Drogas, alcohol, perfumes y otros: el contrabando terrestre que quiere controlar el MTOP

El transporte de carga en Uruguay no circula en el vacío. En los últimos dos años, las rutas nacionales, los pasos de frontera y hasta el río Uruguay se han convertido en escenarios recurrentes de contrabando y narcotráfico protagonizados —en parte— por vehículos de carga y transporte.

Los casos se acumulan: camiones con cigarrillos paraguayos ocultos bajo declaraciones de maíz a granel, camionetas que huyen de los controles de Prefectura en Salto dejando la mercadería abandonada, isotanques sin documentación en el Área de Control Integrado de Salto Grande, choferes bolivianos con papeles apócrifos transportando 35 toneladas de precursores químicos desde Fray Bentos hacia un laboratorio de drogas en Cochabamba.

El contrabando de cigarrillos es el delito más frecuente y de mayor volumen. Por ejemplo, en octubre de 2025, la Operación TruckPY desarticuló una red dedicada al ingreso ilegal de cigarrillos paraguayos: dos camiones de transporte internacional fueron interceptados en rutas nacionales, sus choferes detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

El operativo permitió incautar dos millones de unidades, además de vehículos y efectivo. Un mes después, en noviembre, la Operación Siracusa dio un golpe aún mayor: operativos simultáneos en Montevideo, Canelones y San José terminaron con la incautación de 7.730.000 cigarrillos —valuados en más de 100 millones de pesos—, dos camiones, una camioneta y cuatro personas detenidas.

Ya en 2026, en abril, un camión argentino fue interceptado con 4.460.000 cigarrillos de las marcas Gift y 51 en su interior, ocultos en 112 bultos embalados en bolsas negras. Aduanas calificó ese procedimiento como uno de los mayores de la historia del país. En otras operaciones, Aduanas logró atrapar también perfumes ingresados de forma ilegal, dado el contexto de creciente demanda de este tipo de productos de cuidado personal.

El problema del contrabando no termina en el tabaco

En julio de 2025, un camionero paraguayo fue detenido en la intersección de ruta 66 y Belloni cuando transportaba 91.000 cajas de cigarrillos de contrabando. El vehículo había declarado una importación de maíz a granel; fueron los escáneres del puerto de Montevideo los que revelaron las irregularidades. El hombre fue condenado a 18 meses de prisión, seis de ellos efectivos, por asociación para delinquir y contrabando.

Los operativos de la Policía Caminera muestran que el fenómeno está extendido por todo el territorio. En junio de 2026, un solo ciclo de controles en Lavalleja, Salto, Rivera y Durazno arrojó incautaciones por más de cuatro millones de pesos: whisky, ropa sin documentación, 528 litros de alcohol y leña transportada ilegalmente en camión con semirremolque.

En marzo del mismo año, una camioneta detectada por Prefectura en Salto huyó al ser interceptada y dejó abandonados 21 bultos de mercadería ilegal. En el Área de Control Integrado de Salto Grande, tres camiones en lastre intentaron ingresar al país sin documentación; la Justicia dispuso la incautación de cinco isotanques y los semirremolques, con un valor estimado de 10 millones de pesos.

El narcotráfico agrega una dimensión más grave

En agosto de 2025, la Policía ejecutó la Operación Nueva Era en Punta Espinillo, al oeste de Montevideo: encontró más de 2.200 kilogramos de cocaína, parte enterrada en una chacra de difícil acceso y parte oculta directamente en un camión. El ministro del Interior Carlos Negro calificó el hallazgo como «histórico».

Los detenidos —seis uruguayos vinculados al grupo criminal Los Albín— habían recibido la droga por avioneta en noviembre de 2024 y la tenían lista para sacarla del país por vía fluvial. Meses antes, en abril de 2025, un contenedor que salió de Uruguay transportado en camión hacia el puerto de Montevideo fue incautado en Buenaventura, Colombia, con casi 1.900 kilos de cocaína a bordo. Su destino final era México.

El caso más inquietante del período, sin embargo, involucra a dos camiones que partieron de Fray Bentos el 13 de marzo de 2026 con destino a Cochabamba, Bolivia. Transportaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo, un solvente industrial que también se utiliza como precursor para fabricar cocaína y pasta base.

Los vehículos cruzaron casi toda Argentina sin ser detenidos y recién fueron interceptados por la Gendarmería en el paso fronterizo Aguas Blancas-Bermejo, en Salta, cuando estaban a punto de cruzar a Bolivia. Los choferes, de nacionalidad boliviana, presentaban documentación falsa. Ni la empresa propietaria de la carga ni la transportista figuraban en el registro argentino de precursores químicos.

El escándalo derivó en la cesantía de cuatro jefes de la Aduana argentina de Gualeguaychú y en la convocatoria del ministro del Interior al Senado para dar explicaciones. Analistas de crimen organizado señalaron que Uruguay está siendo utilizado como nueva plataforma de exportación de precursores, ante los controles más estrictos que rigen en Argentina y Brasil.

Los camioneros rechazan la fiscalización de sus rutas

Entre enero y abril de 2026, la Dirección Nacional de Aduanas alcanzó su mejor marca de incautaciones en seis años: casi 28 millones de dólares en mercadería decomisada. Los números confirman una tendencia, no una anomalía.

Es en ese contexto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) impulsa las Guías Electrónicas de Carga (GEC): un sistema de trazabilidad digital que permitiría registrar en tiempo real qué transporta cada vehículo de carga, desde dónde sale y hacia dónde se dirige. La lógica es simple —y los hechos la respaldan—: lo que no se declara, no se controla; y lo que no se controla, encuentra camino.

Sin embargo, el sector del transporte rechaza la medida. Los transportistas argumentan que el sistema representa una carga burocrática excesiva, que los plazos de implementación son inviables y que las sanciones previstas son desproporcionadas. La tensión derivó en paros y movilizaciones que paralizaron rutas en distintos puntos del país. Lo que está en disputa, en el fondo, no es solo un formulario digital: es quién tiene la potestad de saber qué circula por las carreteras uruguayas.