Súper RIGI: organizaciones alertan sobre beneficios fiscales de 30 años sin control democrático en Argentina

Súper RIGI: organizaciones de derechos de la sociedad civil e internacionales advierten sobre la consolidación de una economía de enclave en Uruguay

Desde diversos diarios argentinos como El Destape se informó que un colectivo de organizaciones de la sociedad civil examinó en profundidad el dictamen oficialista referido al proyecto Súper RIGI, alertando sobre ventajas económicas desproporcionadas y la ambigüedad respecto a qué rubros quedarán comprendidos.

Asimismo, señalaron la ausencia de salvaguardas ambientales relacionadas con los centros de datos.

Una arquitectura legal para el modelo extractivo

La iniciativa legislativa denominada Súper RIGI establece los cimientos jurídicos para transformar a Argentina en una economía de enclave, acumulando prerrogativas fiscales por tres décadas para actividades que no fueron especificadas en el dictamen mayoritario.

La definición quedaría a discreción del Ejecutivo

El documento «Lo que está en juego», elaborado por múltiples organizaciones civiles, sostiene: «La indefinición deliberada del objeto del Súper RIGI hace que los data centers sean una de las aplicaciones más probables y más problemáticas del régimen».

En este sentido cabe destacar la polémica reforma de la Ley de Glaciares llevada a cabo recientemente sin el consenso social ni las debidas instancias políticas establecidas, con claros ensobramientos y preacuerdos mineros con los distintos diputados y senadores que apoyan las medidas de La Libertad Avanza una tras otra.

La próxima etapa: sociedades gestionadas por inteligencia artificial

Las entidades advierten que este régimen no puede evaluarse aisladamente. «El Súper RIGI no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una secuencia legislativa cuya próxima pieza es una reforma a la Ley de Sociedades que incorporaría la figura de sociedades operadas por inteligencia artificial con personería jurídica plena y responsabilidad limitada.

La combinación de ambos instrumentos consolida un escenario de Impunidad Artificial, que podría convertirse en la arquitectura normativa de la concentración digital sin contrapesos institucionales en Argentina», alertaron.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Asociación Gremial de Computación, ATTAC Argentina y el Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF), entre otras.

Energía: prioridad empresarial sobre necesidades ciudadanas

Conforme al proyecto gubernamental, todos los emprendimientos bajo el Súper RIGI gozarán durante 30 años de operación ininterrumpida que únicamente podría suspenderse mediante resolución judicial. Esta cláusula plantea interrogantes cruciales sobre el suministro energético. El Estado nacional se compromete a privilegiar los proyectos del Súper RIGI por encima de los requerimientos energéticos de la población.

Desde el Ejecutivo afirmaron que ningún proyecto «llegará sin generar su propia energía». Esto podría vincularse con el desmantelamiento del programa nuclear nacional, particularmente lo atinente al CAREM, para impulsar pequeños reactores modulares destinados a alimentar futuros centros de datos.

La gestión Milei detuvo el CAREM y promueve la privatización sectorial. La compañía estadounidense Meitner Energy está captando a los especialistas desplazados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Beneficios ampliados: comparativa con el RIGI original

El análisis del dictamen oficialista retoma un estudio de la organización Fundar que compara ambos esquemas:

La tasa de Ganancias descendió del 25% en el RIGI al 15% en el Súper RIGI. Contrario a lo que el mundo se plantea hoy en día con respecto a los impuestos y los grandes negocios multimillonarios.

Las exenciones a exportaciones que en el RIGI comenzaban en el tercer año, ahora son inmediatas desde el inicio.

Los aranceles de importación que en el RIGI cubrían únicamente bienes de capital y componentes, el Súper RIGI los suprime para todos los bienes relacionados con el proyecto, incluyendo materias primas.

Las contribuciones patronales reducidas al 10% representan un beneficio inexistente en el RIGI.

Se elimina el encadenamiento productivo en beneficio de los monopolios, la corporación y por ende la concentración de conocimiento y poder económico. Así no hay teoría del derrame que funcione (si es que alguna vez funcionó realmente).

Inversiones anunciadas versus desembolsos efectivos

El equipo económico suele proclamar nuevos emprendimientos (mineros y de hidrocarburos), pero existe una brecha considerable entre los anuncios de inversión y los fondos efectivamente desembolsados. Esto sucede con el RIGI debido a que su estructura permite invertir una fracción mínima de lo prometido en los años iniciales. El Súper RIGI no corregirá esta distorsión.

«El Gobierno anunció inversiones por 124.000 millones de dólares bajo el RIGI, pero a la fecha de publicación de este informe se habían hecho efectivos solo 762 millones.

La brecha se explica por un diseño que exige desembolsos iniciales mínimos -apenas USD 80 millones en los primeros dos años, el 40% del umbral mínimo de USD 200 millones- y deja el resto al plazo que fije la empresa.

El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo, lo cual evidencia un problema de diseño y ejecución», advierte el documento de las organizaciones civiles.

Concentración de poder digital sin supervisión democrática

Esta iniciativa se alinea con el intento de reformar la ley de sociedades y crear empresas autónomas operadas exclusivamente mediante agentes de inteligencia artificial. «Es el primer eslabón de lo que podría convertirse en la arquitectura normativa de la concentración digital sin contrapesos institucionales en Argentina.

Las decisiones que tome el Congreso en las próximas semanas tendrán efectos sobre quién controla qué infraestructura tecnológica, con qué condiciones, y con qué poder de revisión democrática, durante las próximas tres décadas», señalaron las organizaciones civiles autoras del informe «Lo que está en juego con el Súper RIGI».

La cuestión de la infraestructura y el dominio de los datos resulta fundamental; el contexto lo constituyen los anuncios de los ministerios de Capital Humano y Defensa sobre gemelos digitales, mientras persiste el desconocimiento concreto y oficial sobre las actividades de Peter Thiel en el país argentino.

Garantía de operación continua sin requisitos energéticos escritos

«La indefinición deliberada del objeto del Súper RIGI hace que los data centers sean una de las aplicaciones más probables y más problemáticas del régimen. A esto se le suma la cláusula de operación continuada.

¿Qué ocurre si mantener la operación continuada del proyecto requiere interrumpir o restringir el suministro energético al resto de la población? El Ejecutivo sostuvo que ningún proyecto del Súper RIGI llegará sin generar su propia energía.

Pero esa exigencia no está en el texto de la ley. Lo que sí está en el texto es la garantía de operación continuada, con fuerza de derecho adquirido asimilable al de propiedad», destaca el informe citado.

Recursos estratégicos y el interés estadounidense en ARSAT

Los nuevos actores concentran los recursos nacionales, tanto naturales como los minerales críticos o la infraestructura desarrollada mediante capacidades estatales, como es el caso de ARSAT.

Mientras se debaten los beneficios esquivos de un nuevo régimen de subordinación, el Departamento de Estado estadounidense ya visitó las instalaciones de ARSAT en al menos cuatro ocasiones.

La más reciente fue en abril, con la presencia de Thomas G. DiNanno, subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento.

¿Qué relación puede tener la seguridad estadounidense con ARSAT? Posiblemente, la respuesta la tenga Peter Thiel, el propietario de Palantir.