Lula da Silva envía al Congreso proyecto para eliminar la jornada 6×1 y establecer 40 horas semanales

Brasil, 15 de abril de 2026 — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone eliminar la jornada laboral 6×1 y reducir el límite semanal de trabajo de 44 a 40 horas, sin que ello implique una reducción salarial para los trabajadores. La iniciativa, que fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión, se tramitará bajo régimen de urgencia constitucional, lo que obliga al Poder Legislativo a debatir y votar la propuesta en un plazo máximo de 45 días.

El proyecto de ley busca modificar la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) y otras normativas específicas para garantizar la aplicación uniforme de las nuevas reglas en todo el territorio nacional. La medida establece que el nuevo límite de 40 horas semanales se mantendrá dentro del marco de las 8 horas diarias, incluso para aquellos trabajadores que cumplen funciones bajo escalas especiales o regímenes diferenciados.

Además, el texto legal garantiza dos días de descanso semanal remunerado, preferentemente los sábados y domingos, y consolida el modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso, lo que en la práctica supone el fin del esquema 6×1 que actualmente predomina en diversos sectores del mercado laboral brasileño.

Mejor salario, trabajo digno: el contenido del proyecto y sus alcances

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo establece de manera explícita que la reducción de la jornada laboral no podrá implicar, bajo ninguna circunstancia, un recorte nominal o proporcional de los salarios, ni tampoco la alteración de los pisos salariales establecidos para cada categoría. Esta protección se extiende tanto a los contratos de trabajo vigentes como a aquellos que se celebren en el futuro, y alcanza a todos los regímenes de contratación, incluidos el trabajo integral, el trabajo parcial y los regímenes especiales.

El ámbito de aplicación del proyecto es amplio y comprende a una diversidad de categorías profesionales. Según la información difundida por el Gobierno Federal, la nueva normativa abarcará a trabajadores domésticos, comerciarios, atletas, aeronautas, radialistas y otras categorías reguladas por la CLT. La intención declarada por el Ejecutivo es que el límite de 40 horas semanales tenga aplicación general y uniforme en todo el país, sin excepciones que puedan generar asimetrías o vacíos legales en la protección de los derechos laborales.

El presidente Lula da Silva comunicó la presentación del proyecto a través de sus redes sociales, donde expresó: «Encaminhei ao Congresso Nacional, com urgência constitucional, um projeto de lei que acaba com a escala 6×1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. E, importante, sem qualquer redução no salário».

El trámite legislativo y los plazos de votación

La decisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto con régimen de urgencia constitucional activa un mecanismo previsto en la Constitución brasileña que impone plazos perentorios para la deliberación parlamentaria. En virtud de esta disposición, la Cámara de Diputados dispone de 45 días para analizar y votar la iniciativa; de no hacerlo dentro de ese lapso, la pauta legislativa queda bloqueada, lo que impide que los diputados puedan avanzar en la discusión de otros proyectos de ley. Una vez superada la instancia de la Cámara baja, el Senado Federal contará con un plazo idéntico para pronunciarse sobre el texto.

El envío del proyecto de ley se produjo una semana después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, afirmara que el Gobierno había desistido de presentar una propuesta propia sobre el fin de la escala 6×1 y que, en cambio, optaría por apoyar la tramitación de una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que ya se encontraba en curso en el Congreso. Horas después de aquellas declaraciones, el Ejecutivo desmintió categóricamente esa versión y ratificó su intención de enviar un proyecto de ley con carácter de urgencia, lo que finalmente se concretó en la noche del martes 14 de abril.

En paralelo a la presentación del proyecto del Ejecutivo, el Congreso Nacional continúa tramitando una PEC sobre la misma materia, cuyo proceso de aprobación es considerablemente más extenso, ya que requiere la conformación de una comisión especial y la realización de dos turnos de votación en el plenario de ambas cámaras. Según declaraciones del propio Hugo Motta, la iniciativa del Gobierno no interrumpirá el curso de la enmienda constitucional que ya se encontraba en discusión.

