La República Democrática del Congo lleva a Ruanda ante la CIJ por genocidio y 30 años de saqueo de recursos

El Gobierno de la República Democrática del Congo presentó, en junio de este año, una demanda formal contra Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La acción legal señala a Kigali por cometer actos genocidas y graves violaciones de los derechos humanos en las provincias orientales del territorio congoleño.

Desde que estallaron los grandes conflictos y crisis humanitarias a finales de los años noventa —como la Segunda Guerra del Congo— y a raíz de la violencia que aún golpea al este del país, se calcula que en la República Democrática del Congo (RDC) han muerto más de 6 millones de civiles.

Contexto, cifras, y un caso de tragedia humana poco cubierto por los medios masivos

Víctimas a lo largo de los años: Los enfrentamientos armados que arrancaron en 1998 han dejado entre 5,4 y más de 6 millones de muertos. La mayoría fueron víctimas indirectas: el hambre, las enfermedades y el desmoronamiento de la sociedad provocados por una guerra librada, en el fondo, por el control de los recursos naturales.

Desplazamiento en la actualidad: La violencia que no cesa, ejercida por grupos armados como el M23 y por milicias locales, ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares dentro del propio país. En la reciente emergencia humanitaria se habla de cerca de 7 millones de desplazados internos.

Un repunte reciente: En provincias como Kivu Norte e Ituri, los ataques armados siguen segando cada mes la vida de cientos de civiles más, pese a los reiterados llamamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Qué dice la denuncia

El escrito acusatorio sostiene que las agresión se ha mantenido de forma ininterrumpida desde 1996 hasta la actualidad. Según la documentación oficial, el Estado ruandés operó mediante incursiones directas de sus Fuerzas Armadas y a través de la financiación de grupos armados rebeldes.

La representación jurídica de Kinsasa fundamentó su reclamo en la ruptura de cuatro acuerdos multilaterales esenciales. Entre ellos figuran la Convención contra el Genocidio de 1948 y la Convención contra la Tortura de 1984, aprobadas bajo el marco de las Naciones Unidas.

El documento elevado al tribunal incluye también infracciones a la Convención sobre Discriminación Racial de 1965 y a la Convención sobre Discriminación contra la Mujer de 1979. Las autoridades denuncian un patrón sistemático de violencia dirigido contra la población civil.

En el escrito formal, el Ejecutivo congoleño afirma: “Durante más de tres décadas, las poblaciones civiles del este de la RDC han sido sometidas a masacres, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados y discriminación basada, entre otras cosas, en el origen étnico y el sexo”.

Milicias aliadas y el control sobre los minerales estratégicos

La demanda precisa que Kigali ha instrumentado sus operaciones a través de diversos brazos paramilitares en la región. Entre las organizaciones señaladas figuran la Alianza del Río Congo junto al Movimiento 23 de Mayo, conocido como M23.

El expediente también responsabiliza a facciones históricas como la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, la Agrupación Congoleña para la Democracia y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo.

Los ataques documentados por el Ministerio de Comunicación afectaron de manera directa a comunidades locales y a campamentos de refugiados hutus ruandeses asentados en suelo congoleño tras las crisis humanitarias de la década de 1990.

Sobre la gravedad de estas incursiones, la representación legal de Kinsasa enfatizó: “Estas operaciones se dirigieron, entre otros objetivos, contra campos de refugiados, aldeas y centros urbanos en la parte oriental del país, causando pérdidas masivas de vidas humanas, desplazamientos a gran escala de poblaciones civiles y sufrimientos de una magnitud excepcional, en violación de las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.

Más allá de los argumentos de seguridad fronteriza esgrimidos por el presidente Paul Kagame, la acusación sostiene que existe una motivación económica subyacente. El trasfondo del conflicto radica en la explotación ilegal de yacimientos mineros ricos en coltán y casiterita, insumos indispensables para la industria tecnológica global.

Antecedentes en La Haya y exigencia de reparaciones integrales

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia confirmaron la recepción de la demanda y la documentación probatoria en los Países Bajos. Los portavoces del tribunal aclararon que el demandante no solicitó medidas cautelares de emergencia en esta primera fase del proceso.

La iniciativa judicial representa el tercer intento de la administración congoleña por juzgar a su vecino ante este órgano. Las demandas interpuestas previamente en 1999 y 2002 fueron desestimadas por los magistrados debido a deficiencias de competencia jurisdiccional.

El actual escrito precisa que la acción no busca revisar el genocidio tutsi de 1994, un hecho que el gobierno del presidente Félix Tshisekedi ratifica y condena. La causa se enfoca de manera exclusiva en los delitos internacionales perpetrados posteriormente dentro de las fronteras de la RDC.

Al atribuir a Ruanda responsabilidad estatal internacional, Kinsasa exige que el tribunal ordene el cese inmediato de las hostilidades. La petición incluye la obligación de otorgar garantías de no repetición y fijar una reparación económica integral para las víctimas.

Escalada en el frente militar y el colapso de las treguas

El recurso ante la justicia internacional coincide con un severo deterioro del panorama militar en Kivu del Norte y Kivu del Sur. A finales de enero de 2025, los rebeldes del M23 tomaron el control de la ciudad estratégica de Goma, desalojando a las tropas gubernamentales.

Semanas después del repliegue militar, la milicia armada ocupó la localidad de Bukavu, consolidando el dominio rebelde en los centros urbanos clave de la frontera oriental.

Las acciones armadas se mantuvieron a pesar de las gestiones diplomáticas internacionales. El pasado 4 de diciembre, los presidentes Tshisekedi y Kagame firmaron un acuerdo de paz en Washington, bajo la supervisión del mandatario estadounidense Donald Trump, ratificando un compromiso ministerial asumido en junio.

Sin embargo, ambas partes se acusan mutuamente de incumplir las cláusulas del tratado de Washington. De igual modo, el acuerdo marco de Doha, firmado el 15 de noviembre con la mediación de Catar, no ha logrado detener los enfrentamientos sobre el terreno.

Las provincias orientales continúan sumidas en la inestabilidad pese a la presencia prolongada de la misión de paz MONUSCO, desplegada por la Organización de las Naciones Unidas desde finales de los años noventa para proteger a la población civil.