Argentina: Adorni, Angeletti, Sturzenegger y Espert se acogen al régimen de “inocencia fiscal”
Lejos de dar explicaciones sobre los orígenes opacos de sus dineros, los funcionarios del gobierno de Milei se acogieron a una ley —diseñada y aprobada por el mismo gobierno— para quedar totalmente impunes.
El jefe de Gabinete del gobierno argentino, Manuel Adorni, se registró este 10 de junio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, previsto en la Ley 27.799.
La adhesión se produjo mientras el funcionario enfrenta una causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y acumula semanas de demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial.
Diez días antes, el 31 de mayo, había realizado el mismo trámite su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Según la constancia emitida por la ARCA, la incorporación de Angeletti corresponde al período fiscal 2025 y tiene vigencia hasta el 9 de julio.
El mecanismo al que recurrió el matrimonio permite exteriorizar ingresos y activos no informados previamente sin consecuencias penales tributarias ni antecedentes impositivos.
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Una ley diseñada para favorecer a los suyos
La ley establece que sus beneficios operan exclusivamente en el plano fiscal y no alcanzan las investigaciones por lavado de activos ni las causas penales vinculadas al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. La constancia de ARCA registra a Angeletti bajo la categoría autónoma T2, con ingresos declarados desde 20.001 pesos anuales.
El mismo organismo confirma la inscripción de Adorni en la jornada de hoy, sumando al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como otro integrante del gabinete nacional registrado en el mismo régimen, según reportaron medios argentinos.
La normativa fue presentada en Casa Rosada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al entonces diputado nacional José Luis Espert, quien actualmente preside la Cámara de Diputados y enfrenta investigaciones judiciales propias por presunto lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
El presidente Javier Milei celebró públicamente su aprobación como una medida para, en sus propias palabras, «devolver la libertad».
El expediente judicial que rodea a Adorni
La causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py apunta a establecer si la evolución patrimonial de Adorni desde que asumió el cargo se corresponde con ingresos de origen lícito y declarado. Las inconsistencias detectadas por la instrucción judicial oscilan entre 725.000 y 1.000.000 de dólares, según fuentes del expediente.
Entre los elementos analizados figura la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en 2025: el matrimonio abonó 30.000 dólares en efectivo y solicitó una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses a dos jubiladas que actuaron como vendedoras.
A esa operación se agrega la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cua, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, valuada en 120.000 dólares. Según el expediente, en 2024 el matrimonio entregó 20.000 dólares en efectivo y tomó una hipoteca de 100.000 dólares con una policía retirada y su hija.
Las acreedoras declararon ante la Justicia que Adorni aún les adeuda 70.000 dólares de esa operación. El constructor Matías Tabar declaró por su parte que el funcionario le abonó 245.000 dólares en efectivo, sin solicitar factura, por la refacción de la vivienda en ese mismo country.
En mayo, la fiscalía de Pollicita incorporó un nuevo eje al expediente: el hallazgo de operaciones en plataformas de criptomonedas a nombre de Adorni y Angeletti, así como de las sociedades que ambos integran, tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero. La Justicia analiza la trazabilidad de esos activos digitales y estudia si pueden derivar en requerimientos adicionales a proveedores de servicios de pago.
Los millonarios consumos del matrimonio y la situación tributaria de Angeletti
Otro elemento del expediente refiere al nivel de gasto cotidiano del matrimonio. Durante 2025, Adorni y Angeletti registraron consumos con tarjeta de crédito superiores a los 85 millones de pesos, equivalentes a cerca de siete millones mensuales. En ese mismo período, el sueldo del funcionario como jefe de Gabinete rondaba los 3,5 millones de pesos, mientras que Angeletti continuaba figurando ante el fisco como monotributista.
El domicilio fiscal que Angeletti declaró ante la ARCA corresponde a un departamento en la Avenida Asamblea 1132, en la ciudad de Buenos Aires, inmueble en el que el matrimonio residía antes de concretar la compra del departamento en Caballito.
La investigación que la involucra directamente es conducida también por el juez Lijo y el fiscal Pollicita, quienes buscan determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública a partir de los vínculos comerciales entre la empresa +Be —vinculada a Angeletti— y firmas con contratos vigentes con el Estado nacional.
La situación de la esposa del funcionario tiene un agravante desde el punto de vista de la instrucción: la adhesión al régimen de inocencia fiscal plantea, según los investigadores, nuevos interrogantes sobre sus ingresos y los movimientos de dinero registrados durante el período bajo análisis.
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La causa de Espert: beneficiarse de la ley que él mismo impulsó
José Luis Espert, autor parlamentario de la norma que ahora ampara a varios integrantes del gobierno, enfrenta dos expedientes judiciales abiertos en su contra. En la Justicia Federal de San Isidro, el juez Lino Mirabelli delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez, quien ordenó allanamientos al domicilio del funcionario en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires y al estudio de su excontador. El objeto de esa causa es un posible enriquecimiento ilícito.
En forma paralela, en los tribunales de Retiro tramita desde 2021 una investigación por lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento, vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2019 de Espert. La Cámara Federal rechazó en mayo de este año el planteo del funcionario para trasladar esa causa a San Isidro, por lo que el expediente continúa en Comodoro Py. Espert ya solicitó en dos oportunidades su sobreseimiento en ese caso, sin obtener resultado favorable.
Vista rápida a la ley
La Ley 27.799, cuya vigencia comenzó el 2 de enero de 2026, reformó el régimen penal tributario e introdujo modificaciones en la ley de procedimiento fiscal 11.683. Entre sus disposiciones centrales figuran la elevación de los umbrales de punibilidad para los delitos tributarios, la reducción de los plazos de prescripción en determinadas circunstancias.
Adicionalmente, crea de un mecanismo de regularización que permite extinguir la acción penal mediante el pago de la obligación más un 50% adicional en concepto de multa. La norma también establece que los montos se actualizarán anualmente por UVA a partir del 1 de enero de 2027.
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