Reacciones y contexto de la iniciativa

El proyecto de ley se inscribe en un contexto electoral particular, dado que Lula da Silva buscará en los comicios de este año su cuarto mandato no consecutivo al frente del Palacio del Planalto. La reducción de la jornada laboral a cinco días ha sido una demanda histórica de los sectores populares y de las organizaciones sindicales, y en el actual escenario político se ha convertido en uno de los ejes programáticos del Gobierno Federal.

En el mensaje que acompañó la publicación del proyecto, el mandatario brasileño señaló que la iniciativa busca devolver tiempo a los trabajadores y trabajadoras para que puedan destinarlo al cuidado de los hijos, al esparcimiento, al descanso y a la convivencia familiar, y la calificó como un paso hacia la construcción de un país más justo y con mayor calidad de vida para la población.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) manifestó su preocupación ante la propuesta y advirtió que, si bien el debate sobre la jornada laboral es legítimo y necesario, la reducción a 40 horas semanales podría elevar los costos de los trabajadores formales en un porcentaje que, según estimaciones de la entidad, alcanzaría hasta un 7 % anual. La CNI no ha presentado hasta el momento un informe técnico detallado que respalde dicha proyección, aunque ha anticipado que solicitará audiencias públicas para exponer sus argumentos durante la tramitación legislativa.

Así será la nueva jornada laboral en Brasil

El texto del proyecto establece que los días de reposo semanal podrán ser definidos mediante negociación colectiva, respetando las peculiaridades de cada actividad y las necesidades específicas de los distintos sectores productivos. Esta cláusula de flexibilidad busca atender a aquellos rubros que, por su naturaleza, no pueden interrumpir sus operaciones durante los fines de semana, como es el caso de los servicios de salud, la seguridad pública, el transporte o la hotelería.

La propuesta mantiene el límite diario de 8 horas, de modo que la reducción semanal de 4 horas se implementará a través de la reorganización de los turnos y la eliminación del sexto día consecutivo de trabajo que caracteriza al esquema 6×1. En los hechos, esto significa que los trabajadores que actualmente cumplen seis días de labor por uno de descanso pasarán a tener cinco días de trabajo y dos días de descanso, sin que ello afecte el monto total de sus remuneraciones.

De acuerdo con el Gobierno, la medida tendrá un impacto directo sobre millones de trabajadores que hoy se desempeñan bajo el régimen 6×1, especialmente en sectores como el comercio minorista, los servicios de atención al público y la industria de transformación. La implementación de la nueva jornada laboral requerirá, una vez aprobada la ley, un período de adaptación cuya duración y modalidades serán definidas en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

El recorrido parlamentario que se avecina

El Congreso Nacional deberá pronunciarse sobre el proyecto en un clima político atravesado por las tensiones propias del año electoral. La bancada oficialista cuenta con una mayoría relativa en ambas cámaras, pero necesitará construir consensos con fuerzas de oposición y con bloques independientes para alcanzar el quórum necesario y reunir los votos suficientes para la aprobación de la iniciativa.

El régimen de urgencia constitucional impone un cronograma acotado que, de no cumplirse, podría generar un bloqueo de la agenda legislativa y profundizar las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En los próximos días, se espera que la presidencia de la Cámara de Diputados designe a los relatores que tendrán a su cargo la elaboración de los dictámenes de comisión y la redacción del texto final que será sometido a votación.

La tramitación simultánea del proyecto de ley y de la PEC que ya se encontraba en curso plantea un escenario de superposición normativa que deberá ser resuelto por el Congreso. Si ambas iniciativas avanzan, los parlamentarios tendrán que determinar cuál de ellas prevalecerá o, eventualmente, si es posible armonizar sus contenidos en un texto único que contemple los aspectos sustantivos de cada propuesta.