Lula da Silva derogó un decreto que privatizaba varios ríos amazónicos
La combinación de protestas sostenidas, presión política y el reconocimiento de la falta de consulta previa configuraron el escenario para la decisión gubernamental de anular la medida.
El Secretario General de la Presidencia @GuilhermeBoulos explicó que @LulaOficial ordenó desde Corea del Sur la revocación del decreto que permitiría el dragado del río Tapajós. pic.twitter.com/N8T4LugNCt
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 24, 2026
El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva procedió a revocar el Decreto 12.600/2025 el 23 de febrero de 2026. La decisión se tomó después de un período de manifestaciones por parte de grupos indígenas que se extendió por más de un mes, junto con presiones provenientes de movimientos socioambientales.
El decreto en cuestión había sido emitido en agosto de 2025 e incluía secciones de los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins dentro del Programa Nacional de Desestatización (PND) de Brasil. Dicha inclusión permitía la posibilidad de otorgar concesiones privadas para hidrovías destinadas al transporte de granos, lo que contemplaba operaciones de dragado con potencial de afectar ecosistemas en la Amazonía y territorios de comunidades indígenas.
La medida gubernamental revierte una política que había generado controversia desde su anuncio. La incorporación de tramos fluviales al PND implicaba que empresas privadas pudieran participar en el mantenimiento y la exploración de la navegabilidad de esos ríos.
Los críticos de la medida señalaban que el decreto no había considerado adecuadamente los impactos ambientales y sociales, particularmente en lo relativo a las poblaciones tradicionales que dependen de esos cuerpos de agua. La revocación, por lo tanto, suspende los procesos de concesión y los proyectos de dragado asociados que estaban en evaluación.
Desarrollo de las protestas indígenas
Las manifestaciones en contra del Decreto 12.600/2025 comenzaron el 22 de enero de 2026. En esa fecha, integrantes de pueblos indígenas del Bajo Tapajós ocuparon las instalaciones del puerto operado por la multinacional Cargill en el municipio de Santarém, estado de Pará.
La acción directa buscaba presionar al gobierno federal para que anulara el decreto, argumentando que la privatización de los ríos afectaba sus territorios sin que se hubiera realizado el proceso de consulta previa exigido por normativas internacionales. La ocupación se prolongó por 33 días consecutivos.
Durante ese período, la ocupación enfrentó resoluciones judiciales que la calificaban como ilegal. A pesar de las determinaciones legales en contra, los manifestantes mantuvieron su presencia en el puerto. La persistencia de la movilización fue un factor constante hasta que se concretó la revocación del decreto por parte de la administración federal. La resistencia en el lugar implicó la suspensión parcial de las operaciones portuarias de la empresa durante el tiempo que duró la protesta.
La intensidad de las protestas se incrementó en los primeros días de febrero. El 4 de febrero de 2026, aproximadamente 400 indígenas a bordo de cuatro embarcaciones interceptaron una barcaza que transportaba granos en el río Tapajós. En esa acción, los manifestantes abordaron la embarcación y desplegaron pancartas con consignas como «El río Tapajós no está en venta» y «Revocar el Decreto de la Muerte«. Se reportaron enfrentamientos con efectivos policiales, aunque los manifestantes continuaron con sus acciones de protesta en la región.
Anuncio oficial de la revocación
El 23 de febrero de 2026, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, comunicó la decisión del gobierno de revocar el decreto. El anuncio se realizó después de una reunión sostenida en Brasilia con representantes de los pueblos indígenas que lideraban las protestas.
Boulos declaró que el gobierno de Lula posee «capacidad de escucha» y confirmó que la revocación sería publicada en el Diário Oficial da União. La medida fue presentada como una acción de la administración, no como una anulación directa firmada por el presidente en persona.
En el encuentro también participó la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. La presencia de la ministra en el anuncio subrayó la vinculación de la cartera con la resolución del conflicto. La revocación del decreto implica la suspensión definitiva de las concesiones previstas y de los estudios de dragado que estaban en curso para los tramos fluviales incluidos en el PND. La publicación en el Diario Oficial formaliza la medida y la incorpora al marco legal vigente.
El presidente @LulaOficial anuló el decreto 12.600/2025 que abriría paso a la privatización de ríos amazónicos y el dragado del río Tapajós.
33 días de movilizaciones y ocupación indígena en el puerto de Cargill.
Vencen los ríos, pierden las «hidrovías» y, de yapa, un… pic.twitter.com/yDQPeQ6osg
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 23, 2026
Impacto de la movilización indígena
La revocación del decreto fue interpretada por los manifestantes como un triunfo de su movilización. Representantes de los pueblos indígenas enfatizaron que «nuestros ríos no son mercancía», una frase que sintetiza la posición mantenida durante las protestas. La suspensión de los proyectos de dragado y concesión es vista como una protección temporal de los ecosistemas fluviales y de los territorios indígenas que podrían haber sido afectados por las obras.
Sin embargo, algunas voces críticas señalaron que el decreto no debería haber sido emitido originalmente sin las consultas previas correspondientes. Desde esa perspectiva, la revocación no fue una iniciativa espontánea del gobierno, sino una respuesta directa a la presión ejercida por las movilizaciones sostenidas durante más de un mes. La ausencia de consulta a las comunidades afectadas antes de la emisión del decreto en agosto de 2025 fue uno de los puntos centrales de la controversia.
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