Suspendieron la cuenta de X del abogado Fabricio Bacigalupo, condenado por difamación

En las últimas horas, la plataforma X suspendió la cuenta @ElInformante_1, operada por el abogado uruguayo Fabrizio Bacigalupo. El perfil había sido señalado públicamente por varios actores jurídicos y periodísticos como una herramienta de difusión sistemática de desinformación y discurso de odio.

El abogado Juan Ceretta, quien había enfrentado ataques directos desde esa cuenta, alertó en repetidas ocasiones que Bacigalupo la utilizaba para continuar cometiendo los mismos delitos por los que ya había sido condenado.

La suspensión llega luego de años de denuncias y no sorprende a quienes siguen el extenso expediente judicial que este abogado acumula en Uruguay, construido de forma exclusiva a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Primera condena: difamación contra Enrique Amestoy

El primer proceso que derivó en sentencia condenatoria tuvo origen en abril de 2019, cuando Bacigalupo acusó públicamente en redes al activista y docente Enrique Amestoy de haber participado en secuestros cometidos en 1972, año en que Amestoy tenía exactamente tres años de edad. También lo llamó «un nazi tupamaro«. Las publicaciones fueron reiteradas a lo largo de un año.

La jueza penal de 34° turno, Marcela Vargas, lo condenó en julio de 2021 por el delito continuado de difamación. La pena fue de nueve meses de prisión en régimen de libertad a prueba, más cuatro meses de trabajo comunitario y restricciones de acercamiento y comunicación con la víctima. Como reparación simbólica, Bacigalupo debió grabar un video de disculpas y publicarlo en las mismas plataformas donde cometió el delito, con la obligación de mantenerlo visible durante toda la duración de la condena.

Denuncia de 16 mujeres y arresto domiciliario

Mientras cumplía esa condena, se conoció una segunda causa de gran magnitud. Un grupo de 16 mujeres de perfil público presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Flagrancia de 3° turno, a cargo de la fiscal María Silvia Pérez, por acoso sostenido en redes sociales. Los delitos imputados abarcaban incitación al odio, desprecio y violencia, injurias, difamación y diversas formas de violencia de género.

Entre las denunciantes se encontraban las legisladoras Silvia Nane, Bettiana Díaz y Verónica Mato, la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze, las periodistas Carolina García, Denisse Legrand y Ana Laura Pérez, la dirigente del Sindicato Médico del Uruguay Zaida Arteta, la abogada Alicia Deus y la directora de Comunicación de la Intendencia de Montevideo Ana de Rogatis, entre otras.

La investigación determinó que Bacigalupo no solo utilizaba su cuenta personal sino que operaba también cuentas que simulaban ser medios periodísticos: @Data24U, @DatayaUy e @Infoya_Uy. Su vinculación con esos perfiles quedó probada mediante los correos electrónicos de recuperación asociados y el número y modelo de celular empleados en todas las cuentas. La jueza María Noel Tornarelli dispuso arresto domiciliario mientras avanzaba la investigación.

Reincidencia y prisión efectiva

Estando bajo arresto domiciliario y con una condena vigente, Bacigalupo volvió a publicar contenido delictivo. El Poder Judicial respondió con una orden de captura de alcance nacional. El abogado pasó entonces a cumplir su pena de forma efectiva en prisión, convirtiéndose en un caso de referencia sobre los límites legales del discurso en redes sociales.

En diciembre de 2022 se dictó sentencia en la causa iniciada por las 16 mujeres. Bacigalupo fue condenado a seis meses de prisión por reiterados delitos de incitación al odio, desprecio y difamación, pena que cumplió bajo arresto domiciliario.

La actividad de la cuenta @ElInformante_1 continuó activa hasta su suspensión. En febrero de 2026, ese perfil fue identificado como la fuente primaria de una publicación que afirmaba falsamente que los expresidentes José Mujica y Tabaré Vázquez aparecían mencionados en los archivos de Jeffrey Epstein, acusación desmentida sin ambigüedades por medios de verificación que comprobaron que ninguno de los dos aparece en esa documentación.