ANEP reclamó a director de “El País” por periodista que se infiltró en asamblea docente
ANEP calificó de “improcedente” que un periodista del medio escrito se hiciera pasar por docente y pudiera incluso votar en una Asamblea Técnico Docente del liceo Dámaso Larrañaga.
El pasado 14 de junio, el diario El País publicó una nota del periodista Sebastián Cabrera en donde contaba cómo se hizo pasar por profesor para infiltrarse de forma irregular en una Asamblea Técnico Docente (ATD) del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga sin identificarse como periodista, llegando incluso a votar en las decisiones que se tomaron y a llevarse una copia del acta de esa instancia deliberante.
No falsificó ningún documento ni usurpó la identidad de una persona real: simplemente no dijo quién era y nadie se lo preguntó. O sea que no se le puede achacar delito alguno. Sin embargo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) le envió una carta dirigida al director de redacción de El País, Martín Aguirre Regules, a modo de protesta.
El director de ANEP, Pablo Caggiani, escribió en la misiva: “Me dirijo a Usted en virtud de la noticia publicada por el diario que usted dirige, con fecha 14 de junio de 2026, titulada Asamblea de profesores por dentro, en la que se informa que un periodista de El País ‘se infiltró’ en la Asamblea Técnico Docente (ATD) del liceo Dámaso, haciéndose pasar por docente y dando cuenta posteriormente de lo observado y escuchado en dicha instancia”.
Y agregó: “Es relevante expresar que las Asambleas Técnico Docentes (ATD) son órganos deliberantes de carácter consultivo y con derecho a iniciativa en temas pedagógicos y educativos. Estas Asambleas funcionan en cada centro, y por subsistema educativo, con la participación de los y las docentes de la ANEP teniendo la potestad de emitir opiniones y elaborar propuestas relacionadas con las políticas educativas, los planes y los programas de estudio”.
Un periodista se hizo pasar por docente del Liceo Dámaso, se infiltró en una asamblea y hasta votó
Un periodista se coló en una asamblea docente, votó resoluciones que irán a la ATD nacional y se…
Incluso está establecido por ley que las autoridades de la ANEP tienen la obligación de consultar a las ATD ante la modificación de planes o programas de estudio, prosiguió Caggiani en la carta.
Más adelante, el jerarca de educación dijo que la ANEP “mantiene un relacionamiento cotidiano con los medios de comunicación a lo largo y ancho del país” y con sus trabajadores, por lo que “se entiende improcedente cualquier intento de obtener información relacionada a las políticas educativas o al funcionamiento del sistema educativo que no se ajuste a las prácticas que saludablemente se vienen sosteniendo entre la Administración y los medios de comunicación”.
Un periodista se hizo pasar por docente del Liceo Dámaso, se infiltró en una asamblea y hasta votó
Un periodista se coló en una asamblea docente, votó resoluciones que irán a la ATD nacional y se…
El periodista infiltrado en la ATD del Dámaso
El periodista Sebastián Cabrera, del diario El País, desató una fuerte polémica en redes sociales tras confesar que se infiltró en una Asamblea Técnico Docente (ATD) haciéndose pasar por profesor. En su crónica, relata que participó en comisiones, votó en el plenario y se retiró con una constancia oficial sellada por Secundaria, sin que nadie le cuestionara su identidad.
Este accionar abre un doble debate: ¿constituye un ejercicio legítimo de periodismo de investigación o, por el contrario, traspasa límites éticos y legales en la búsqueda de clickbait?
En el plano jurídico, Cabrera no falsificó documentos ni suplantó a una persona real; se limitó a callar su oficio. Sin embargo, el análisis penal presenta matices:
Artículo 239 del Código Penal (falsificación ideológica): castiga a quien, ante un funcionario público, realice una declaración falsa activa sobre su identidad para obtener un documento público. Dado que nadie le preguntó directamente su condición, su silencio no encaja perfectamente en este tipo penal, lo que debilita una posible imputación.
Artículo 243 (uso de documento falso): tampoco resulta aplicable con claridad, porque la constancia no es un documento falsificado; fue extendida legítimamente por la autoridad competente. La irregularidad recae en la persona que la recibe, no en el papel en sí.
El caso de Cabrera deja más interrogantes éticos que certezas legales, ya que la normativa vigente no sanciona de forma explícita la omisión pasiva de información en este contexto, aunque su proceder sigue generando un intenso cuestionamiento sobre los límites de la profesión.
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