Murió Maricarmen Abascal, la cara más golpeada de la crisis de vivienda en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid provocó una amplia movilización por el derecho a la vivienda, murió este 7 de octubre de 2026. El Sindicato de Inquilinas confirmó el fallecimiento mediante un comunicado recogido por la agencia EFE. Permanecía hospitalizada desde el día en que fue expulsada de su hogar.

El fallecimiento ocurrió en el Hospital Gregorio Marañón, adonde había sido trasladada inmediatamente después del desalojo, según informó RTVE. Su vivienda estaba situada en el distrito de Retiro y había sido su hogar durante aproximadamente siete décadas. La noticia volvió a colocar su historia en el centro del debate sobre la protección de las personas mayores frente a la pérdida de su casa.

Un desalojo que el apoyo vecinal no pudo detener

El 23 de septiembre, una comisión judicial ejecutó el desahucio en medio de una concentración de vecinos y activistas que intentaban impedirlo. Maricarmen tuvo que salir en camilla y fue trasladada en ambulancia al hospital. Según la cobertura de RTVE, era el cuarto intento de lanzamiento, después de que las movilizaciones hubieran conseguido aplazar las actuaciones anteriores.

Su abogada, Beatriz Duro, denunció entonces que la empresa propietaria —un fondo buitre con inversiones inmobiliarias— había rechazado propuestas para evitar o retrasar la salida. Entre ellas figuraba el ofrecimiento de una escritora que, bajo condición de anonimato, se comprometía a cubrir la diferencia entre el alquiler que pagaba Maricarmen y la renta reclamada durante el resto de la vida de la inquilina.

El conflicto por el contrato de renta antigua

La familia se había instalado en el piso en 1956. Tras la muerte del padre, el contrato pasó a la madre y, cuando esta falleció en 2005, a Maricarmen. La continuidad de ese alquiler de renta antigua se convirtió en el eje de la disputa después de que Urbagestión adquiriera la vivienda en 2018.

Según la reconstrucción publicada por EFE Verifica, la compañía acudió a los tribunales en 2020 al considerar que la segunda subrogación había caducado. Maricarmen obtuvo inicialmente una resolución favorable, pero las decisiones posteriores de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo respaldaron a la propietaria, de acuerdo con el relato de su defensa.

EFE Verifica también descartó que fuera correcto presentar su historia como una ocupación ilegal de décadas: el contrato había sido aceptado por el anterior propietario y la controversia surgió con la demanda de la nueva empresa. La defensa indicó, además, que Maricarmen continuó abonando el alquiler durante el conflicto.

Las alternativas y las posiciones enfrentadas

La abogada explicó que Maricarmen rechazó propuestas de ingreso en residencias porque deseaba permanecer en su hogar. Por su parte, Urbagestión defendió la legalidad de su actuación y rechazó ser identificada como un fondo de inversión. En los comunicados remitidos a EFE se presentó como una “pequeña empresa madrileña”, sin embargo, tienen grandes capitales invertidos en un gran número de pisos y apartamentos.

Después del desalojo se abrieron nuevas negociaciones. El Sindicato de Inquilinas informó, tras el fallecimiento, que se había alcanzado un acuerdo que habría permitido su regreso. Sin embargo, Maricarmen murió sin volver a la vivienda, un desenlace que la organización lamentó al recordar su participación en las reivindicaciones por una vivienda digna.

La denuncia de su abogada y el mensaje desde el hospital

Beatriz Duro sostuvo que el proceso había causado un deterioro profundo en la salud y la autonomía de su clienta. La letrada atribuyó responsabilidades por lo sucedido y cuestionó que el desahucio se hubiera ejecutado pese a la situación de vulnerabilidad de Maricarmen.

Esa valoración corresponde a su defensa. Las informaciones consultadas no aportan una causa médica de muerte que permita establecer una relación clínica directa con el desalojo. La secuencia confirmada es que Maricarmen fue hospitalizada tras abandonar la vivienda y permaneció ingresada hasta su fallecimiento.

Desde el hospital había agradecido el respaldo recibido y pedido que las movilizaciones continuaran. En un mensaje difundido por RTVE el 25 de septiembre expresó: “No ha podido ser, pero, por favor, luchad”. Su intervención trasladaba la reivindicación más allá de su propio caso, hacia otras personas amenazadas con perder su vivienda.