El gobierno y el FA presentan proyecto para regular y controlar mejor las armas de fuego

El Ministerio del Interior prepara un decreto que fijará límites a la compra de municiones según el tipo de porte autorizado, en una medida que apunta a cortar el abastecimiento indirecto de armas ilegales en Montevideo y el área metropolitana.

El ministro Carlos Negro confirmó la iniciativa el martes 16 de junio en diálogo con el programa Arriba gente, de Canal 10. Explicó que el mercado de municiones «está absolutamente liberado» y que «regular esto es clave» para reducir los tiroteos recurrentes en distintas zonas de la capital y su periferia.

El decreto establecerá topes diferenciados según la finalidad del porte. Un cazador tendrá un volumen de compra autorizado distinto al de una persona que registró su arma exclusivamente para defensa personal domiciliaria. Esa distinción, que hoy no existe en la normativa, es el núcleo de la reforma administrativa.

La lógica que sostiene la medida parte de un diagnóstico interno de la cartera: una parte importante del parque de municiones ilegales que circula entre delincuentes no ingresa al país de forma clandestina, sino que proviene del robo a tenedores legales. Actuar sobre la tenencia legal, razona Negro, equivale a reducir el insumo disponible para quienes operan fuera de la ley.

Un problema de registro que va más allá del decreto

El decreto es solo una parte del paquete que el ministerio está impulsando. Negro transmitió formalmente a la bancada legislativa del Frente Amplio la necesidad de avanzar en cambios normativos que permitan a la Policía Nacional acceder de forma digital e inmediata al Registro Nacional de Armas, un organismo que hoy depende administrativamente del Ministerio de Defensa Nacional.

Esa fragmentación institucional genera un problema operativo concreto: ante una situación de flagrancia o control policial, los uniformados no pueden verificar en tiempo real si un arma está registrada o fue robada. La modificación legal que propone Interior busca corregir ese vacío.

El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, presentado en marzo de este año, ya contemplaba esta línea de trabajo. El documento oficial señala el diseño de una legislación para regular el mercado ilegal de armas y municiones, con foco en la trazabilidad y un sistema unificado y digitalizado de registro.

El contexto legislativo

La bancada del Frente Amplio tiene previsto presentar el proyecto de ley al Parlamento en las próximas horas. La iniciativa articula la vía decreto, que no requiere aprobación parlamentaria y puede ejecutarse de forma inmediata, con la vía legislativa, que permitiría modificaciones de mayor alcance y de carácter permanente.

El senador del Partido Nacional Javier García cuestionó la gestión de Negro y habló de «Estado fallido» en materia de seguridad. El ministro rechazó esa caracterización con dureza: «Son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho. Cuando en pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento.»

Negro también descartó cualquier posibilidad de renuncia con una frase que reprodujo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone: «Soy un privilegiado. Estoy donde siempre quise estar. Ni se me cruza por la cabeza.»

Cifras y alcance

Uruguay contabiliza aproximadamente 1,2 millones de armas individuales en circulación, según datos manejados en el debate legislativo de 2022. Alrededor de la mitad carecía de registro formal. Es sobre ese universo que las nuevas medidas buscan operar, reduciendo tanto la oferta de municiones como la opacidad del registro.

El plan de seguridad también contempla un programa de desarme voluntario con circuitos habilitados para la entrega de armamento sin consecuencias penales, aunque aún no se ha fijado fecha de lanzamiento.

La doble vía —decreto más proyecto de ley— refleja la urgencia que la cartera reconoce ante el problema. Según el propio ministerio, el objetivo de fondo no es aumentar penas ni cambiar nombres a delitos ya tipificados, sino atacar la cadena logística que alimenta la violencia armada en zonas urbanas.