El edil Gómez desoye al Partido Nacional y se mantendrá en su cargo

Gonzalo Gómez no prevé renunciar por ahora a su banca en la Junta Departamental de Montevideo. El edil continuará de licencia mientras define su futuro político, pese a que el Partido Nacional suspendió sus derechos y obligaciones partidarias por dos años y recomendó que se apartara del ejercicio del cargo durante ese período.

La información fue publicada por Búsqueda con base en fuentes nacionalistas. Según esa versión, Gómez acordó con dirigentes de su sector continuar utilizando sus días de licencia mientras procesa la situación y evalúa qué decisión adoptar sobre su permanencia en el legislativo departamental.

La sanción responde a la contratación de Pablo Leiva, posteriormente condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. La evaluación partidaria se concentró en que el asesor recibió salarios financiados con recursos públicos sin cumplir tareas, una circunstancia que el propio Gómez reconoció públicamente.

La licencia posterga la definición sobre la banca

Las fuentes consultadas por Búsqueda explicaron que el edil pretende solicitar renovaciones de su licencia hasta resolver su futuro político. El semanario no informó una fecha para esa definición ni presentó la continuidad de las licencias como una renuncia ya acordada.

Esas fuentes también sostuvieron que la recomendación del Directorio blanco no obliga a Gómez a dejar la banca. Esa interpretación fue transmitida por los informantes del medio: el partido adoptó una sanción interna y solicitó su apartamiento, pero la decisión de renunciar sigue pendiente.

Por lo tanto, la situación tiene dos planos diferenciados: la suspensión partidaria, que ya fue resuelta, y la continuidad de Gómez como edil, sobre la que no anunció una decisión definitiva. Su ausencia mediante licencia mantiene abierta esa segunda cuestión.

Qué resolvió el Partido Nacional

El 5 de octubre de 2026, el Directorio del Partido Nacional aprobó por unanimidad la suspensión por dos años después de analizar el dictamen de su Comisión de Ética. La declaración oficial fundamentó la medida en la contratación de un asesor con fondos públicos sin cumplimiento de las tareas correspondientes.

El documento añadió que, durante la sanción, Gómez “debería apartarse del ejercicio del cargo”. Esa es la formulación textual utilizada por el Partido Nacional: establece el criterio de su conducción respecto de la permanencia del edil, además de disponer la suspensión de sus derechos y obligaciones internos.

La resolución también dejó constancia del compromiso de restituir a la Junta Departamental las sumas destinadas a salarios por trabajos que no se realizaron. El comunicado, firmado por Álvaro Delgado y otros integrantes de la conducción, vinculó su decisión con la responsabilidad en la administración de recursos públicos.

El pago de salarios sin tareas asignadas

El antecedente central de la sanción fue la admisión de Gómez de que Leiva cobraba como asesor sin tener actividades asignadas. Según la reconstrucción publicada por Búsqueda, su contratación comenzó en diciembre de 2025 y, durante ese vínculo, no concurrió a trabajar a la oficina del edil.

Gómez dio explicaciones en una conferencia de prensa el 28 de septiembre, después de regresar de China. Allí sostuvo que desconocía las actividades ilícitas de Leiva y reconoció que debía haber tomado mayores recaudos por tratarse de una responsabilidad pública, informó el semanario.

El caso adquirió exposición tras la Operación Trazador, cuyos resultados fueron anunciados el 18 de septiembre. La contratación y la falta de trabajo efectivo quedaron entonces bajo examen político. Gómez también se apartó del Directorio nacionalista, donde representaba a la juventud del partido, según Búsqueda.

Según dijeron fuentes a LARED21, los cinco integrantes de la Comisión de Ética coincidieron en cuestionar el pago de salarios sin contraprestación. El órgano evaluó el uso de la partida para contratar asesores, a partir de las explicaciones aportadas por Gómez.

El edil declaró ante la comisión que había incorporado primero a Lucio Leiva, militante de la juventud nacionalista, y que este sugirió contratar a su padre. Respecto de Pablo Leiva, Gómez reiteró que no conocía sus actividades delictivas y que lo cesó al enterarse de la condena.

La comisión señaló que no tenía elementos para determinar si Gómez conocía esos hechos y se atuvo a su declaración, informó Telenoche. Su conclusión ética se apoyó en el uso de fondos públicos sin servicios prestados y en la necesidad de reparar el perjuicio económico.