Argentina: censuraron al 99% de los ciudadanos inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares

Un cerrojo a la participación ciudadana en el debate por los glaciares

Segun los cálculos, la disputa por la modificación de la ley duraría casi 2 años si se cumpliera el reglamento constitucional de escuchar a los más de 100.000 ciudadanos inscriptos que salieron a las calles a exigir su derecho de expresar su repudio a tal infame modificación.

Además desde todas las organizaciones de trabajadores y ecologistas protestantes se advierte que la minería jamás creo trabajos serios y duraderos para los Argentinos de las provincias que realizan la actividad, ya que los expertos son traídos desde afuera y por la cercania de Argentina con Chile, en muchos yacimientos se traen a los obreros desde dicho país. A todo esto se le suma que las regalías mineras en Argentina tienen un tope legal del 3% sobre el valor «boca de mina» (ampliable al 5% en casos muy especiales), lo que se considera bajo en comparación con países mineros líderes como Chile o Perú, donde la carga impositiva total y las regalías pueden ser superiores. Sin embargo, la carga fiscal total, incluyendo impuestos nacionales, equipara a Argentina con la región.

La intención del gobierno argentino de modificar la actual Ley de Glaciares despertó un interés cívico sin precedentes, pero la apertura al diálogo fue prácticamente nula. Si bien la convocatoria a las audiencias públicas reunió a más de 100.000 ciudadanos inscriptos con voluntad de expresar su postura, las autoridades habilitaron el ingreso de apenas un grupo ínfimo que no alcanza ni al 1% del total.

Frente a esta exclusión masiva, el descontento se trasladó a las calles. A lo largo y ancho del país vecino, comenzaron a gestarse movilizaciones, concentraciones y asambleas populares, unificadas detrás de dos reclamos muy claros: “El agua vale más que todo” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

El fantasma de la megaminería y las alertas de inconstitucionalidad

El impulso reformista ya dio su primer paso formal el último 26 de febrero, cuando el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara Alta del Senado. Sin embargo, diversos colectivos y organizaciones socioambientales levantan una fuerte señal de alerta y denuncian que la iniciativa choca directamente contra la Constitución Nacional de protección ambiental, Acuedo de Escazú, entre otras leyes.

El principal punto de conflicto jurídico radica en que la nueva normativa delegaría en las provincias la potestad de determinar qué superficies periglaciares y glaciares quedarán bajo protección estatal, sin justificación científica, abriendo un gris legal que habilitaría la llegada de la explotación minera a zonas hoy resguardadas.

El Acuerdo de Escazú como escudo legal

Actualmente, el futuro de la iniciativa se encuentra en manos de la Cámara de Diputados. Para garantizar la transparencia del trámite legislativo, agrupaciones ecologistas exigieron la realización de una audiencia pública basada en la apertura, la inclusión y el federalismo.

El amparo legal de este pedido es el Acuerdo de Escazú, un tratado que Argentina ratificó bajo la Ley 27.566, otorgándole una jerarquía supralegal. Específicamente, el artículo 7 de esta norma impone la obligación estatal de asegurar la intervención de la ciudadanía en cualquier instancia de toma de decisión, actualización o revisión que suponga un impacto ambiental de envergadura.

Censura técnica: disertaciones cortadas y mayoría en contra

Las audiencias fueron pautadas para el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo dentro de la Cámara Baja. No obstante, el activismo denuncia que el espíritu de participación ciudadana es una fachada. De la marea de más de 100.000 anotados, el filtro oficial solo dejó pasar a 360 personas, y el desarrollo de las jornadas sugiere que ni siquiera esa minoría selecta tendrá el micrófono.

Durante el primer día, apenas lograron exponer 95 de los 196 oradores que figuraban en la grilla oficial. Tras 12 horas ininterrumpidas de debate, las autoridades decidieron dar por terminada la sesión presencial de manera abrupta, dejando a varios inscriptos sin la posibilidad de hablar. Los números de esa jornada fueron contundentes: el 88% de los participantes (es decir, 84 expositores) se manifestó en contra de la reforma. Para el día jueves, la modalidad adoptada fue netamente virtual.

Un Congreso blindado frente a la resistencia popular

Mientras el debate ocurría puertas adentro, el exterior del Palacio Legislativo en la Ciudad de Buenos Aires mostraba una postal de tensión. Rodeado por un fuerte operativo de las Fuerzas de Seguridad y un perímetro de vallas, una multitud autoconvocada montó una asamblea a pocos metros del lugar, justo en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Riobamba.

La agencia de noticias Presentes entrevistó en las calles de Argentina a los protestantes. Sol, una brigadista de la Comarca Andina que viajó especialmente desde Río Negro, apuntó: “La audiencia pública no se está desarrollando en su debida forma. Creemos que es necesario que se escuchen todas las voces. El pueblo está diciendo que no reformen la Ley de Glaciares: queremos cuidar la tierra y el patrimonio enorme y hermoso que tenemos”.

El mismo sentir lo reflejaba Patricia, una maestra jubilada de la localidad bonaerense de Avellaneda, quien se hizo presente sosteniendo una pancarta con la frase “¡Las democracias no censuran!”. En su testimonio, expresó: “Estoy muy conmovida porque veo que este gobierno avanza y avanza, y me duele mucho que le demos el aval para que esto siga sucediendo. Vine porque me parece que este es un límite que no podemos permitir que se pase. Pensar en el hijo, en el futuro nieto me da un tremendo dolor y una tremenda responsabilidad, como para no defender esto”.

