Contralmirante denuncia plazos imposibles y ausencia de línea clara en caso Cardama

La Armada Nacional tiene un problema de base. Y no es solo la falta de las dos Patrulleras Oceánicas (OPV) que prometió el astillero español Cardama.

El problema, según declaró ante la comisión investigadora el contralmirante retirado Carlos Ruiz, es que se intentó gestionar un proyecto militar complejo “por control remoto o por mensaje de correo electrónico”. Su testimonio, al que accedió esta investigación, dibuja un escenario de descoordinación, plazos inverosímiles y decisiones clave que se tomaron sin dejar rastro escrito.

El día que pidieron un informe para 20 minutos después

Ruiz se desempeñó como director general de Material Naval y jefe de proyecto hasta que el expediente pasó a órbita directa del Ministerio de Defensa. Allí vivió una situación que considera reveladora del método de trabajo.

Un día cualquiera, a las 17.20, le ordenaron presentarse a las 17.40 en el Ministerio. Los anfitriones eran Damián Rojas y Daniel Marsiglia, asesores de la ministra Sandra Lazo. El pedido fue verbal y directo: necesitaban un informe.

“Ahí nos piden un informe, que originalmente iba a ser para el viernes, pero luego dijeron: ‘Mejor capaz que para el jueves’”, declaró Ruiz ante los legisladores. La presión no terminó ahí. Al día siguiente, mientras trabajaba en la documentación, el entonces encargado de despacho de la Armada, José Luis Elizondo, lo llamó para decirle que ya estaban “preguntando por el informe”.

“Fue un pedido verbal; no hubo nada por escrito”, sentenció el contralmirante ante la comisión. Esa frase, dicha en el Parlamento, es un golpe directo a la trazabilidad que exige cualquier proceso de supervisión de fondos públicos.

La reunión del 13 de junio y los que siguieron hablando

El diputado Wilson semanas atrás había dado a conocer una reunión ocurrida el 13 de junio en el Ministerio de Defensa. Ruiz aportó ahora un detalle que cambia el foco: el entonces ministro Javier García no estuvo presente.

Según su relato, los uniformados —él mismo, Wilson, Héctor Magliocca y Marcelo da Silva— hablaron de asuntos técnicos y se retiraron. Pero el subsecretario Rivera Elgue, Fabián Martínez, Damián Galó y los civiles Mario Cardama y Gerardo Moreira se quedaron. “Siguieron”, dijo Ruiz, sin necesidad de agregar más. La insinuación es clara: la parte política y los contratistas continuaron deliberando sin testigos militares.

El plano de la cuaderna maestra y los 8,2 millones de euros

El corazón técnico del escándalo es una aprobación que liberó un pago de 8,2 millones de euros y dejó firme una carta de crédito del BROU al Deutsche Bank para los pagos siguientes.

Ruiz explicó que recibió el 27 de febrero una comunicación de Cardama que incluía un certificado de Lloyd’s aprobando el plano de la cuaderna maestra. Sin embargo, al consultar a Marcelo da Silva (asesor del comandante) sobre cómo proceder, la respuesta lo dejó helado: la nota de aprobación ya había sido enviada.

“Me entero ahí, en un intercambio por WhatsApp, que ya había sido enviada”, declaró Ruiz. Horas después recibió la nota firmada por el almirante Wilson.

La contradicción es total y ya forma parte de una investigación administrativa de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Wilson dijo ante los investigadores que el 26 “recibimos el diagrama de la cuaderna maestra y los tres contratos. El director de Material Naval me informó que estaba cumplido y se liberó el pago”. Ruiz jura que el documento llegó al otro día y que la decisión ya estaba tomada cuando él se enteró.

“Yo voté para tener un barco, no a Cardama”

Entre las frases más contundentes de su comparecencia, Ruiz soltó una que resume la frustración operativa de la Armada: “Yo no voté a Cardama como A, B o C. Yo voté para tener un barco. Yo necesito estar en el agua. Si la Armada no está en el agua, no tiene sentido”.

Esa declaración no es un simple lamento. Es la constatación de que el debate político y judicial —con una rescisión contractual ya formalizada en febrero de 2026, denuncias penales por posible estafa y un arbitraje internacional iniciado por el astillero gallego— dejó en segundo plano la necesidad estratégica.

Lo que viene: un arresto y un recurso al TCA

La ministra Lazo le impuso 15 días de arresto a Ruiz por demorarse en brindar información. El contralmirante anunció que recurrirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Su defensa sostiene que los plazos fueron imposibles y que nunca recibió instrucciones formales por escrito.

El caso Cardama ya no es solo un escándalo de contrataciones directas y garantías falsas. Es también una grieta interna en la cúpula militar sobre quién aprobó qué, cuándo y con qué respaldo técnico. Mientras tanto, el agua sigue ahí. Y la Armada, todavía en tierra.