Más de 1.400 inversores perdieron US$ 95 millones: el derrumbe de República Ganadera paso a paso

La Justicia uruguaya prorrogó por seis meses las medidas cautelares contra Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, exdirectores de República Ganadera. La defensa de los empresarios se allanó a la extensión, sin necesidad de audiencia.

La decisión se conoce mientras la Fiscalía de Delitos Económicos espera un informe de la Secretaría Antilavado. Ese documento será clave para determinar si se suma el delito de lavado de activos a la investigación, que ya incluye apropiación indebida y estafa.

Un abogado de las víctimas expresó su malestar por los plazos de la causa. “La información que nos habían dado a los abogados de las víctimas era que por el traslado de Machado se iba a pedir una pequeña prórroga para darle margen al fiscal entrante. Nunca pensamos que ese margen se trataba de cuatro meses. En octubre se cumplen dos años de las denuncias. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo en torno a esta causa. Se pasaron los límites de lo tolerable”, afirmó.

El fiscal Alejandro Machado, que estuvo al frente de la investigación antes de su traslado, había solicitado ese informe antilavado sobre los exdirectores. Fuentes del caso señalaron que el informe habilita imputar también lavado de activos, un delito que tiene penas de penitenciaría de 2 a 15 años.

En casos similares, como Conexión Ganadera, los imputados por lavado de activos cumplen prisión preventiva. Pablo Carrasco está preso desde julio de 2025 y Ana Iewdiukow desde octubre. Los fiscales argumentan riesgo de fuga o capacidad económica para entorpecer la investigación.

El megafraude de República Ganadera

El fondo de inversión República Ganadera ofrecía una renta fija de entre 8% y 10% anual. Su modelo consistía en captar ahorro del público para comprar vacas preñadas. Con el ternero que nacía se pagaba la renta y los gastos del establecimiento. En la empresa confiaron 1.450 inversores.

Cuando los primeros ahorristas fueron a reclamar su dinero al Grupo Larrarte, este no pudo devolverlo, se declaró en quiebra y entró en concurso a mediados de 2024. Luego, República Ganadera intentó un salvataje por parte de Conexión Ganadera, pero al día siguiente su dueño, Gustavo Basso, murió en un accidente que fue dictaminado como suicidio.

Días después, República Ganadera presentó un concurso voluntario. Alegó que la sequía y la “crisis de credibilidad” por la caída del Grupo Larrarte generaron pérdidas de US$ 3 millones en 2024. Luego admitió una deuda de US$ 85 millones con los inversores.

Las cifras de la estafa

Los damnificados de República Ganadera superan las 1.400 personas y las pérdidas alcanzan los US$ 95 millones. En total, la ola de estafas de los llamados “fondos ganaderos” en Uruguay afectó a al menos 6.000 personas por más de US$ 400 millones.

Eso incluye Conexión Ganadera (4.600 damnificados, deuda estimada en más de US$ 300 millones) y Portfolio Capital (US$ 15 millones a 400 inversores).

El núcleo de la investigación fiscal se centra en la desaparición del 60% del stock ganadero de la empresa en los últimos meses de 2024. Entre el 30 de junio y el 27 de noviembre de 2024, la empresa pasó de declarar casi 65.000 cabezas de ganado a apenas 22.000.

Ante la Fiscalía, Jasidakis y Mussio afirmaron que unas 7.000 cabezas se las llevaron los escritorios rurales que trabajaban con la empresa como consignatarios. Dijeron que otro tanto murió por secuelas de la sequía y que otro porcentaje fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de “obtener liquidez”. También adjudicaron parte de la responsabilidad a un contador que tenía un manejo “desprolijo” de los números.

Los dueños de República Ganadera argumentaron que la estafa del Grupo Larrarte “tuvo un impacto devastador en el sector de inversiones ganaderas, generando una desconfianza generalizada entre inversores y clientes”.

El fiscal Machado citó a declarar a los socios por apropiación indebida y estafa por unos 80 millones de dólares. La instancia duró aproximadamente cinco horas. El juez de Crimen Organizado Fernando Islas dispuso el cierre de fronteras a los dos directores, medida que inicialmente regía hasta el 22 de agosto de 2025, y les exigió entregar todos sus documentos de viaje.

En el frente concursal, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la sindicatura registró ingresos por casi US$ 10 millones en cobranza de ventas de ganado. El activo computable al 31 de marzo de 2026 es de US$ 9,5 millones. Un grupo de damnificados busca liquidar el ganado restante y cobrar lo acumulado en banco mientras avanza la vía penal.

La investigación continúa. Incluye la ruta del dinero, cuentas en el exterior y posibles bienes en paraísos fiscales. La prórroga de las medidas cautelares hasta agosto de 2026 da tiempo a la Fiscalía para determinar si el lavado de activos se confirma.