de venta de drogas, ambos con las características típicas de un ajuste de cuentas del crimen organizado.
La geografía de la violencia: Montevideo y Canelones concentran la suba
Geográficamente, el repunte se explica casi por completo por dos departamentos: Montevideo y Canelones. En el resto del país el panorama es distinto e incluso opuesto: en Rivera y Durazno se registraron descensos significativos en la cantidad de homicidios durante el mismo período. Esa concentración territorial es consistente con el diagnóstico oficial, que vincula el alza a la dinámica del crimen organizado en la periferia del área metropolitana, y que llevó al Ministerio del Interior a anunciar un refuerzo de los patrullajes preventivos en las zonas de mayor vulnerabilidad de Canelones.
Es un patrón que también aparece, guardando las proporciones, en varios de los países relevados: la violencia letal rara vez se distribuye de manera uniforme dentro de un mismo territorio, sino que tiende a concentrarse en corredores logísticos, zonas de frontera o áreas en disputa entre estructuras criminales. En Costa Rica, por ejemplo, la provincia de Limón —pese a tener menos homicidios que San José en términos absolutos— exhibe una tasa de 37,7 por cada 100.000 habitantes, comparable a la de Ecuador a nivel país.
El contraste con los delitos patrimoniales
El resto del panorama delictivo uruguayo no acompaña la alarma que generan los homicidios. En el mismo semestre, las rapiñas bajaron 4%, al pasar de 8.087 a 7.762 casos, y los hurtos cayeron 7,5%, de 53.154 a 49.187 denuncias. Los homicidios por violencia basada en género, además, disminuyeron 16,7%, en línea con la baja del 41,7% que había mostrado ese indicador durante el primer año de gestión del ministro Carlos Negro.
Ese contraste —caída en los delitos contra la propiedad conviviendo con una suba puntual y focalizada de la violencia letal— también se repite en otros países de la región durante 2025. Es, de hecho, uno de los rasgos que distintos analistas destacan del año: la violencia organizada se volvió más selectiva y concentrada, incluso en contextos donde la criminalidad general retrocede.
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