Las voces de las comunidades originarias y los impulsores de la ley original: No hay licencia social

Dentro del recinto legislativo, tomó la palabra Marta Maffei, ex legisladora histórica y figura clave en la redacción de la normativa vigente que ahora se intenta modificar, quien se definió como «la creadora de la Ley de Glaciares». Durante su intervención, recordó el arduo proceso de consenso que cimentó la ley original: “Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley».

En representación de esas mismas comunidades marginadas, Paulinha Curruhuinca, referente del MTE Rural y miembro de la comunidad mapuche Curruhuinca, alzó su voz: “Estoy hoy acá para que nuestra voz sea escuchada”. Y sentenció con firmeza: “El agua no se toca. Repudiamos que quieran reformar esta ley. Para nosotros, como pueblo originario, como pequeños crianceros, agricultores y productores, el agua es vida”.

La presión del lobby minero y la advertencia desde la política

En la vereda de enfrente, los defensores del proyecto gubernamental centraron sus argumentos en la explotación de recursos. Gustavo Fernández, ministro de Producción de la provincia de San Juan, justificó la iniciativa argumentando que «la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades». A su vez, remarcó “la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas».

Gustavo Fernández, actual ministro de Producción de San Juan y ex candidato, enfrentó reclamos del sector agrícola por la gestión hídrica y críticas por defender la reforma de la ley de glaciares. Recientemente, fue foco de atención tras un violento asalto a su madre en su vivienda, según reportó Diario de Cuyo.

Puntos claves sobre el gobernador de la provincia Argentina de San Juan, Gustavo Fernández, quién apoya el lobby minero y le permitieron ingresar a a la Audiencia Pública

Defensa minera: Como ministro de Producción, Fernández fue uno de los pocos funcionarios que defendió la reforma de la Ley de Glaciares en ambas audiencias públicas, atribuyendo los problemas hídricos en San Juan a la falta de mantenimiento del kirchnerismo y no a la minería, lo que generó rechazo.

Conflicto por el agua: Productores agrícolas denunciaron ineficiencias en la gestión de agua, señalando derroches y robos. Fernández mantiene diálogo con regantes para mejorar el manejo del recurso.

Mirá el simulacro de Asamblea Pública sobre la Ley de Glaciares del 25/03/2026

Postura política: Ha sido crítico de sectores del peronismo local, describiendo a algunos dirigentes como «egoístas».

Esta visión extractivista generó un fuerte rechazo en parte del arco político. Gabriela Estévez, diputada nacional cordobesa por Unión por la Patria, advirtió: “Estamos profundamente preocupados porque se quiere dejar de lado el abordaje científico y quieren un abordaje en torno a los intereses de las grandes corporaciones mineras extranjeras que van a venir a expoliar nuestros bienes naturales comunes y a llevarse nuestra agua, el principal recurso que existe para producir y vivir”.

La batalla judicial y el bloqueo en los tribunales

El conflicto escaló hacia el ámbito judicial y procedimental. Un sector de los diputados formalizó una impugnación contra la audiencia pública al detectar que se estaban vulnerando los parámetros mínimos de la participación democrática. En paralelo, legisladores vinculados a Unión por la Patria ingresaron un proyecto que exige una consulta popular vinculante para que la decisión final quede en manos de toda la sociedad argentina.

No obstante, en los tribunales, el panorama fue esquivo para las organizaciones ambientales. Enrique Lavié Pico, juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, desestimó dos medidas cautelares que buscaban garantizar una representatividad real y masiva en el debate.

Un movimiento social que no cede

La campaña bajo el lema «La ley de glaciares no se toca» lleva semanas marcando la agenda pública y articulando marchas multitudinarias. Desde el movimiento Rebelión o Extinción Argentina, la activista Clarisa Néstor dejó en claro quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta maniobra durante una de las concentraciones en el Congreso: “Defendemos el agua y los glaciares, de ellos dependen más de 7 millones de personas de las zonas áridas y semiáridas del país. Los senadores quieren entregar el agua a las mineras. Quienes están detrás de esta modificación, de esta reforma de la ley de glaciares, son las multinacionales. Desde las asambleas territoriales de San Juan, de Mendoza, de Catamarca que luchan contra las megaminería dicen y decimos: Fuera las mineras del país. El poder político es cómplice de la entrega del agua y de la entrega de los territorios”.

El impacto intergeneracional de estas políticas también estuvo presente. Martin Antelaf, un docente de CABA y padre de dos niñas, marchó portando un cartel que cruzaba dos de las polémicas actuales del gobierno (la reforma ambiental y la baja de la edad de imputabilidad): «Para las juventudes agua, no cárceles». En sus propias palabras: “Estas reformas son golpe a esta generación y a futuras generaciones, para que pocos se enriquezcan y las futuras juventudes tengan que pagar bidones de agua”.

Para cerrar, el docente y militante de La Izquierda, Federico Winokur —quien además organiza el campamento anticapitalista—, resumió el sentir de los manifestantes: “La ley de glaciares no se toca. Este es un gobierno muy mentiroso que viene a decir que trae desarrollo cuando trae saqueo. Viene a decir que no se cumplía la ley cuando en realidad estaban tipificadas todas las zonas de no explotación. Y ahora quiere llevarnos a un modelo de país donde se llevan todos nuestros recursos las empresas estadounidenses. Estamos con los pueblos de la cordillera, de Mendoza y de un montón de lugares que están diciendo que el agua vale más que el oro porque van a ser los primeros en sufrir la contaminación, aunque eventualmente la vamos a sufrir todos”.