Conexión Ganadera operaba sin ganado registrado y califica de “ficción” la promesa de retornos

La sindicatura de Alfredo Ciavattone, designada por la Justicia para administrar el proceso concursal de Conexión Ganadera, presentó formalmente la lista de acreedores y el inventario de bienes luego de meses de peritajes y análisis documental. El dictamen, al que accedió Montevideo Portal, confirma lo que los damnificados temían desde el colapso de la firma a fines de 2024: el negocio no tenía respaldo real en activos biológicos.

Según el documento, “a la fecha del decreto de declaración de concurso no existían cabezas de ganado ni animales registrados en el sistema de Dicose a nombre de Conexión Ganadera Ltda., así como tampoco de Hernandarias XIII”, el principal tomador de ganado de la empresa. Este hallazgo, indica el texto, “desmonta la narrativa de un negocio sustentado en activos biológicos reales”.

La ficción de la custodia ganadera

Durante los últimos años de operación de Conexión Ganadera —fundada por Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y el fallecido Gustavo Basso—, la empresa promovió una estructura de inversión basada en la compra de ganado en custodia. Los inversores confiaban en que sus capitales se transformaban en rodeos productivos que generaban retornos anuales de al menos 7%, característicos del esquema Ponzi que terminó colapsando.

La sindicatura concluye que esa tenencia material nunca existió. Tampoco los rodeos prometidos, ni el ganado necesario para respaldar los contratos firmados con clientes nuevos o con quienes renovaban su inversión.

“El hallazgo de que no había animales registrados desmonta la narrativa de un negocio sustentado en activos biológicos reales. La sindicatura confirma que los rendimientos prometidos eran ficticios y califica los montos exigidos como reclamos por malversación de fondos”, señala el informe.

Ciavattone sostiene que las obligaciones reclamadas por los damnificados no representan retornos ganaderos porque nunca existieron como tales en la economía real. En cambio, corresponden a daños y perjuicios derivados de una “malversación de fondos”. Al no existir ganado en Dicose que respaldara los contratos, la producción biológica era inexistente o no se ejecutaba como tal.

El 81% de los créditos no podrán cobrarse

El informe de la sindicatura establece que alrededor del 81% de las cuentas a cobrar no podrán subsanarse ante la falta de masa activa suficiente. Las deudas reconocidas por diferentes conceptos ascienden a aproximadamente US$ 115 millones, según datos adelantados por el contador Eduardo Preve en etapas anteriores del proceso.

En materia de prioridad de cobro, el documento es explícito. En primer lugar aparece el Banco Previsión Social (BPS), con un crédito de $ 338.945 correspondiente a cargas laborales y contribuciones patronales a la seguridad social.

En segundo lugar, tienen prioridad los acreedores promotores —es decir, quienes iniciaron la demanda para declarar la quiebra—, que recibirán únicamente el 50% de sus créditos reconocidos porque el restante pasa al fondo común quirografario.

Finalmente, cobrarán el resto de los clientes particulares y damnificados, que percibirán al barrer y a prorrata de lo que reste en la caja del concurso.

El alcance de la mayor estafa financiera de Uruguay

Según las cifras más recientes, la estafa de Conexión Ganadera afectó a más de 4.200 inversores, lo que la convierte en la mayor estafa financiera de la historia de Uruguay. El pasivo reconocido de la empresa asciende a unos USD 410 millones, aunque distintas fuentes ubican las pérdidas totales entre USD 250 y 405 millones según el momento y el criterio de cálculo utilizado.

El esquema colapsó a fines de 2024 cuando la empresa reconoció que no podía pagar a sus inversores. Sus directores, Pablo Carrasco y Gustavo Basso —este último se suicidó antes de conocerse públicamente la crisis—, quedaron imputados junto a un tercer socio.

Actualmente el caso se encuentra en fase de liquidación judicial. Se rematan las cerca de 80.000 cabezas de ganado y las 75.000 hectáreas de la firma. En mayo de 2026, los abogados de los damnificados evaluaban un acuerdo para distribuir apenas USD 35 millones en 60 días, una fracción mínima de lo adeudado.

Si se suman otros fondos ganaderos caídos en cadena —Grupo Larrarte, República Ganadera y Portfolio Ganadero—, el total de afectados en Uruguay ronda entre 6.000 y 7.000 personas, con pérdidas conjuntas que superan los USD 330 millones.