Jutep empieza a analizar acusaciones contra Orsi: la oposición desconfía de entrada

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) encara este viernes su reunión más esperada y a la vez más tensa desde su conformación actual. Lo que sobre el papel es un trámite administrativo —el inicio del estudio de seis denuncias anónimas contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta— se ha transformado en un termómetro de la crisis de confianza entre el oficialismo y la oposición. Y el ambiente, luego de una comisión legislativa que duró cinco horas el jueves, es de absoluta confrontación.

Fuentes del organismo confirmaron a este medio que el directorio le dará “prioridad absoluta” al caso Orsi. La presidenta Ana Ferraris explicó que las denuncias se asignan en forma aleatoria entre tres funcionarias, pero que se urgirá el tratamiento: “A la que le toque, que le dé prioridad, por la jerarquía institucional del denunciado”.

La Asesoría Letrada recibirá el expediente y podrá librar oficios a Presidencia para que detalle cómo fue posible un descuento de 25 mil dólares en una camioneta valuada en 79.800 dólares, adquirida a una semana de asumir el mando.

Acusaciones y señalamientos: la oposición ya tiene su sentencia

Pero el verdadero polvo en el aire quedó flotando después de la sesión en la comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. Allí, legisladores blancos y colorados defenestraron a la conducción mayoritaria del organismo —de raíz frenteamplista— por lo que consideran un manejo político de las declaraciones juradas. El diputado blanco Pablo Abdala fue lapidario: “Están en un proceso de deterioro desde el punto de vista de la credibilidad”.

Y agregó una frase que ahora resuena con fuerza: “Estos comportamientos pueden llegar a representar hechos de apariencia delictiva”, en referencia a la supuesta ocultación de votos discordes en resoluciones publicadas.

Abdala fue más lejos: “Cualquiera sea su pronunciamiento (sobre Orsi), estará bajo sospecha o será muy fácil dudar de él. Aun cuando el pronunciamiento definitivo sea totalmente absolutorio”. Esa sentencia deja al organismo en una posición incómoda: incluso si Orsi queda limpio, la desconfianza ya está instalada.

El colorado Gabriel Gurméndez, por su lado, aseguró que quedó “muy clara la politización de la Jutep” y que hay un “manejo irregular con carácter político, donde se anteponen los criterios partidarios o políticos”. La oposición volvió a pedir la renuncia de Ferraris y del vicepresidente Alfredo Asti.

Pero el momento más áspero de la jornada tuvo otro blanco: una funcionaria del organismo que también trabaja en el Banco de Previsión Social. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez la acusó de tener “connotada militancia política” —en Jóvenes Seregnistas del Frente Amplio— y calificó su designación como “una absoluta falta de ética”. Desde el oficialismo, el diputado Mariano Tucci contraatacó: “Hay límites que no se pueden exceder”.

Asti, en diálogo con este diario, reconoció que tanto él como Ferraris estaban “imposibilitados de responder” a muchos embates por restricciones constitucionales que prohíben “hacer política partidaria”. Pero adelantó que el directorio buscará acordar “una respuesta institucional” a las críticas. “Vamos a analizar qué consideraciones podremos hacer, pero estas tienen que ser de carácter institucional”, dijo.

El escenario es complejo. La Jutep se reúne este viernes con dos mandatos: destrabar técnicamente el expediente Orsi y, al mismo tiempo, intentar coser una credibilidad que la oposición ya da por descosida. La donación de la camioneta del presidente a la educación pública —anunciada el martes como un recurso para cerrar la polémica— no alcanzó a enfriar los ánimos. El campo de batalla está servido, y esta vez no es solo político: es institucional.