Justicia de Brasil vuelve a blindar los territorios indígenas frente al avance del Congreso

En una decisión de gran impacto político y social, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dejó sin efecto, por segunda vez, la polémica tesis jurídica del «marco temporal». Esta doctrina intentaba restringir el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios únicamente a aquellas áreas que estuvieran ocupadas por ellos al momento de promulgarse la Constitución de 1988.

El choque de poderes y la disputa por la Ley 14.701

El epicentro de este nuevo debate judicial giró en torno a la Ley 14.701/2023. Esta normativa había sido impulsada y aprobada por el Parlamento brasileño como respuesta directa al primer revés que la Corte le había dado al «marco temporal» a mediados de 2023. El texto legislativo no solo revivía el límite temporal, sino que también endurecía severamente los requisitos burocráticos para demarcar nuevas reservas.

Frente a esta movida del Congreso, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió vetar los artículos más controversiales de la norma. Sin embargo, los parlamentarios hicieron valer su mayoría y levantaron los vetos presidenciales, lo que derivó inevitablemente en una nueva ola de demandas por inconstitucionalidad que terminaron otra vez en manos del máximo tribunal.

Derechos «originarios»: La postura del Tribunal Supremo

El ministro de la Corte Gilmar Mendes, quien ofició como relator del expediente, fue categórico en su argumentación. En la opinión mayoritaria del tribunal, Mendes sostuvo que atar el derecho a la tierra a una fecha fija en el calendario suponía una exigencia injusta y desproporcionada para las comunidades nativas. El magistrado recordó que muchísimas de estas poblaciones sufrieron desplazamientos forzados y violentos de sus lugares ancestrales muchísimo tiempo antes de 1988.

En esta línea, el fallo determinó que el «marco temporal» choca frontalmente con el espíritu de la Carta Magna, la cual reconoce que los derechos territoriales de estas comunidades son de carácter «originarios», lo que implica que preexisten a la propia conformación del Estado y no dependen de él.

Actualmente, los artículos 231 y 232 de la Constitución brasileña garantizan los derechos tradicionales de las etnias sobre los espacios que habitan, imponiéndole al Estado nacional la obligación ineludible de delimitarlos y custodiarlos. Según los últimos datos gubernamentales, las reservas indígenas ocupan hoy poco más del 13% de la superficie total de Brasil, aunque todavía existen miles de solicitudes de demarcación estancadas en dependencias estatales.

La letra chica de la ley: por qué el peligro no desaparece

Si bien la sentencia de la Corte Suprema reafirma la supremacía de la Constitución por sobre las maniobras político-legislativas que buscan recortar derechos, el escenario está lejos de despejarse. Diversos especialistas en derecho y organizaciones indigenistas advierten que, aunque el corazón del «marco temporal» fue derrotado, la Ley 14.701 mantiene vigentes otros artículos que podrían torpedear los procesos de asignación de tierras.

Un claro ejemplo de esto es la cláusula que obliga al Estado a indemnizar a los ocupantes no indígenas por aquellas mejoras productivas o de infraestructura que hayan realizado «de buena fe» en los predios reclamados. En la práctica, esta disposición amenaza con trancar los expedientes, inflar los costos estatales y desatar un aluvión de juicios cruzados, convirtiendo un derecho constitucional en un mero negocio inmobiliario.

A esto se le suma otra herramienta de la nueva legislación que les otorga mayores facultades a las intendencias, gobernaciones y terratenientes privados para impugnar los estudios técnicos de demarcación en múltiples instancias administrativas. Este abanico de apelaciones podría eternizar los trámites durante años, agravando un cuello de botella burocrático que ya tiene a cientos de comunidades esperando por los papeles de sus tierras.

Minería e infraestructura a gran escala: las amenazas latentes

Quizás uno de los puntos más críticos que aún sobrevive en la ley es el que habilita el avance de proyectos económicos de gran porte —como la explotación minera, las obras de infraestructura pesada y los emprendimientos energéticos— dentro de áreas indígenas bajo ciertas circunstancias, incluso sin que se haya terminado de oficializar la demarcación del territorio.

Además, la normativa le da potestades al Poder Ejecutivo nacional para auditar y hasta modificar los límites de territorios que ya habían sido oficializados en el pasado, una habilitación que es vista como una bomba de tiempo para futuros conflictos de tierras.

Desde las organizaciones originarias y sus redes de apoyo sostienen que estos artículos violan abiertamente tanto la Constitución como los tratados internacionales que Brasil suscribió. Entre ellos, destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho innegociable de los pueblos nativos a un consentimiento libre, previo e informado ante cualquier intervención en su hábitat.

Las batallas judiciales contra estos apartados de la ley siguen su curso en los tribunales, y todo indica que el Supremo Tribunal Federal deberá emitir nuevos fallos en el corto plazo para definir si estas trabas burocráticas y económicas se ajustan a derecho.

Un drama global invisible para las grandes audiencias

El escenario que se vive en el gigante sudamericano es apenas un reflejo de una realidad global. En todo el planeta, las comunidades originarias están sufriendo una renovada embestida contra sus derechos, sus ecosistemas y sus pautas culturales. Ya sea por el lobby de las industrias extractivistas que perforan cada vez más profundo en las selvas, o por gobiernos que desmantelan las conquistas sociales obtenidas en las últimas décadas, el riesgo es mundial y está en franco crecimiento.

El mayor agravante de esta situación es el silencio mediático. Conflictos de esta magnitud suelen ocurrir en tiempo real sin tener eco. Los grandes conglomerados de noticias le dedican un espacio marginal o publican reportes aislados, lo que provoca que la opinión pública se quede sin el contexto indispensable para dimensionar la gravedad de lo que verdaderamente está en juego.