Estados Unidos no logró que Uruguay expulsara o retirara a los médicos cubanos y aceptó un acuerdo

 

El gobierno uruguayo dio por cerrado el diferendo con Estados Unidos por la presencia de médicos cubanos en el Hospital de Ojos y mantendrá a los 20 profesionales que actualmente trabajan en el país. La salida acordada modifica un aspecto central del convenio: el BPS pagará directamente el estipendio a cada médico y gestionará su protección social, en lugar de transferir el dinero a las autoridades cubanas.

El canciller Mario Lubetkin confirmó que la solución fue negociada tanto con Washington como con La Habana y aseguró que el objetivo del gobierno de Yamandú Orsi siempre fue conservar el programa. “Hablamos tanto con las autoridades de EEUU como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los 20 médicos cubanos sigan operando ojos en este país”, declaró en una entrevista con El Observador.

La decisión llega después de varias semanas de conversaciones diplomáticas provocadas por los cuestionamientos de Estados Unidos a las misiones médicas cubanas. Washington incluyó este año a Uruguay por primera vez en un informe elaborado bajo legislación estadounidense sobre trabajo forzoso y trata vinculados con estos programas internacionales.

Por qué Estados Unidos cuestionó el convenio con Cuba

El punto señalado específicamente por Washington no era la existencia del Hospital de Ojos ni el trabajo oftalmológico realizado en Uruguay, sino la forma en que se canalizaba el dinero correspondiente a los profesionales cubanos.

En septiembre, la Embajada de Estados Unidos explicó a Búsqueda que Uruguay había sido incluido en el informe de 2026 porque los pagos eran dirigidos a la representación cubana y, según la posición estadounidense, no existían evidencias suficientes de que los médicos recibieran directamente la remuneración por el trabajo desarrollado en el país.

El reporte surge de una disposición incluida en el presupuesto estadounidense aprobado en febrero de 2026. La sección 7045 obliga al Departamento de Estado a informar anualmente al Congreso sobre países vinculados a casos de trata o trabajo forzoso en misiones médicas cubanas, incluyendo aquellos que pagan directamente al gobierno de Cuba por los servicios de esos profesionales.

La Embajada estadounidense sostuvo además que la legislación impide al secretario de Estado otorgar determinada asistencia internacional a un país u organismo que aparezca en el informe durante dos años consecutivos. Uruguay había ingresado por primera vez en la edición correspondiente a 2026, por lo que una eventual reiteración en 2027 abría un riesgo para la cooperación estadounidense.

Esa explicación fue proporcionada públicamente por la representación diplomática de Estados Unidos. Lubetkin, sin embargo, introdujo ahora una precisión sobre el alcance formal de la advertencia. Cuando El Observador le preguntó por la posibilidad de un corte en la cooperación, respondió: “Nadie nos habló de que se iba a cortar nada”. Y ante la referencia a las declaraciones realizadas por la Embajada agregó: “No llegó ningún documento oficial”.

Uruguay descartó terminar con la misión médica

Desde que se conoció el cuestionamiento estadounidense, el gobierno sostuvo que la continuidad de los oftalmólogos cubanos no estaba en discusión. La estrategia pasó entonces por encontrar una fórmula que atendiera la objeción financiera de Washington sin cancelar el programa de cooperación con La Habana.

Cancillería comenzó a trabajar junto con el Ministerio de Salud Pública, ASSE y el BPS para modificar el funcionamiento del convenio. A mediados de septiembre ya se analizaba como principal alternativa que el dinero fuera entregado directamente a los médicos, manteniendo el acuerdo bilateral con Cuba.

Lubetkin defendió también los resultados obtenidos por el programa. En la entrevista señaló que el gobierno había reconocido desde el comienzo como “excelente” la experiencia de los oftalmólogos y destacó las miles de personas operadas durante los años de funcionamiento de la cooperación.

“Los médicos cubanos se quedarán en este país, con mecanismos absolutamente lógicos y legales de nuestra acción con sus cuentas de protección social en el BPS”, afirmó el ministro.

El cambio clave será la forma de pago

La solución finalmente adoptada altera la ruta seguida por los recursos. Según explicó Lubetkin, anteriormente el BPS entregaba una partida a las autoridades cubanas dentro de un acuerdo de cooperación entre ambos Estados. Ese mecanismo había atravesado gobiernos de diferentes partidos políticos.

Ahora cada profesional recibirá directamente su estipendio y contará con la correspondiente protección social individual en el BPS.

“El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional”, explicó Lubetkin.

El mecanismo responde precisamente al cuestionamiento que Estados Unidos había planteado. La Embajada había identificado el pago directo a las autoridades cubanas como la razón por la que Uruguay ingresó en el informe, mientras el gobierno uruguayo buscaba una alternativa que permitiera preservar la cooperación sanitaria.

La modificación no implica, por lo tanto, la salida de los profesionales ni el abandono del convenio. Supone un cambio en la relación económica con cada médico, que pasa a tener un vínculo directo con el sistema uruguayo para el cobro de su estipendio y su cobertura social.

Una controversia que excede el caso uruguayo

El cuestionamiento forma parte de una política estadounidense más amplia respecto de las brigadas médicas internacionales de Cuba. Washington sostiene que esos programas constituyen una fuente de ingresos para el gobierno cubano y denuncia restricciones laborales y económicas sobre algunos de los profesionales enviados al exterior.

Cuba rechaza esa caracterización y presenta las misiones como un instrumento de cooperación sanitaria internacional, desarrollado durante décadas en países con dificultades para cubrir determinadas especialidades médicas.

En el informe estadounidense de 2026 fueron señalados 15 países cuyos gobiernos, según el Departamento de Estado, realizaban pagos directamente a las autoridades cubanas por los servicios de esos trabajadores. Los datos manejados por Washington indicaban que entre 15.000 y 18.000 profesionales sanitarios cubanos participaban ese año en programas distribuidos en 51 países.

En el caso uruguayo, el Departamento de Estado registró 21 profesionales vinculados durante 2026. Lubetkin señaló posteriormente que actualmente son 20 los médicos que permanecerán trabajando en Uruguay.

El gobierno asegura que el diferendo quedó solucionado

La fórmula permite al gobierno de Orsi sostener uno de los elementos centrales de su posición: no terminar con una política sanitaria que considera beneficiosa, pero modificar el aspecto que había generado el conflicto diplomático con Washington.

Lubetkin enfatizó además que las conversaciones no se limitaron a Estados Unidos. La salida necesitó también el diálogo con Cuba, debido a que alteraba el mecanismo económico establecido en el esquema de cooperación entre ambos países.

De acuerdo con la explicación del canciller, la intención fue actualizar un mecanismo creado años atrás y que había permanecido prácticamente sin modificaciones a través de diferentes administraciones. “Los acuerdos que se hicieron hace muchos años, los actualizamos como habría que haberlos actualizado”, sostuvo.

El resultado es un equilibrio diplomático: los médicos cubanos permanecerán en Uruguay, mientras el dinero dejará de canalizarse directamente hacia las autoridades de la isla. El nuevo sistema apunta así a eliminar el elemento que había provocado la inclusión uruguaya en el informe estadounidense sin desmontar la misión oftalmológica.