El Ejército en los barrios: ¿hasta dónde pueden los militares hacer tareas policiales?

El gobierno de Yamandú Orsi confirmó este lunes que doce vehículos blindados Mamba del Ejército Nacional comenzarán a circular en los barrios del Cerro y Marconi de Montevideo, bajo el mando operacional de la Policía Nacional. La medida, acordada entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, abre un debate jurídico que Uruguay no había tenido que resolver desde el plebiscito fallido de 2019.

El anuncio lo realizó el ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes el jueves 18 de junio, aunque tomó estado público recién el lunes 22, tras ser publicado por el semanario Búsqueda. «Son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional», precisó Negro en la versión taquigráfica de esa sesión.

Los vehículos Mamba son unidades blindadas donadas por Estados Unidos en 2024, valuadas en aproximadamente 14 millones de dólares. Su nombre deriva del acrónimo en inglés Mine Resistant Ambush Protected: están diseñados para soportar emboscadas y explosiones de minas o artefactos improvisados. No son patrulleros adaptados; son material de guerra.

El problema que nadie quiso nombrar: los límites legales

La pregunta que el gobierno no respondió con claridad es quién conduce esos vehículos. El semanario Búsqueda informó que serán conducidos por militares. Ahí está el nudo jurídico.

Uruguay tiene una legislación muy precisa sobre cuándo los militares pueden cumplir funciones de seguridad interior. La Ley N° 19.677, aprobada por unanimidad en el Parlamento en octubre de 2018 y reglamentada en diciembre de 2019, habilita a las Fuerzas Armadas a patrullar, identificar personas, controlar vehículos y detener en caso de flagrante delito, pero exclusivamente en la franja fronteriza de 20 kilómetros, excluyendo los centros poblados.

También existe habilitación legal para el perímetro de los establecimientos carcelarios y para la Prefectura Naval en vías fluviales. Fuera de esos ámbitos, no hay norma que lo contemple.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, exsubsecretario del Ministerio del Interior, fue contundente: «La mera circunstancia de que un vehículo militar sea conducido por un funcionario militar ya requiere ley, porque eso ya implica intervenir en la gestión policial».

Abdala admitió que, si los vehículos fueran traspasados al Ministerio del Interior y conducidos por policías, el problema desaparece. Pero ese no parece ser el caso.

Lo que Larrañaga intentó en 2019

Este debate tiene un antecedente directo. En octubre de 2019, el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga impulsó el plebiscito «Vivir sin miedo«, que proponía, entre otras medidas, la creación de una Guardia Nacional compuesta por hasta 2.000 efectivos militares con capacitación para cumplir tareas policiales, dependientes del Ministerio de Defensa.

Larrañaga argumentaba que era necesaria una reforma constitucional precisamente porque la Constitución uruguaya no habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior en ámbitos urbanos. «El año pasado se aprobó una ley por la cual se encomendó a todas las Fuerzas Armadas funciones de policía en la zona fronteriza de 20 kilómetros», señalaba en esa campaña, subrayando ese precedente como piso mínimo que había que extender.

El plebiscito fue rechazado con el 46,7% de los votos, sin llegar al 50% requerido. Ganó en 14 de los 19 departamentos del país, pero perdió en Montevideo con apenas el 38,9% de adhesión.

El actual presidente Orsi, entonces intendente de Canelones, calificó la reforma como «una mala idea«. Hoy, desde la Torre Ejecutiva, impulsa por convenio interministerial lo que Larrañaga no pudo aprobar por vía constitucional.

El frenteamplismo defiende la medida, la oposición pide ley

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz sostuvo que la medida «no tiene nada que ver con conjuntar fuerzas, nada que ver con militarizar a la Policía, sino que es un apoyo logístico», y aseguró que los márgenes de acción estarán perfectamente definidos.

El senador del Partido Nacional Javier García fue más lejos: propuso crear un marco legal específico que proteja penalmente a los efectivos militares que participen en el esquema, argumentando que «es necesaria norma legal que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo como choferes, ante episodios de agresión y respuesta».

El senador colorado Andrés Ojeda respaldó la medida con una advertencia de fondo: «Uruguay no puede ser zona de una guerra narco a cielo abierto«.