Banco Mundial aprueba US$ 300 millones para mejorar competitividad y empleo en Uruguay

El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo de US$ 300 millones para Uruguay destinado a financiar reformas de competitividad, inversión privada y empleo. La operación incluye un mecanismo de desembolso diferido para emergencias y se suma a la agenda de reformas microeconómicas que el gobierno uruguayo impulsa desde 2025.

El préstamo, denominado oficialmente “Fortalecimiento de la Competitividad, la Inversión Privada y el Empleo”, fue aprobado por el directorio ejecutivo del organismo multilateral el 14 de septiembre de 2026. Según la información difundida por el Banco Mundial, el financiamiento tiene un plazo de reembolso de seis años y medio y un período de gracia de dos años y medio.

La operación se estructura como un Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPF, por sus siglas en inglés) con Opción de Desembolso Diferido (DDO). Este instrumento, según ha documentado el Banco Interamericano de Desarrollo, permite a los países acceder a liquidez ante shocks económicos sin interrumpir su agenda de reformas. Uruguay ya ha utilizado esta modalidad en operaciones anteriores con el Banco Mundial.

Los ejes de la reforma: comercio, aduanas y financiamiento

El comunicado del Banco Mundial detalla las medidas que el crédito busca respaldar. Entre ellas se destacan la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la simplificación de trámites aduaneros y la ampliación del acceso al financiamiento para las empresas.

En el plano comercial, el gobierno uruguayo ha avanzado en la implementación de la autocertificación de origen para exportaciones dirigidas al Mercosur y la Unión Europea, una medida que otorga mayor agilidad a los exportadores locales. También se eliminaron la tasa ANSE para importaciones y los adelantos especiales del IRAE, según detalló el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, en un evento con la Cámara de Comercio en marzo de 2026.

En materia de incentivos, la estrategia oficial apunta a reorientar los estímulos a la inversión hacia proyectos de mayor innovación y a mejorar la contratación formal de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. A través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), el Ministerio de Economía prioriza proyectos que generen empleo en sectores como la producción sostenible y el desarrollo tecnológico.

El contexto fiscal y macroeconómico

La operación no se limita a la agenda de competitividad. El Banco Mundial señaló que, en paralelo, las reformas fortalecen el marco fiscal del país con nuevas reglas para la deuda y el resultado fiscal, mayor autonomía del Consejo Fiscal Autónomo y medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema previsional.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que “la economía es pequeña y abierta, y está expuesta a shocks externos. Por este motivo, fortalecer la resiliencia macro financiera y fiscal es una prioridad estratégica”. Oddone añadió que “ahora, con una macroeconomía sólida el desafío está en las reformas microeconómicas para mejorar la competitividad”.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, encabezó la presentación de la operación. Cordeiro Guerra, primera mujer latinoamericana en ocupar ese cargo y con un doctorado en Ciencia Política por el MIT, afirmó que “Uruguay construyó una base de estabilidad y solidez institucional que pocos países de la región han logrado”.

“El desafío ahora es aprovechar esa fortaleza para convertir Uruguay en un país más competitivo con una economía más productiva que genera más empleos de calidad. Esta operación respalda al país en ese próximo salto”, sostuvo la vicepresidenta.

Los indicadores laborales uruguayos muestran una tasa de desempleo del 7,4% en el primer semestre de 2026, lo que representa una mejora de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística citados por la agencia EFE. En julio de 2026, la tasa de desempleo se situó en 7,0%, con una tasa de empleo del 59,6%.

En materia de inversión extranjera directa, Uruguay cerró 2025 con US$ 791 millones (equivalentes a un 0,9% del PIB, o cerca de US$ 717 millones en valores ajustados), en un contexto de cambios tributarios que generaron incertidumbre entre los inversores. La Unión Europea se mantiene como el principal inversor extranjero en el país, con una fuerte presencia en sectores clave como la forestación, la energía y los servicios globales.

Lo que sigue: reformas microeconómicas en marcha

. La normativa incluye la reglamentación de declaraciones juradas y el silencio administrativo positivo para agilizar trámites, el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones extranjeras y la actualización del Código Aduanero.

El director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga, fue explícito sobre el alcance del acuerdo Mercosur-UE: “no va a mejorar por sí solo la competitividad y la innovación en el país”, dijo, y subrayó que necesita “ser acompañado de cambios normativos para poder aprovechar esta apertura al mundo”.