Impuestos a los grandes capitales: ¿Es Uruguay un escondite para ultrarricos?

Mientras California avanza hacia un referéndum que podría imponer un gravamen del 5% sobre el patrimonio neto de sus multimillonarios, los movimientos de capital hacia el Cono Sur se aceleran. La compra de cinco lotes en Punta del Este por parte de Peter Thiel —cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley— por unos 10 millones de dólares no es un episodio aislado. Es la expresión más reciente de una tendencia que lleva años tomando forma.

La iniciativa denominada 2026 Billionaire Tax Act fue impulsada por el sindicato SEIU-UHW y está destinada al referéndum del 3 de noviembre de 2026. Recogió 1,6 millones de firmas —casi el doble de las 874.641 exigidas— para acceder a la boleta electoral.

El mecanismo es directo: un impuesto único equivalente al 5% del patrimonio neto de cada residente californiano con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares al 1° de enero de 2026. El pago vence en 2027, aunque puede distribuirse en cinco cuotas anuales con un costo adicional. Quedan excluidos bienes raíces, pensiones y cuentas de jubilación.

El número que sostiene el argumento político es contundente. La riqueza colectiva de los aproximadamente 200 multimillonarios californianos creció un 158% en los últimos tres años, pasando de cerca de 840.000 millones a más de 2,2 billones de dólares. Con ese piso, la recaudación proyectada por el Instituto sobre Impuestos y Política Económica (ITEP) llega a unos 100.000 millones de dólares en cinco años.

La motivación detrás del proyecto es defensiva: compensar los recortes federales al programa Medicaid —unos 30.000 millones de dólares anuales menos para California— que podrían dejar a millones de residentes sin cobertura médica.

Por qué es difícil de aplicar

La ley contiene reglas anti-elusión diseñadas para anticipar movimientos previsibles: no permite reducir la base imponible transfiriendo patrimonio a hijos, constituyendo fideicomisos o vendiendo activos por debajo del valor de mercado. Sin embargo, enfrenta un obstáculo que las cláusulas no resuelven: la movilidad del capital y de las personas.

El gobernador Gavin Newsom, pese a compartir el diagnóstico sobre la desigualdad, advirtió que la medida podría dañar la economía estatal si desencadena una salida de los contribuyentes de mayor patrimonio.

La ley fija el corte en residentes al 1° de enero de 2026 —lo que en teoría alcanza a quienes ya se mudaron después de esa fecha— pero los expertos en derecho tributario señalan que su constitucionalidad será disputada ante los tribunales, incluida eventualmente la Corte Suprema federal.

El régimen uruguayo en 2026: más exigente, pero todavía muy atractivo

Nos movemos más de 10.000 kilómetros al sur de California en un lugar que, en un principio, puede parecer impensado, pero no lo es tanto. Uruguay no es un paraíso fiscal en el sentido clásico: de hecho, estuvo en listas grises de paraísos fiscales en el pasado y ha tenido que sostener políticas de Estado, de un gobierno a otro, de izquierda y de derecha, para regresar a esos clubes poco agradables.

Es un Estado con instituciones sólidas, baja corrupción relativa en la región y sistema tributario formal. Lo que ofrece es distinto: un régimen territorial que, bien gestionado, permite a grandes patrimonios con rentas generadas en el exterior diferir o reducir significativamente su carga impositiva durante años.

La Ley 20.446 —el presupuesto nacional 2025-2029 aprobado bajo el gobierno de Yamandú Orsi— introdujo cambios sustanciales desde el 1° de enero de 2026. El beneficio central sigue siendo la «tax holiday«: una exoneración de 10 años sobre rentas de capital de fuente extranjera para quienes obtengan residencia fiscal. Pero las condiciones de acceso se endurecieron.

Ya no alcanza con demostrar presencia de 60 días en el territorio. Ahora se exige cumplir al menos una de estas condiciones: permanecer más de 183 días al año en Uruguay, invertir en bienes raíces por un valor mínimo equivalente a unos 2 millones de dólares, o canalizar al menos 100.000 dólares anuales en fondos de capital de riesgo orientados a proyectos productivos o de innovación.

Quienes no accedan a la exoneración pagan un 12% sobre las rentas pasivas del exterior —dividendos, intereses, ganancias de capital—, una tasa que sigue siendo notablemente inferior a la carga impositiva combinada de jurisdicciones como Argentina, España o California.

Galperín, Thiel y la geografía del capital global

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, fijó su residencia fiscal en Uruguay en 2019 y se convirtió en el caso más visible de una corriente que involucra a empresarios, ejecutivos del sector tecnológico y operadores del ecosistema cripto. Pero la lista es muchísimo más amplia.

Punta del Este es uno de los lugares más notorios: el puerto de yates no tiene una amarra más disponible; embarcaciones de lujo (muchas de ellas patentadas y registradas legalmente en paraísos fiscales, para pagar menos impuestos) pasan sus veranos e inviernos atadas en la costa fernandina. Torres de lujo se construyen todos los meses, y se ven cada vez más autos de ultralujo, muchos de ellos, con patente uruguaya pero otros también con placas argentinas.

La compra de Thiel en el complejo Fasano Las Piedras —480 hectáreas junto a la playa en la zona de La Barra, con cancha de golf diseñada por Arnold Palmer y club de polo— no implica necesariamente una transferencia de residencia fiscal. Pero es coherente con un patrón de diversificación patrimonial y geográfica que caracteriza al capital de ultra alto patrimonio neto en un momento de presión fiscal creciente en el mundo desarrollado.

Según actores del mercado inmobiliario uruguayo consultados por LARED21, el perfil del comprador extranjero en segmentos premium cambió en los últimos dos años: junto a los tradicionales brasileños y europeos, crecieron las adquisiciones de figuras vinculadas al mundo fintech y cripto, entre ellos Paolo Ardoino, CEO de Tether (La compañía anunció un proyecto para minar criptomonedas utilizando las capacidades de energía renovable de Uruguay), y Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá.

En ese contexto, Sebastián Serrano, cofundador y CEO de Ripio, fue tajante al ofrecer su consejo a sus colegas de las altas esferas financieras: “A los emprendedores tech que evalúan irse de California por el impuesto a la riqueza: consideren Uruguay”.

Lo que Uruguay ofrece que otros no tienen

La ventaja competitiva uruguaya no se reduce a impuestos. La combinación de estabilidad jurídica, baja conflictividad política, infraestructura digital avanzada para la región y calidad de vida —Punta del Este como epicentro del real estate de lujo— forma un paquete que resulta difícil de replicar en América Latina.

El propio diseño de la reforma 2026 lo confirma: al elevar el umbral de inversión exigida, el gobierno Orsi no eliminó el atractivo para grandes patrimonios, sino que lo redefinió. Uruguay dejó de competir por residentes de patrimonio medio-alto y apunta a los de mayor capital disponible, quienes pueden cumplir sin dificultad el requisito de los 2 millones de dólares en bienes raíces.

El resultado es una paradoja visible: un gobierno de izquierda que necesita recaudación para financiar gasto social mantiene —con condiciones más selectivas— un régimen que atrae precisamente al segmento de riqueza que las políticas redistributivas buscan gravar en otras latitudes.