Organizaciones ambientales alertan sobre la importancia de la Ley de Glaciares en Argentina

Alerta ambiental: la Ley de Glaciares en la mira del Congreso argentino y las mineras

El escenario político en Argentina se prepara para una jornada de alta tensión este 26 de febrero. En el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, se tratará la modificación de la Ley de Glaciares, una maniobra que diversas organizaciones ambientales han calificado como una amenaza directa impulsada por un gobierno de corte desregulador y cruel.

Según denuncian los activistas, detrás de esta reforma ya existen contratos inconstitucionales cerrados con grandes corporaciones mineras y empresarios de distintos países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra.

El colectivo de organizaciones, que incluye a pesos pesados como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA–CAJE) y Jóvenes por el Clima, ha encendido todas las alarmas.

Advierten que durante este mes de febrero se intentará avanzar con una iniciativa que ya consiguió un dictamen exprés en el Senado y que significa un retroceso gravísimo en la protección de los ecosistemas de hielo. El reclamo es claro: frenar cualquier cambio que debilite la normativa actual.

El agua de millones en juego

La preocupación central no es menor: Argentina posee un inventario de casi 17.000 glaciares distribuidos en 12 provincias. Estas masas de hielo alimentan 36 cuencas hídricas que abarcan más de un millón de kilómetros cuadrados, funcionando como el tanque de reserva estratégico para el presente y futuro de la población.

Desde Greenpeace, ponen el foco en el impacto humano y climático de tocar esta ley.

“Modificar la Ley de Glaciares en plena crisis climática e hídrica implica reducir la protección de reservas de agua dulce estratégicas para los argentinos y para la biodiversidad de toda la región, poniendo en riesgo la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas.

Los glaciares y el ambiente periglacial no son ‘hielo sin valor’: regulan los caudales de los ríos, sostienen las cuencas en contextos de sequía y cumplen un rol clave frente al aumento de las temperaturas”, dijo Matías Arrigazzi, del equipo de la ONG.

Ecosistemas bajo amenaza administrativa

Uno de los puntos más cuestionados desde la ciencia y el activismo es la visión reduccionista del territorio. No se trata solo de agua congelada, sino de sistemas complejos que sostienen ecosistemas a gran escala, son pilares de la biodiversidad del sur.

“Los ambientes periglaciarios no son territorios vacíos: albergan una gran diversidad de formas de vida que cumplen funciones ecológicas clave y sostienen equilibrios ambientales delicados. Muchas de estas especies y procesos naturales trascienden las fronteras políticas de las provincias, la naturaleza no reconoce límites administrativos. Hoy, estos ambientes y la biodiversidad que resguardan están seriamente amenazados, y su protección requiere una mirada integral, federal y basada en la ciencia”, destacó Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas.

Un atropello a la Constitución y a los acuerdos internacionales

Las organizaciones no solo plantean argumentos ecológicos, sino también jurídicos. Sostienen que el proyecto de modificación es inconstitucional al vulnerar el artículo 41 de la Constitución Nacional argentina. Además, señalan que ignora el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental firmado en el Acuerdo de Escazú.

La crítica apunta a que la reforma pretende provincializar decisiones que deberían ser nacionales, rompiendo la uniformidad de los presupuestos mínimos ambientales. Esto permitiría que cada provincia decida qué glaciares proteger y cuáles no, aplicando criterios desiguales sobre sistemas hídricos que no entienden de fronteras políticas.

“La reforma propuesta es altamente regresiva e inconstitucional, y terminará por erosionar las bases mismas de la seguridad jurídica que pretende promover. La Ley de Glaciares no necesita ser reformada; necesita, simplemente, ser cumplida“, sostuvo Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Riesgo de contaminación y pérdida irreversible

El cambio en la normativa pretende dejar en manos de una evaluación administrativa provincial la definición de qué tiene «valor hídrico relevante». Para los expertos, esto es un error científico garrafal. Las zonas periglaciales guardan grandes volúmenes de hielo en profundidad y son esenciales para la regulación del agua. Destruirlas significa perder agua que no se recupera en muchisimos años y con una gran inversión, y, peor aún, habilita la repetición de desastres ambientales conocidos, como los derrames mineros en la cordillera.

“Aprobar esta modificación implica desproteger nuestras reservas estratégicas de agua dulce, reemplazando criterios técnicos y científicos por presiones políticas y económicas coyunturales, con consecuencias irreversibles para millones de argentinos durante décadas”, señaló Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima.

La disputa de fondo es clara: recursos naturales versus negocios extractivos transnacionales.

“Lo que está en juego es el agua. Se plantea sacrificar a los glaciares de miles de años, que dan agua para la vida, el trabajo y la agricultura para proyectos de grandes mineras transnacionales. Pero estos ríos nutren gran parte de nuestro país”, sostuvo Enrique Viale, Presidente y Fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

La Ley de Glaciares vigente es considerada una norma pionera a nivel mundial, ratificada incluso por la Corte Suprema de Justicia. Ha logrado frenar más de 40 proyectos extractivos al declarar estos bienes como públicos. Debilitarla, concluyen las organizaciones, no traerá desarrollo, sino mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, costos económicos en alza y una crisis hídrica social sin precedentes.