Balotaje en Perú: La ultraderechista Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por 651 votos

Perú no tiene presidente electo, pero la mitad de su electorado se sintió seducido por la nueva corriente de ultraderechas que sobrevuela sobre América Laatina. En la madrugada del jueves 11 de junio de 2026, el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró un giro que pocos esperaban a esa hora: Keiko Fujimori, candidata ultraderechista de Fuerza Popular, superó a Roberto Sánchez, del movimiento de izquierda Juntos por el Perú, y tomó la delantera por primera vez desde el lunes.

La diferencia es de 651 sufragios sobre un universo de más de 18 millones de votos válidos. Con el 98,215% de las actas contabilizadas, el marcador oficial quedó en 50,002% para Fujimori frente a 49,998% para Sánchez. En términos absolutos: 9.032.651 contra 9.032.000 votos. Una distancia que, en términos estadísticos, equivale a medio punto de ventaja sobre el 0,004% del padrón.

El voto desde el exterior empujó el péndulo a la ultraderecha

El factor que revirtió días de ventaja sostenida de Sánchez fue el voto en el extranjero. Según el propio conteo de la ONPE discriminado por continente, Fujimori arrasó fuera del territorio nacional: en Oceanía obtuvo el 64,1% de los sufragios, con una tendencia similar en Europa y América del Norte.

En Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de las actas observadas pendientes, la candidata de Fuerza Popular acumula el 63,49% de los votos válidos.

Antes de conocerse ese resultado, la propia Fujimori había anticipado el escenario. El martes 9 de junio, al salir de su domicilio en Lima, declaró a la prensa que había «mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo». No se equivocó.

¿Qué queda por resolver en Perú?

El número que determina si este resultado se consolida o se revierte es 1.635: las actas que permanecen en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE), más 21 pendientes de procesamiento directo. Esas actas no integran todavía el cómputo oficial de la ONPE por haber presentado observaciones durante la jornada del 7 de junio, que van desde inconsistencias en firmas hasta datos ilegibles.

El proceso que sigue no es automático. Cada acta observada es sometida a una audiencia pública con representantes de ambos partidos antes de que el JEE emita un veredicto sobre su validez.

Las organizaciones políticas tienen derecho a apelar cada resolución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la última instancia electoral del país. Según declaró el propio presidente del JNE, Roberto Burneo, los resultados definitivos de la segunda vuelta se conocerán «casi un mes después del día de la votación», lo que sitúa la proclamación oficial alrededor de mediados de julio.

Un balotaje que nadie anticipó así

La segunda vuelta no estaba diseñada para ser tan estrecha. En la primera vuelta del 12 de abril, Fujimori obtuvo el 17,192% de los votos válidos en un campo de 35 candidatos, mientras Sánchez alcanzó el 12,039%, pasando al balotaje por apenas un margen sobre Rafael López Aliaga. Esa fragmentación extrema del voto significó que ninguno de los dos llegó con una base electoral consolidada.

Sánchez dominó el conteo durante los primeros cuatro días de escrutinio, sostenido por el voto rural del sur y del centro del país, territorios históricamente favorables a candidaturas de izquierda. Fujimori recortó la diferencia de forma constante desde la madrugada del martes: la brecha, que llegó a superar los 38.000 votos, fue cayendo actualización tras actualización a medida que ingresaba el voto capitalino y el exterior.

Lo que la ley establece

En el sistema electoral peruano no existe el concepto de «empate técnico» ni un margen mínimo para proclamar ganador en segunda vuelta. Basta un solo voto válido de diferencia para definir la presidencia. Tampoco hay un mecanismo de recuento automático: si alguna de las partes cuestiona el resultado, debe hacerlo a través de recursos de nulidad ante el JNE dentro de los plazos establecidos.

Roberto Sánchez, por su parte, no ha emitido declaraciones cuestionando el proceso. Fujimori, que en 2021 interpuso impugnaciones durante semanas tras perder ante Pedro Castillo, esta vez apostó públicamente a la mesura. «Esperar los resultados oficiales es lo lógico y responsable«, afirmó el martes.

Mientras la ONPE procesa las últimas actas y los JEE revisan las observadas, Perú permanece en un compás de espera que, según todas las proyecciones institucionales, se extenderá al menos por las próximas tres semanas.

Keiko Fujimori nunca ha aceptado que su padre fue un genocida

Keiko nunca ha reconocido que su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, haya cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio o violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por el contrario, lo ha defendido en todo momento como un héroe que salvó al Perú del terrorismo y la hiperinflación, mientras descalifica las sentencias judiciales en su contra como “justicia política” o producto de una persecución. Pero lo era, o al menos así lo dictaminó la Justicia peruana.

La condena más grave contra Alberto Fujimori llegó en 2009: 25 años de prisión como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos (1991, 15 muertos) y La Cantuta (1992, nueve estudiantes y un profesor asesinados), además de secuestros agravados. En ambos casos actuó el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte dentro del Ejército. La justicia peruana y organismos internacionales calificaron estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

A ellos se suma un programa de esterilizaciones forzadas ejecutado durante su gobierno, que afectó a decenas de miles de mujeres, en su mayoría indígenas y rurales, muchas de ellas sin consentimiento. Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han considerado estas prácticas como crímenes de lesa humanidad, y algunos análisis las equiparan a genocidio o limpieza étnica por su carácter dirigido contra poblaciones específicas.

La estrategia de Keiko: negación, minimización y reivindicación del legado

 

Keiko Fujimori ha desplegado una defensa sistemática de su padre. Cuestiona la figura legal de “autoría mediata” usada en su condena y tacha los fallos de fabricados o políticos. Sobre las esterilizaciones forzadas, en 2021 negó que hubieran sido tales, dijo que el caso se llama “erróneamente” así y que solo existen “algunas denuncias”. Ofreció reparaciones únicamente “si hay alguna” víctima real, un gesto que para sus críticos minimiza la magnitud del daño.

Como congresista y dos veces candidata a la presidencia, lideró los esfuerzos para lograr el indulto y la liberación de su padre. Ha reivindicado la década de 1990 como “el rescate del Perú” y prometió gobernar con “mano dura”, en clara alusión a su estilo. Tras la muerte de Alberto Fujimori en 2024, lo despidió públicamente y mantiene su imagen como emblema político.

En campaña, evita ahondar en las violaciones de derechos humanos o las minimiza como “excesos necesarios” en la lucha contra Sendero Luminoso. Cualquier intento de tildar a su padre de dictador o genocida es rechazado de plano por la lideresa de Fuerza Popular.