Cazadores ilegales nocturnos destruyen campos en Maldonado en busca de jabalíes y carpinchos

Un productor de la zona de Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado, denunció esta semana el ingreso sistemático de cazadores furtivos a su establecimiento privado. Lo que comenzó como una molestia recurrente se ha convertido, según su testimonio, en una amenaza directa a la integridad física de los trabajadores rurales y en una fuente de pérdidas económicas que ya supera al daño provocado por el jabalí, la especie invasora que motivó originalmente la presencia de estos grupos armados.

El denunciante, Aníbal de León, productor rural y edil suplente, relató al medio local Cadena del Mar que durante la madrugada del sábado su encargado lo alertó sobre la presencia de personas dentro del predio. Los individuos habrían ingresado atravesando campos vecinos y utilizando vehículos sin autorización.

El cambio tecnológico que agravó el problema

Lo que más preocupa a De León no es la caza en sí, sino la tecnología que utilizan quienes ingresan a los campos. «Lo más preocupante hoy son las miras y los visores nocturnos. Antes se cazaba con un faro y mataban uno o dos animales; hoy entran a un campo y hacen un estrago«, afirmó el productor.

La diferencia no es menor. Los visores nocturnos permiten detectar y abatir animales con una eficacia radicalmente superior a los métodos tradicionales. En una sola noche, según relató De León, le mataron 15 carpinchos dentro de su campo. «Dejaron los cueros y las tripas. Hoy, todo lo que les brilla en el visor lo matan», sostuvo.

Esta capacidad de cacería masiva transforma lo que podría leerse como un problema de caza ilegal puntual en un fenómeno de impacto ecológico y productivo sistemático, que afecta no solo a la fauna silvestre sino también a la infraestructura rural.

Daños que se acumulan en cada entrada

Más allá de los animales muertos, cada incursión nocturna deja rastros materiales concretos: alambrados rotos, cultivos pisoteados, aisladores eléctricos destruidos. «Pisan los eléctricos, revientan los aisladores y se me entran las vacas al cultivo. Al final es doble pérdida», señaló De León.

Esta cadena de daños colaterales es lo que lleva al productor a afirmar que el perjuicio causado por los cazadores ilegales ya supera al del jabalí, especie que en Uruguay fue declarada plaga nacional mediante el Decreto N° 463 de 1982 precisamente por los estragos que generaba en la producción agropecuaria.

El jabalí, introducido en el país en la década de 1920 por el productor Aarón de Anchorena con fines de caza deportiva en su estancia de Colonia, está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

Los daños que provoca al sector ovino fueron estimados en algún momento en 2,5 millones de dólares anuales. Un estudio publicado en 2026 además reveló que casi la mitad de los jabalíes analizados presentaban anticuerpos contra el parásito de la toxoplasmosis y otros agentes de enfermedades reproductivas, lo que los convierte en un riesgo sanitario para el ganado y para las personas.

Una amenaza que también es personal

Más allá del daño material, De León advirtió sobre algo que los números no capturan fácilmente: el riesgo físico para quienes trabitan o trabajan en los predios rurales. «Uno sale al campo por algún problema y un loco de estos te puede pegar un tiro«, alertó.

La presencia de individuos armados con equipamiento nocturno dentro de propiedades privadas, de madrugada y sin identificación, plantea una situación de peligro real que va más allá del delito de caza furtiva. Es, en los hechos, una intrusión armada en territorio privado.

La policía sin herramientas, los productores sin respuesta

La denuncia también apunta a la desproporción de recursos. Mientras los cazadores ilegales operan con visores nocturnos de última generación, el productor señaló que los efectivos policiales que deben atender estos casos trabajan sin equipamiento equivalente y «entran con una linternita comprada por ellos mismos», en sus palabras.

Esta brecha tecnológica hace prácticamente inviable la detección en flagrancia, lo que convierte a la denuncia formal en el único camino disponible para los afectados, un camino que De León describe con frustración: «Estamos todos iguales, denunciar y denunciar, esperando que alguien tome cartas en el asunto«.

Un conflicto sin solución de consenso

El problema no es nuevo ni exclusivo de Maldonado. El debate sobre la caza del jabalí en Uruguay acumula años de tensión entre productores que reclaman control efectivo, conservacionistas que advierten sobre los riesgos para otras especies nativas, y organizaciones de bienestar animal que cuestionan los métodos utilizados.

Los decretos que en el período 2022-2024 autorizaron la caza nocturna de jabalíes y ciervos axis profundizaron esa polarización. El gobierno argumentó mayor eficiencia en el control de una plaga declarada. Los sectores críticos denunciaron la ausencia de debate y el riesgo de que, bajo esa cobertura legal, la caza furtiva se expanda sin controles reales.