Jutep analiza denuncia contra Lacalle Pou por sus declaraciones juradas

El convencional nacional del Partido Colorado Esequiel Ibarra radicó formalmente una denuncia ante la Jutep el pasado 8 de junio. El escrito apunta a revisar la evolución patrimonial del expresidente Luis Lacalle Pou a lo largo de toda su carrera pública, desde que ingresó a la Cámara de Diputados en el año 2000 hasta el cierre de su mandato presidencial en 2025.

El organismo de control confirmó que el documento superó la primera revisión técnica de admisibilidad y que ya existe un expediente digital abierto, aunque el directorio todavía no inició la etapa de análisis sustantivo.

Lo que llama la atención de entrada no es la gravedad de los cargos —Ibarra fue cuidadoso en aclarar que no busca imputar nada ni atribuir conductas irregulares— sino el origen político de la presentación. Un convencional de un partido aliado del expresidente durante gran parte de su trayectoria es quien activa el mecanismo de control institucional sobre su patrimonio declarado.

La denuncia no imputa, pero sí señala

Ibarra dejó por escrito que su objetivo es que la Jutep examine «la consistencia y trazabilidad de la evolución patrimonial declarada» por el expresidente. En su argumentación sostiene que «la magnitud institucional de los cargos ejercidos por el mencionado exmandatario y la relevancia pública inherente a los mismos justifican que dicho examen sea efectuado de manera integral». No hay acusación directa, pero sí una solicitud explícita de revisión sistemática de los documentos a lo largo de un cuarto de siglo de vida pública.

Esa distinción entre señalar e imputar tiene peso jurídico y político. Desde el plano formal, Ibarra no denuncia un delito: pide que el organismo competente compare declaración por declaración y evalúe si los números cierran. Desde el plano político, que esa iniciativa venga del Partido Colorado —y no del Frente Amplio— le otorga una dimensión diferente al expediente.

Los elementos concretos que el convencional identificó como «indicadores» de revisión son dos. El primero involucra un vehículo Suzuki modelo 2020 que aparece valuado en una declaración posterior con un monto superior al registrado en una declaración anterior, algo que Ibarra considera llamativo dado el proceso natural de depreciación que afecta a los automotores con el paso del tiempo. El segundo refiere a una camioneta Toyota que figuraba en declaraciones previas y luego dejó de aparecer en el patrimonio declarado, sin que los documentos públicos disponibles ofrezcan una explicación sobre ese movimiento.

Lo que dicen los documentos públicos

Según información publicada por medios especializados, esa camioneta habría sido transferida a una empresa vinculada a la madre del expresidente, Julia Pou. De confirmarse esa versión, el interrogante que se abre no es necesariamente de índole penal, sino procedimental: si un bien deja de integrar el patrimonio de un funcionario público obligado a declarar, esa transferencia debería quedar registrada ante el organismo de control. Hasta ahora, no consta que así haya ocurrido.

La presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, confirmó públicamente que existen denuncias ingresadas que deberán ser analizadas. No se pronunció sobre plazos ni sobre el alcance del análisis que realizará el directorio.

El expediente sobre Lacalle Pou no es el único que tiene activo el organismo en este período. Meses atrás, la Jutep le solicitó al senador colorado Andrés Ojeda que explicara una discrepancia entre dos declaraciones juradas presentadas en menos de un año: el incremento patrimonial registrado superaba los ingresos que el propio legislador había declarado percibir en ese intervalo. Ese caso fue impulsado a partir de una consulta de un particular, no de un actor político.

 

El directorio de la Jutep deberá ahora definir cómo aborda el análisis y en qué plazos. La apertura del expediente digital marca el inicio formal del proceso, pero no anticipa ningún resultado. El organismo tiene facultades para solicitar documentación adicional, cruzar datos con otros registros públicos y emitir un pronunciamiento, aunque ese camino puede extenderse en el tiempo.

La evolución del caso dependerá en parte de lo que el propio directorio resuelva priorizar y de la documentación que logre reunir sobre más de dos décadas de declaraciones juradas presentadas por el expresidente ante distintas instancias del Estado uruguayo.