El astillero español Cardama, con sede en Vigo, rechazó la invitación del Parlamento de Uruguay para declarar en persona ante la comisión investigadora que analiza el fallido contrato de 82 millones de euros por dos patrulleros oceánicos. En una carta fechada en febrero de 2026, la empresa pidió que las preguntas se le envíen por escrito y se comprometió a responderlas “de la misma forma”.
“Por nuestra parte hemos mantenido desde el principio y mantenemos plena disposición para alcanzar una solución acordada”, aseguró Cardama en la misiva, cuyo contenido fue difundido por medios locales como El Observador y Búsqueda. La empresa evitó así la comparecencia directa ante los diputados, en medio de una investigación que ya derivó en una denuncia penal por presunto fraude al Estado.
En la misma carta, el astillero desligó a dos personas que habían sido invitadas a participar en la comisión en su representación. Se trata de Pedro Álvarez, director de Proyectos, y Gerardo Moreira, ex capitán de fragata que intermedió para acercar la propuesta de Cardama a la Armada Nacional. Sobre Álvarez, la empresa señaló que no es un “representante”, sino un “trabajador” y que, como tal, había declinado la invitación. En el caso de Moreira, afirmaron que tampoco es “representante” del astillero, sino “asesor independiente”.
El origen del contrato y las primeras irregularidades
El caso se remonta a 2021, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ese año se lanzó una licitación para dotar a Uruguay de patrulleros oceánicos (OPV, por sus siglas en inglés). En diciembre de 2023 se cerró la compra de dos buques al astillero Cardama por un valor de 82 millones de euros.
Pero al asumir Yamandú Orsi, el nuevo gobierno detectó problemas graves. El presidente sostuvo que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama “no existía”, o lo que era “peor aún”, se trataba de “un documento falso”. Tras notificar a la empresa, surgieron nuevos elementos.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el Estado no tenía en su poder la verdadera póliza, sino Cardama, y que no se ajustaba a los términos del contrato. La garantía establecía deducciones distintas a las que debía tener según lo acordado. Díaz también declaró que había indicios de que la firma que respaldaba el aval era una “empresa de papel”.
Además, el gobierno encontró irregularidades en una segunda garantía, emitida por Redbridge Insurance Company, que tampoco cumplía con lo estipulado en el contrato. En paralelo, informes de observadores de la Armada y de la auditora internacional Bureau Veritas advertían deficiencias en el proceso constructivo, atrasos de al menos cinco meses, falta de cronogramas actualizados y señalaban que el astillero no tenía capacidad para cumplir con los plazos de entrega.
Rescisión, acciones legales y dinero ya pagado
En octubre de 2025, Orsi anunció su decisión política de rescindir el acuerdo tras advertir “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”. Meses después, en febrero de 2026, el presidente confirmó formalmente la rescisión “por incumplimientos graves”, luego de que Uruguay y Cardama no llegaran a ningún acuerdo a pesar de algunos llamados a la mediación.
El gobierno resolvió iniciar procedimientos penales a través de la Fiscalía, una investigación administrativa para determinar responsabilidades gubernamentales, acciones civiles para cuantificar eventuales daños y perjuicios, y un procedimiento político-partidario en el Parlamento para revisar el proceso.
Uruguay ya había pagado unos 30 millones de dólares a Cardama, casi un tercio del precio total. El gobierno anunció que explora alternativas para adquirir patrulleras oceánicas de porte similar, con contactos en países que cuentan con astilleros públicos y privados. También se mencionó la posible adquisición de lanchas rápidas para vigilancia costera, y un ofrecimiento de Estados Unidos para entregar un navío como solución intermedia, según Infobae y fuentes oficiales del gobierno uruguayo.
El trasfondo político y la postura de Cardama
El caso tuvo como trasfondo una diferencia política entre la gestión del Frente Amplio y el gobierno saliente de Lacalle Pou, y motivó un enfrentamiento público entre ambos mandatarios. Por su parte, el astillero señaló que no existía comunicación directa con el Ministerio de Defensa, que no respondía sus mensajes, y afirmaba desconocer cuál incumplimiento específico había motivado la ejecución de las garantías.
Al rechazar la invitación a la comisión investigadora, Cardama evita por ahora una declaración en vivo, pero el Parlamento aún no ha respondido si aceptará el formato de preguntas por escrito. La comisión, integrada por diputados de todos los partidos, deberá decidir si considera la carta como una falta de colaboración o si negocia los términos de un interrogatorio escrito. Mientras tanto, la Justicia uruguaya avanza con la denuncia penal por presunta estafa.
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