El modelo Bukele desembarca en el debate uruguayo: Félix Ulloa se reúne con Orsi, Sanguinetti y Ojeda

La visita a Uruguay del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, volvió a colocar en la discusión política local el llamado “modelo Bukele”, una estrategia de seguridad que permitió una caída histórica de los homicidios en el país centroamericano, pero que también ha sido objeto de severas denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos y restricciones al debido proceso.

Ulloa tiene previstos una serie de encuentros con dirigentes uruguayos de distintos sectores políticos. Este miércoles 7 de octubre será recibido por el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, mientras que el jueves 8 mantendrá una reunión con el expresidente Julio María Sanguinetti y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en el domicilio del exmandatario.

La seguridad, en el centro de la reunión con Sanguinetti y Ojeda

Según informó Búsqueda, el combate a la inseguridad será el principal asunto de la reunión entre Ulloa, Sanguinetti y Ojeda. El encuentro adquiere especial relevancia porque Ojeda se ha convertido en uno de los dirigentes uruguayos que más abiertamente ha reivindicado determinados aspectos de la política de seguridad implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El dirigente colorado ha sostenido que del modelo salvadoreño “hay cosas para aprender” y que no debería considerarse una “mala palabra”. También ha señalado que uno de los principales méritos políticos de Bukele fue demostrar que era posible modificar una situación de violencia que durante años parecía estructural.

A fines de agosto, Ojeda comparó las tasas de homicidios de ambos países y defendió la necesidad de estudiar medidas de recuperación del control territorial frente al narcotráfico. No obstante, ha aclarado que no respalda componentes relacionados con restricciones al debido proceso o determinadas condiciones de reclusión.

Orsi también recibe al vicepresidente salvadoreño

La agenda de Ulloa no se limita a dirigentes de la oposición. El presidente Yamandú Orsi también mantendrá un encuentro con el vicepresidente de El Salvador este miércoles en Torre Ejecutiva.

Orsi ya había generado debate meses atrás al definir la experiencia salvadoreña como un “ejemplo para analizar” en materia de seguridad. Posteriormente aclaró que eso no significaba trasladar el modelo directamente a Uruguay.

El mandatario sostuvo que una eventual aplicación de medidas que afectaran los derechos humanos, la democracia o las libertades individuales sería “imposible” e “inaceptable” dentro del sistema institucional uruguayo.

La posición del presidente refleja una de las principales discusiones que atraviesan el debate regional: separar los resultados obtenidos por El Salvador en materia de reducción de homicidios de los mecanismos utilizados para alcanzarlos.

El Salvador pasó de tasas extremas de homicidios a mínimos históricos

El principal argumento utilizado por los defensores de la estrategia salvadoreña es la pronunciada reducción de la violencia.

El Salvador llegó a registrar alrededor de 108 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015, cuando las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 mantenían una fuerte presencia territorial. Para 2025, las cifras oficiales citadas en Uruguay ubicaban la tasa en alrededor de 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes.

La transformación convirtió a Bukele en un referente internacional para sectores que reclaman políticas de seguridad más duras y un mayor control territorial frente al crimen organizado.

Sin embargo, la estrategia salvadoreña se apoya desde marzo de 2022 en un régimen de excepción que suspendió determinadas garantías constitucionales y amplió considerablemente las facultades de las fuerzas de seguridad.

Más de 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción

La dimensión de esa política también puede observarse en las cifras de encarcelamiento. Human Rights Watch informó este miércoles 7 de octubre que desde el comienzo del régimen de excepción las fuerzas de seguridad salvadoreñas han detenido a más de 93.000 personas, incluidos más de 3.000 niños y adolescentes.

La organización sostiene que ha documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y graves vulneraciones al debido proceso. También afirma que existen personas detenidas que no tendrían vínculos comprobados con las pandillas.

Human Rights Watch advirtió además que durante 2026 comenzaron a realizarse juicios colectivos contra cientos de personas simultáneamente, en algunos casos con expedientes bajo reserva y con dificultades para que los abogados mantengan comunicaciones privadas con los acusados.

Ese escenario constituye una de las principales diferencias entre el sistema salvadoreño y el marco constitucional uruguayo.

El propio Ulloa afirma que el modelo no puede “exportarse”

Existe, además, una paradoja relevante para la discusión abierta en Uruguay: el propio vicepresidente salvadoreño sostiene que el modelo Bukele no puede simplemente copiarse en otros países.

En una entrevista concedida a VTV Noticias en agosto de 2026, Ulloa aseguró que la estrategia aplicada en El Salvador “no es exportable”, porque fue diseñada específicamente para enfrentar las condiciones históricas y sociales de su país.

Su planteo introduce un matiz importante frente a quienes utilizan la experiencia salvadoreña como referencia directa para otros países latinoamericanos.

El Salvador llegó al inicio de esta política después de décadas de expansión de estructuras pandilleras capaces de controlar barrios completos, extorsionar sistemáticamente a la población y disputar territorios al Estado.

Uruguay enfrenta problemas diferentes, aunque el crecimiento del narcotráfico, los homicidios asociados a disputas criminales y la consolidación de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han aumentado la presión política para encontrar nuevas respuestas.