Estudio Delpiazzo presentó nuevo informe con las severas irregularidades del caso Cardama

El 13 de febrero de 2026, el presidente Yamandú Orsi confirmó la rescisión definitiva del contrato con el astillero español Cardama por «incumplimientos graves». La decisión, adoptada en Consejo de Ministros, puso fin a un proceso que se había iniciado en diciembre de 2023 bajo la administración de Luis Lacalle Pou, cuando Uruguay comprometió 82 millones de euros para la compra de dos patrulleros oceánicos (OPV).

El detonante fue la presentación de una garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce Ltd., una firma británica que se encontraba en proceso de liquidación y sin actividad en el domicilio declarado. «Ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso», declaró el presidente Orsi en la conferencia de prensa del 13 de febrero.

Las irregularidades, sin embargo, venían de atrás. El estudio jurídico Delpiazzo, contratado por el Ministerio de Defensa, ya había advertido en agosto de 2024 que el contrato no debía entrar en vigor. En un informe que nunca fue remitido al astillero, los asesores recomendaron dejar sin efecto el acuerdo ante el incumplimiento de las obligaciones estipuladas. «El contrato nunca debió haber entrado en vigencia», sostiene el documento, según fuentes cercanas a la investigación.

La cronología es reveladora. El contrato exigía la constitución de garantías como condición indispensable para habilitar el primer desembolso, que superaba los ocho millones de euros. Sin embargo, Cardama presentó a Defensa cinco propuestas distintas de garantías sin cumplir con los requisitos. El propio estudio Delpiazzo calificó el proceso como «absolutamente desprolijo», marcado por sucesivas prórrogas que culminaron en la presentación de la garantía falsa de Eurocommerce.

Significativamente, en setiembre de 2024 —dos meses después del informe de Delpiazzo— se otorgó una nueva prórroga de 72 horas, instancia en que apareció el documento cuestionado. La decisión de seguir adelante con el contrato pese a las advertencias del estudio jurídico recayó en la administración anterior, encabezada por el entonces ministro de Defensa Javier García.

Un dato adicional de peso: la documentación que permitió reconstruir los hechos provino de correos electrónicos aportados por el estudio Delpiazzo. Cuando asumió el nuevo gobierno, el expediente del Ministerio de Defensa no contenía ningún registro documental del proceso de garantías. Esta ausencia de documentación oficial ha sido señalada por diversos actores políticos como un indicio de falta de transparencia en la gestión anterior.

El gobierno de Orsi no se detuvo en la garantía de fiel cumplimiento. Posteriormente, también detectó irregularidades en la garantía de reembolso, presentada por Redbridge. Según las autoridades, el documento no constituía una póliza válida sino un texto de términos y condiciones.

En paralelo, el gobierno contrató a Bureau Veritas para realizar una auditoría técnica externa. La inspección se llevó a cabo a mediados de diciembre de 2025 durante cuatro días, a cargo del ingeniero naval Eduardo Carichas, acompañado por los capitanes de navío de la Armada uruguaya Héctor Cardozo e Ismael González. El informe concluyó que la calidad de la obra era «satisfactoria», pero confirmó retrasos que hacían imposible la entrega en los plazos pactados. Bureau Veritas identificó «algunas deficiencias en el proceso constructivo y en la supervisión de subcontratistas» que requerían corrección. Sin embargo, el informe no informó de problemas graves ni declaró el proyecto inviable.

Cardama, por su parte, rechazó la rescisión en forma enfática. El astillero calificó la decisión de ilegítima y denunció que el gobierno uruguayo mintió y ocultó información sistemáticamente. La empresa sostiene que la póliza de la segunda garantía, emitida por Redbridge, fue enviada al gobierno, algo que las autoridades niegan. Tanto Lloyd’s Register como Bureau Veritas concluyeron que la construcción de los buques era satisfactoria, según la versión del astillero.

El conflicto escaló a instancias internacionales. El 12 de mayo de 2026, Cardama inició un arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, amparándose en el artículo 39 del contrato. La empresa, asesorada por estudios jurídicos uruguayos y españoles, busca revertir la rescisión.

El gobierno uruguayo, asesorado por el estudio Uría Menéndez, sostiene que el tribunal carece de jurisdicción. La administración confía en frenar el arbitraje y prepara una contrademanda por daños y perjuicios para recuperar los más de 28 millones de euros ya desembolsados. El gobierno calificó la acción de Cardama como «chicana» destinada a evadir la jurisdicción uruguaya y afirmó tener «mucha tranquilidad» por haber actuado apegado al derecho.

Mientras los procesos legales continúan, el gobierno avanza en la búsqueda de nuevos OPV. Orsi anunció que se exploran alternativas con países que cuentan con astilleros, tanto públicos como privados. Se manejan negociaciones con España, Estados Unidos y Corea del Sur, aunque sin detalles de modelos ni características técnicas. Estados Unidos habría ofrecido un navío como solución intermedia.

El caso Cardama ha generado controversia política. El Frente Amplio, entonces en la oposición, criticó el proceso de compra desde el principio. Ahora, el gobierno de Orsi enfrenta el desafío de demostrar que la rescisión fue legalmente sólida y que la nueva adquisición de patrulleras no repetirá los errores del pasado. La Armada, según diversas fuentes, habría tenido poca participación en las decisiones finales, que fueron tomadas casi en forma exclusiva por el poder político.

El caso combina una disputa contractual millonaria, acusaciones cruzadas de fraude e irregularidades, y una batalla jurídica que se dirime simultáneamente en tribunales locales e internacionales. La resolución del arbitraje en París y las eventuales demandas en Montevideo definirán no solo el destino de los 82 millones de euros, sino también la credibilidad del Estado uruguayo en la gestión de contratos de defensa.